Factura rebajada un 25%
Seis ayuntamientos de Zamora deberán sumarse a un plan de rescate o ser sancionados
Estos municipios tienen un deterioro financiero de años atrás, un volumen excesivo de deuda o no pagan las cuotas del plan de proveedores
12.12.2013 | 18:32
EP El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha instado a 314 ayuntamientos de todo el país a sumarse al plan de rescate diseñado para los municipios con graves problemas financieros y que en su primera fase ya ha contado con 88 adhesiones. Para quienes se apunten, se ofrece el apoyo del Estado a cambio de una vigilancia "al detalle" de ingresos y gastos. En el caso de Castilla y León, son 41 consistorios de las nueve provincias, de los que 27 ya se han adherido a la propuesta.
Así lo han explicado fuentes del ministerio, que han insistido en no se trata "de una intervención" en sentido estricto porque se exigen unas medidas a cambio de apoyo, aunque admiten que el control será estricto porque se ayuda a estos municipios "con el dinero de todos los españoles". "Es un mecanismo de ayuda, no de estigmatización", insisten.
En Castilla y León, se ha planteado el acceso al plan a ocho ayuntamientos de Ávila, seis de Burgos, cuatro de León, dos de Palencia, once de Salamanca, dos de Segovia, uno de Soria, otro de Valladolid y seis de Zamora.
Se trata de ayuntamientos con un deterioro financiero estructural, de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las cuotas del plan de proveedores. Hay municipios que incumplen hasta estas tres condiciones, según las citadas fuentes, que no desvelan nombres.
Hacienda les ofrece ampliar plazos para devolver deudas (incluida la Seguridad Social y Hacienda), anticipos por periodo superior al ejercicio, menos retenciones de su participación en los tributos del Estado, autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto, entre otras.
A cambio, deberán reducir gastos pero también incrementar ingresos. Las fuentes de Hacienda aseguran que parte de estos municipios tienen precios públicos, tasas e impuestos por debajo de la media y de su entorno y que deberán subirlos. "No puedes pretender tener una presión fiscal baja y que el conjunto de los españoles te ayude. No es equitativo", aseguran.
Además, tendrán prohibido encadenar prórrogas presupuestarias (sólo se permitirá una) y se arriesgan a que Hacienda, para los casos más graves, les tenga que dar el visto bueno a sus cuentas anuales. Las mismas fuentes aseguran que algunos municipios presupuestan año tras año mal, con exceso de ingresos, que no llegan, y menos gastos de los que realmente tienen.
Otra de las condiciones es la apertura de una cuenta bancaria en la que Hacienda les irá haciendo ingresos y de la que podrán ir obteniendo dinero bajo estricta supervisión del Ministerio. Es la condición impuesta por los bancos para ampliar los plazos de devolución de deudas, aseguran las fuentes. "Queremos saber en qué se gastan el dinero. Y lo primero es pagar deudas", añaden desde Hacienda.
El plazo para sumarse a este plan de rescate es el dos de enero. Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro sospechan que algunos municipios se negarán a adherirse, por motivos políticos; las consecuencias serán la retención por el Estado de su participación en los tributos y sanciones, entre otras, las que a partir del uno de enero impone la Ley de Transparencia a quien gaste por encima de lo presupuestado.
Estos municipios tienen un deterioro financiero de años atrás, un volumen excesivo de deuda o no pagan las cuotas del plan de proveedores
12.12.2013 | 18:32
EP El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha instado a 314 ayuntamientos de todo el país a sumarse al plan de rescate diseñado para los municipios con graves problemas financieros y que en su primera fase ya ha contado con 88 adhesiones. Para quienes se apunten, se ofrece el apoyo del Estado a cambio de una vigilancia "al detalle" de ingresos y gastos. En el caso de Castilla y León, son 41 consistorios de las nueve provincias, de los que 27 ya se han adherido a la propuesta.
Así lo han explicado fuentes del ministerio, que han insistido en no se trata "de una intervención" en sentido estricto porque se exigen unas medidas a cambio de apoyo, aunque admiten que el control será estricto porque se ayuda a estos municipios "con el dinero de todos los españoles". "Es un mecanismo de ayuda, no de estigmatización", insisten.
En Castilla y León, se ha planteado el acceso al plan a ocho ayuntamientos de Ávila, seis de Burgos, cuatro de León, dos de Palencia, once de Salamanca, dos de Segovia, uno de Soria, otro de Valladolid y seis de Zamora.
Se trata de ayuntamientos con un deterioro financiero estructural, de años atrás, con un volumen excesivo de deudas o que no pagan las cuotas del plan de proveedores. Hay municipios que incumplen hasta estas tres condiciones, según las citadas fuentes, que no desvelan nombres.
Hacienda les ofrece ampliar plazos para devolver deudas (incluida la Seguridad Social y Hacienda), anticipos por periodo superior al ejercicio, menos retenciones de su participación en los tributos del Estado, autorización para convertir al largo plazo operaciones a corto, entre otras.
A cambio, deberán reducir gastos pero también incrementar ingresos. Las fuentes de Hacienda aseguran que parte de estos municipios tienen precios públicos, tasas e impuestos por debajo de la media y de su entorno y que deberán subirlos. "No puedes pretender tener una presión fiscal baja y que el conjunto de los españoles te ayude. No es equitativo", aseguran.
Además, tendrán prohibido encadenar prórrogas presupuestarias (sólo se permitirá una) y se arriesgan a que Hacienda, para los casos más graves, les tenga que dar el visto bueno a sus cuentas anuales. Las mismas fuentes aseguran que algunos municipios presupuestan año tras año mal, con exceso de ingresos, que no llegan, y menos gastos de los que realmente tienen.
Otra de las condiciones es la apertura de una cuenta bancaria en la que Hacienda les irá haciendo ingresos y de la que podrán ir obteniendo dinero bajo estricta supervisión del Ministerio. Es la condición impuesta por los bancos para ampliar los plazos de devolución de deudas, aseguran las fuentes. "Queremos saber en qué se gastan el dinero. Y lo primero es pagar deudas", añaden desde Hacienda.
El plazo para sumarse a este plan de rescate es el dos de enero. Desde el departamento que dirige Cristóbal Montoro sospechan que algunos municipios se negarán a adherirse, por motivos políticos; las consecuencias serán la retención por el Estado de su participación en los tributos y sanciones, entre otras, las que a partir del uno de enero impone la Ley de Transparencia a quien gaste por encima de lo presupuestado.