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NORTE DE CASTILLA
1º.- La pretensión del Ayuntamiento de Peleas, explicó el alcalde, Marcelo Jurado, al término de la sesión de pleno de ayer, es legalizar la gestión del centro asistencial y mantener la propiedad «del continente y del contenido».
El alcalde está reconociendo que la gestión hasta este momento no es legal.
¿Porqué no da pasos para legalizarla como devolver la gestión a su legitimo propietario?
2º.- Jurado puntualizó que la primera sentencia judicial, que fue luego ratificada por el TSJ estimó la mayoría de las razones por las que el Ayuntamiento decidió suspender la relación contractual con la empresa de Eugenio Grande
Sólo ha habido una sentencia judicial. Antes fue exclusivamente un auto que no entraba a valorar las decisiones del Ayuntamiento.
Este, sin embargo, está obligado a abonar los daños causados a la gestora por la decisión tomada.
3º.- El alcalde de Peleas espera que una vez subsanado el defecto de forma, con la aportación de la documentación solicitada en el juzgado, el Ayuntamiento pueda mantener la gestión de la residencia de mayores.
Por lo tanto ahora la mantiene de forma ilegal ¿No?
4º.- El acuerdo de pleno tomado hace dos años, por el que se rescindía el contrato de gestión privado de la residencia, venía precedido de otras resoluciones administrativas y judiciales que tuvieron su origen en las quejas de familiares y ancianos residentes. Ello motivó que la Junta de Castilla y León trasladara a personas mayores de la residencia que ocupaban plazas concertadas y anuló el concierto con la gerencia del centro
No es cierto ya que la Consejera declaró que las irregularidades eran sólo de tipo administrativo y no se referían a la calidad de servicio.
5º.- . La resolución judicial alegó «carencias económicas y técnicas» para retirar la gestión a la empresa privada y dejarla en manos municipales.
Las hipotéticas carencias se referían sólo a económicas y no a técnicas y era un supuesto de la Juez al estar la residencia por debajo del 50% de capacidad (61 plazas).
6º.- Fue en marzo del año pasado cuando el Ayuntamiento tomó posesión del centro, donde se alojan cerca de medio centenar de personas.
Realmente sólo hay 23 residentes.
1º.- La pretensión del Ayuntamiento de Peleas, explicó el alcalde, Marcelo Jurado, al término de la sesión de pleno de ayer, es legalizar la gestión del centro asistencial y mantener la propiedad «del continente y del contenido».
El alcalde está reconociendo que la gestión hasta este momento no es legal.
¿Porqué no da pasos para legalizarla como devolver la gestión a su legitimo propietario?
2º.- Jurado puntualizó que la primera sentencia judicial, que fue luego ratificada por el TSJ estimó la mayoría de las razones por las que el Ayuntamiento decidió suspender la relación contractual con la empresa de Eugenio Grande
Sólo ha habido una sentencia judicial. Antes fue exclusivamente un auto que no entraba a valorar las decisiones del Ayuntamiento.
Este, sin embargo, está obligado a abonar los daños causados a la gestora por la decisión tomada.
3º.- El alcalde de Peleas espera que una vez subsanado el defecto de forma, con la aportación de la documentación solicitada en el juzgado, el Ayuntamiento pueda mantener la gestión de la residencia de mayores.
Por lo tanto ahora la mantiene de forma ilegal ¿No?
4º.- El acuerdo de pleno tomado hace dos años, por el que se rescindía el contrato de gestión privado de la residencia, venía precedido de otras resoluciones administrativas y judiciales que tuvieron su origen en las quejas de familiares y ancianos residentes. Ello motivó que la Junta de Castilla y León trasladara a personas mayores de la residencia que ocupaban plazas concertadas y anuló el concierto con la gerencia del centro
No es cierto ya que la Consejera declaró que las irregularidades eran sólo de tipo administrativo y no se referían a la calidad de servicio.
5º.- . La resolución judicial alegó «carencias económicas y técnicas» para retirar la gestión a la empresa privada y dejarla en manos municipales.
Las hipotéticas carencias se referían sólo a económicas y no a técnicas y era un supuesto de la Juez al estar la residencia por debajo del 50% de capacidad (61 plazas).
6º.- Fue en marzo del año pasado cuando el Ayuntamiento tomó posesión del centro, donde se alojan cerca de medio centenar de personas.
Realmente sólo hay 23 residentes.