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PATENTE DE CORSO. Por Arturo Pérez Reverte.
Contra la Segunda República, o sea, contra la democracia al fin conseguida en España en 1931, conspiraron casi desde el principio tanto las derechas como las izquierdas. En una especie de trágico juego de las siete y media que íbamos a pagar muy caro, a unos molestaba por excesiva, y a otros por quedarse corta. Al principio se tomó la cosa en serio, y a la reorganización del Ejército y la limitación de poderes de la Iglesia católica se añadieron importantes avances sobre los salarios de las clases trabajadoras, la distribución más justa de la propiedad de la tierra, la educación pública y la protección laboral. Nunca habíamos tenido en España un avance tan evidente en democracia real y conquistas sociales. Pero el lastre de siglos de atraso, la cerrazón de las viejas fuerzas oscuras y las tensiones irresolubles de la industrialización, el crecimiento urbano y la lucha de clases que sacudían a toda Europa iban a reventarnos la fiesta. Después de los primeros momentos de euforia republicana y buen rollo solidario, crecieron la radicalización política, las prisas, los recelos y la intransigencia en todas partes. Presionado por la realidad y las ganas de rápido cambio social, el tinte moderado y conservador de los primeros tiempos se fue al carajo. La vía natural para consolidar aquella República habría sido, probablemente, el socialismo; pero, como de costumbre, la división interna de éste rompió las costuras: había un sector moderado, otro centrista y otro radical: el de Largo Caballero. La izquierda más o menos razonable, la del presidente Manuel Azaña, tuvo que apoyarse en la gente de Largo Caballero, que a su vez se veía obligado a rivalizar en radicalismo con comunistas y anarquistas. Era como una carrera hacia el abismo en la que todos competían. Subió el tono retórico en una prensa a menudo partidista e irresponsable. Se trazaban líneas infranqueables, no siempre correspondientes con la realidad, entre empresarios y trabajadores, entre opresores y oprimidos, entre burgueses ricos y parias de la tierra, y se hablaba menos de convencer al adversario que de exterminarlo. Todo el rencor y la vileza ancestrales, todo el oportunismo, todo el odio endémico que un pueblo medio analfabeto y carente de cultura democrática arrastraba desde hacía siglos, salió de nuevo a relucir como herramienta de una clase política con pocos escrúpulos. Por supuesto, nacionalistas vascos y catalanes, dispuestos a aprovechar toda ocasión, complicaron más el panorama. Y así, recordando el fantasma reciente de la Revolución Rusa, la burguesía, el capital, los propietarios y la gente acomodada empezaron a acojonarse en serio. La Iglesia católica y buena parte de los jefes y oficiales del Ejército estaban cada vez más molestos por las reformas radicales, pero también por los excesos populistas y los desórdenes públicos que los gobiernos republicanos no atajaban. Y tampoco las izquierdas más extremas facilitaban las cosas. Los comunistas, todavía pocos pero férreamente disciplinados y bajo el control directo de la Rusia Soviética, criticaban ya en 1932 al «gobierno burgués agrario de Azaña» y a los socialistas, «fusileros de vanguardia de la contrarrevolución». Por su parte, el Partido Socialista, por boca de Largo Caballero, afirmaba en 1933 estar dispuesto a que en España ondeara «no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución». La guinda al asunto la pusieron los anarquistas, que eran mayoritarios en Cataluña, Aragón y Levante. Éstos, cuyo sindicato CNT (1.527.000 afiliados en 1936) superaba a su rival socialista UGT (1.444.474), iban a contribuir mucho al fracaso de la República, tanto durante ésta como en la contienda civil que estaba a punto de caramelo; pues a diferencia de comunistas y socialistas -que, mal que bien, procuraban mantener una apariencia republicana y no asustar mucho-, el escepticismo libertario ante las vías políticas moderadas empujaba con facilidad a los anarcos al exceso revolucionario de carácter violento, expropiador, pistolero e incendiario. Y así, entre unos y otros, derechas conspiradoras, izquierdas impacientes, irresponsabilidad política y pueblo desorientado y manipulado por todos, con el parlamento convertido en un disparate de demagogia y mala fe, empezaron a surgir los problemas serios: pronunciamiento del general SanJurjo, matanza de Casas Viejas, revolución de Asturias y autoproclamación de un Estado catalán independiente de la República. De todo lo cual hablaremos con detalle en el próximo capítulo de esta apasionante, lamentable y triste historia.
[Continuará].
