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S. RAMOS, MORALES DEL VINO
El Ayuntamiento de Morales del Vino ha iniciado el derribo de los polémicos 21 chalés adosados, por mandato de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso, que estaban a medio construir en una parcela de Plan Parcial «Los Girasoles». Las obras de derribo se iniciaban a primera hora de la mañana de ayer cuando una excavadora entraba en la finca y comenzaba a retirar el forjado y el «esqueleto» de las viviendas levantadas de acuerdo a una licencia municipal que el Juzgado consideró que no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable al caso al exceder la densidad máxima de edificabilidad.
No hizo falta ni la presencia de técnicos ni ningún retén de la Guardia Civil, tan solo poco después de que comenzara la misma aparecían por la obra representantes de la empresa adjudicataria del derribo que en un plazo de quince días tiene previsto tener finalizado el trabajo, por un importe de 28.639 euros. Se trata de una separata del proyecto de derribo inicial valorado en 79.000 euros que el Ayuntamiento presentó en el juzgado, ya que se tirará tan sólo la parte que sobresale de la rasante del suelo, mientras los sótanos quedarán tapados e inutilizados tal y como explicaba el alcalde. «Entendemos que con este derribo queda cumplida la sentencia y que el Ayuntamiento lo realiza de forma subsidiaria, después de que el intento para que lo hiciera la empresa fracasara. A la vez hemos abierto un procedimiento por vía ejecutiva para cobrarle el coste del derribo». Barrios admite que puede ser difícil de cobrar, «pero por lo menos la finca está ahí, y si no paga, se la embargaremos».
El máximo mandatario local reconoció que también hay una reclamación de la empresa solicitando a la administración local compensaciones por los perjuicios ocasionados, ya que la obra se realizó con licencia municipal. Sin embargo, Barrios asegura que esta reclamación «no tiene sentido, pues la empresa tenía dos licencias. La reclamación sobre la primera había prescrito y de la segunda licencia no han puesto ni un ladrillo, por lo tanto el Ayuntamiento no tiene mucho que hacer».
Por su parte la Asociación de Vecinos del Cristo de Morales ya ha presentado un escrito ante el juzgado solicitando que con el derribo se cumpla la sentencia íntegramente y no se deje la parte de abajo sin retirar. «Aparte de no ajustarse a lo que dice la sentencia supondría un verdadero peligro dejar huecos en un terreno donde el abandono municipal ya ha provocado más de un accidente, pues entraban los críos a jugar», explica Mariano Durán. El presidente vecinal se muestra convencido de que como el juzgado no tome cartas en el asunto y obligue al derribo completo «esto quedará como una escombrera».
Barrios indica, sin embargo que el Ayuntamiento ha comunicado al juzgado la separata del proyecto de derribo, que se ha ejecutado a la vista de que el órgano judicial no ha puesto ningún reparo y «con el fin de no demorar más el asunto». El edil recalca, para salir al paso de posibles comentarios, que el Ayuntamiento actúa subsidiariamente y quien realmente deberá pagar el derribo es la empresa.
De esta manera y hasta el último momento los desencuentros son palpables entre la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento en un largo proceso que se inició judicialmente en el año 2003, cuando un contencioso da la razón a la entidad vecinal declarando nula la licencia municipal.
Un fallo que recurren el Ayuntamiento y la empresa, Promoenol, S. L., al igual que recurrieron posteriormente el contencioso presentado por la Asociación de Vecinos contra el estudio de detalle que la Administración local tramitó a instancias de la constructora con el fin de modificar la normativa urbanística y legalizar los 21 adosados en lugar del máximo de ocho viviendas unifamiliares que corresponderían. De nuevo el juzgado le da la razón a la Asociación y el Tribunal Superior de Justicia declara nulo el estudio de detalle, lo mismo que había hecho al considerar nula la licencia urbanística municipal. En julio de 2007 la Asociación solicita la ejecución de la sentencia. Una ejecución que tras varios requerimientos del juzgado y dilaciones por parte del Ayuntamiento comienza ejecutarse ahora.
