Jurado acusa al alcalde de Peleas y ediles de contratar a sus mujeres en la residencia
El ex regidor, expulsado del PP y con varios procedimientos penales abiertos tras su paso por la alcaldía, ha denunciado a los miembros de la agrupación independiente
El
SUSANA ARIZAGA El exalcalde de Peleas de Abajo, Marcelo Jurado, acusa a su sucesor, al teniente de alcalde y un concejal, así como a dos integrantes de las listas electorales de la Agrupación Independiente «El Pueblo para el Pueblo» de cometer irregularidades para colocar a sus esposas en la residencia de ancianos Virgen del Carmen, a las que también imputa en el posible delito de prevaricación, cohecho y malversación. Es más, el abogado de Marcelo Jurado, Felipe Gómez Ferrero, sostiene que se despidió a trabajadores «ex profeso» para poder contratar a los familiares de los cargos públicos y políticos de la mencionada formación.
Los denunciados son Félix Roncero Garrote, su teniente de alcalde, Lorenzo Ribera Prieto; el concejal Santiago Garrote López; y los que integraron la candidatura de la Agrupación Independiente Ignacio Crespo Calvo y José Luis Tamame, junto a sus esposas, a las que habrían contratado en el centro municipal sin tener en cuenta el procedimiento legalmente establecido para ello, «sin mediar el procedimiento administrativo pertinente y obligatorio», indica Gómez Ferrero. Todo para «contratar a sus familiares» en la residencia, prosigue el letrado, quien estima que ha habido «omisión total y deliberada» de lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, «dado que ningún trámite ha sido realizado».
Gómez Ferrero cree que «se han infringido los principios rectores del acceso al empleo público, que indican que todo ciudadano tiene derecho» a ellos «con los principios de igualdad, mérito y capacidad» y que las administraciones públicas deben garantizar «la publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad» de los miembros de los órganos de selección e «independencia y discrecionalidad técnica» en la misma, entre otros principios constitucionales.
El representante legal de quien fuera alcalde de Peleas de Abajo, inmerso en varios procedimientos penales y al que los cargos públicos ahora denunciados le imputan la deuda millonaria del Ayuntamiento, considera «notoria la omisión de la aprobación de las plazas a cubrir dentro de la Oferta Pública de Empleo», en la que se hacen públicas las vacantes que la institución desea cubrir, sin que pasara por los órganos municipales competentes para su aprobación ni se hubiera dado cuenta de ello a la Administración del Estado, según establece la Ley.
También se denuncia que no se llegó a realizar la convocatoria pública que permite a los ciudadanos optar a cubrir alguna de los puestos de trabajo que se incluyen en la Oferta Pública de Empleo. El letrado considera «de extrema gravedad no solo en el ámbito administrativo, sino también en el penal» estas infracciones de las que responsabiliza a Roncero, sus concejales y algunos de los integrantes de «El Pueblo para el Pueblo» y sus respectivas esposas. Y recuerda que «no se puede nombrar personal interino para plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo, salvo en el caso de que se hayan producido vacantes con posterioridad a su aprobación o cuando no se cubran las ofertadas y convocadas», lo que no ha sucedido en ninguno de los casos que se denuncia.
http://www. laopiniondezamora. es/zamora/2012/07/23/jurado-ac usa-alcalde-peleas-ediles-cont ratar-mujeres-residencia/61531 9. html
El ex regidor, expulsado del PP y con varios procedimientos penales abiertos tras su paso por la alcaldía, ha denunciado a los miembros de la agrupación independiente
El
SUSANA ARIZAGA El exalcalde de Peleas de Abajo, Marcelo Jurado, acusa a su sucesor, al teniente de alcalde y un concejal, así como a dos integrantes de las listas electorales de la Agrupación Independiente «El Pueblo para el Pueblo» de cometer irregularidades para colocar a sus esposas en la residencia de ancianos Virgen del Carmen, a las que también imputa en el posible delito de prevaricación, cohecho y malversación. Es más, el abogado de Marcelo Jurado, Felipe Gómez Ferrero, sostiene que se despidió a trabajadores «ex profeso» para poder contratar a los familiares de los cargos públicos y políticos de la mencionada formación.
Los denunciados son Félix Roncero Garrote, su teniente de alcalde, Lorenzo Ribera Prieto; el concejal Santiago Garrote López; y los que integraron la candidatura de la Agrupación Independiente Ignacio Crespo Calvo y José Luis Tamame, junto a sus esposas, a las que habrían contratado en el centro municipal sin tener en cuenta el procedimiento legalmente establecido para ello, «sin mediar el procedimiento administrativo pertinente y obligatorio», indica Gómez Ferrero. Todo para «contratar a sus familiares» en la residencia, prosigue el letrado, quien estima que ha habido «omisión total y deliberada» de lo estipulado en el Estatuto Básico del Empleado Público, «dado que ningún trámite ha sido realizado».
Gómez Ferrero cree que «se han infringido los principios rectores del acceso al empleo público, que indican que todo ciudadano tiene derecho» a ellos «con los principios de igualdad, mérito y capacidad» y que las administraciones públicas deben garantizar «la publicidad, transparencia, imparcialidad y profesionalidad» de los miembros de los órganos de selección e «independencia y discrecionalidad técnica» en la misma, entre otros principios constitucionales.
El representante legal de quien fuera alcalde de Peleas de Abajo, inmerso en varios procedimientos penales y al que los cargos públicos ahora denunciados le imputan la deuda millonaria del Ayuntamiento, considera «notoria la omisión de la aprobación de las plazas a cubrir dentro de la Oferta Pública de Empleo», en la que se hacen públicas las vacantes que la institución desea cubrir, sin que pasara por los órganos municipales competentes para su aprobación ni se hubiera dado cuenta de ello a la Administración del Estado, según establece la Ley.
También se denuncia que no se llegó a realizar la convocatoria pública que permite a los ciudadanos optar a cubrir alguna de los puestos de trabajo que se incluyen en la Oferta Pública de Empleo. El letrado considera «de extrema gravedad no solo en el ámbito administrativo, sino también en el penal» estas infracciones de las que responsabiliza a Roncero, sus concejales y algunos de los integrantes de «El Pueblo para el Pueblo» y sus respectivas esposas. Y recuerda que «no se puede nombrar personal interino para plazas incluidas en la Oferta Pública de Empleo, salvo en el caso de que se hayan producido vacantes con posterioridad a su aprobación o cuando no se cubran las ofertadas y convocadas», lo que no ha sucedido en ninguno de los casos que se denuncia.
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