Contra la Segunda República, o sea, contra la democracia al fin conseguida en España en 1931, conspiraron casi desde el principio tanto las derechas como las izquierdas. En una especie de trágico juego de las siete y media que íbamos a pagar muy caro, a unos molestaba por excesiva, y a otros por quedarse corta. Al principio se tomó la cosa en serio, y a la reorganización del Ejército y la limitación de poderes de la Iglesia católica se añadieron importantes avances sobre los salarios de las clases trabajadoras, la distribución más justa de la propiedad de la tierra, la educación pública y la protección laboral. Nunca habíamos tenido en España un avance tan evidente en democracia real y conquistas sociales. Pero el lastre de siglos de atraso, la cerrazón de las viejas fuerzas oscuras y las tensiones irresolubles de la industrialización, el crecimiento urbano y la lucha de clases que sacudían a toda Europa iban a reventarnos la fiesta. Después de los primeros momentos de euforia republicana y buen rollo solidario, crecieron la radicalización política, las prisas, los recelos y la intransigencia en todas partes. Presionado por la realidad y las ganas de rápido cambio social, el tinte moderado y conservador de los primeros tiempos se fue al carajo. La vía natural para consolidar aquella República habría sido, probablemente, el socialismo; pero, como de costumbre, la división interna de éste rompió las costuras: había un sector moderado, otro centrista y otro radical: el de Largo Caballero. La izquierda más o menos razonable, la del presidente Manuel Azaña, tuvo que apoyarse en la gente de Largo Caballero, que a su vez se veía obligado a rivalizar en radicalismo con comunistas y anarquistas. Era como una carrera hacia el abismo en la que todos competían. Subió el tono retórico en una prensa a menudo partidista e irresponsable. Se trazaban líneas infranqueables, no siempre correspondientes con la realidad, entre empresarios y trabajadores, entre opresores y oprimidos, entre burgueses ricos y parias de la tierra, y se hablaba menos de convencer al adversario que de exterminarlo. Todo el rencor y la vileza ancestrales, todo el oportunismo, todo el odio endémico que un pueblo medio analfabeto y carente de cultura democrática arrastraba desde hacía siglos, salió de nuevo a relucir como herramienta de una clase política con pocos escrúpulos. Por supuesto, nacionalistas vascos y catalanes, dispuestos a aprovechar toda ocasión, complicaron más el panorama. Y así, recordando el fantasma reciente de la Revolución Rusa, la burguesía, el capital, los propietarios y la gente acomodada empezaron a acojonarse en serio. La Iglesia católica y buena parte de los jefes y oficiales del Ejército estaban cada vez más molestos por las reformas radicales, pero también por los excesos populistas y los desórdenes públicos que los gobiernos republicanos no atajaban. Y tampoco las izquierdas más extremas facilitaban las cosas. Los comunistas, todavía pocos pero férreamente disciplinados y bajo el control directo de la Rusia Soviética, criticaban ya en 1932 al «gobierno burgués agrario de Azaña» y a los socialistas, «fusileros de vanguardia de la contrarrevolución». Por su parte, el Partido Socialista, por boca de Largo Caballero, afirmaba en 1933 estar dispuesto a que en España ondeara «no la bandera tricolor de una república burguesa, sino la bandera roja de la revolución». La guinda al asunto la pusieron los anarquistas, que eran mayoritarios en Cataluña, Aragón y Levante. Éstos, cuyo sindicato CNT (1.527.000 afiliados en 1936) superaba a su rival socialista UGT (1.444.474), iban a contribuir mucho al fracaso de la República, tanto durante ésta como en la contienda civil que estaba a punto de caramelo; pues a diferencia de comunistas y socialistas -que, mal que bien, procuraban mantener una apariencia republicana y no asustar mucho-, el escepticismo libertario ante las vías políticas moderadas empujaba con facilidad a los anarcos al exceso revolucionario de carácter violento, expropiador, pistolero e incendiario. Y así, entre unos y otros, derechas conspiradoras, izquierdas impacientes, irresponsabilidad política y pueblo desorientado y manipulado por todos, con el parlamento convertido en un disparate de demagogia y mala fe, empezaron a surgir los problemas serios: pronunciamiento del general SanJurjo, matanza de Casas Viejas, revolución de Asturias y autoproclamación de un Estado catalán independiente de la República. De todo lo cual hablaremos con detalle en el próximo capítulo de esta apasionante, lamentable y triste historia.
[Continuará].