El Ayuntamiento de Morales del Vino ha iniciado el derribo de los polémicos 21 chalés adosados, por mandato de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso, que estaban a medio construir en una parcela de Plan Parcial «Los Girasoles». Las obras de derribo se iniciaban a primera hora de la mañana de ayer cuando una excavadora entraba en la finca y comenzaba a retirar el forjado y el «esqueleto» de las viviendas levantadas de acuerdo a una licencia municipal que el Juzgado consideró que no se ajustaba a la normativa urbanística aplicable al caso al exceder la densidad máxima de edificabilidad.
No hizo falta ni la presencia de técnicos ni ningún retén de la Guardia Civil, tan solo poco después de que comenzara la misma aparecían por la obra representantes de la empresa adjudicataria del derribo que en un plazo de quince días tiene previsto tener finalizado el trabajo, por un importe de 28.639 euros. Se trata de una separata del proyecto de derribo inicial valorado en 79.000 euros que el Ayuntamiento presentó en el juzgado, ya que se tirará tan sólo la parte que sobresale de la rasante del suelo, mientras los sótanos quedarán tapados e inutilizados tal y como explicaba el alcalde. «Entendemos que con este derribo queda cumplida la sentencia y que el Ayuntamiento lo realiza de forma subsidiaria, después de que el intento para que lo hiciera la empresa fracasara. A la vez hemos abierto un procedimiento por vía ejecutiva para cobrarle el coste del derribo». Barrios admite que puede ser difícil de cobrar, «pero por lo menos la finca está ahí, y si no paga, se la embargaremos».
El máximo mandatario local reconoció que también hay una reclamación de la empresa solicitando a la administración local compensaciones por los perjuicios ocasionados, ya que la obra se realizó con licencia municipal. Sin embargo, Barrios asegura que esta reclamación «no tiene sentido, pues la empresa tenía dos licencias. La reclamación sobre la primera había prescrito y de la segunda licencia no han puesto ni un ladrillo, por lo tanto el Ayuntamiento no tiene mucho que hacer».
Por su parte la Asociación de Vecinos del Cristo de Morales ya ha presentado un escrito ante el juzgado solicitando que con el derribo se cumpla la sentencia íntegramente y no se deje la parte de abajo sin retirar. «Aparte de no ajustarse a lo que dice la sentencia supondría un verdadero peligro dejar huecos en un terreno donde el abandono municipal ya ha provocado más de un accidente, pues entraban los críos a jugar», explica Mariano Durán. El presidente vecinal se muestra convencido de que como el juzgado no tome cartas en el asunto y obligue al derribo completo «esto quedará como una escombrera».
Barrios indica, sin embargo que el Ayuntamiento ha comunicado al juzgado la separata del proyecto de derribo, que se ha ejecutado a la vista de que el órgano judicial no ha puesto ningún reparo y «con el fin de no demorar más el asunto». El edil recalca, para salir al paso de posibles comentarios, que el Ayuntamiento actúa subsidiariamente y quien realmente deberá pagar el derribo es la empresa.
De esta manera y hasta el último momento los desencuentros son palpables entre la Asociación de Vecinos y el Ayuntamiento en un largo proceso que se inició judicialmente en el año 2003, cuando un contencioso da la razón a la entidad vecinal declarando nula la licencia municipal.
Un fallo que recurren el Ayuntamiento y la empresa, Promoenol, S. L., al igual que recurrieron posteriormente el contencioso presentado por la Asociación de Vecinos contra el estudio de detalle que la Administración local tramitó a instancias de la constructora con el fin de modificar la normativa urbanística y legalizar los 21 adosados en lugar del máximo de ocho viviendas unifamiliares que corresponderían. De nuevo el juzgado le da la razón a la Asociación y el Tribunal Superior de Justicia declara nulo el estudio de detalle, lo mismo que había hecho al considerar nula la licencia urbanística municipal. En julio de 2007 la Asociación solicita la ejecución de la sentencia. Una ejecución que tras varios requerimientos del juzgado y dilaciones por parte del Ayuntamiento comienza ejecutarse ahora.