LA MAFIA DE LAS SETAS (II)
Hay dos claves que, combinadas, explican el auge de las mafias de las setas. Por un lado es un producto de alto valor añadido que el año pasado movió 130 millones de euros solo en Castilla y León. Por el otro, es un alimento apenas regulado, cuya recolección y comercialización ilegal conlleva, a lo sumo, tibias sanciones administrativas. Así, la Guardia Civil solo puede requisar el producto si caza a los recolectores ilegales (es decir sin permiso del ayuntamiento) en el monte. Una vez salen a la carretera, las setas deben superar los 400 euros de valor por persona implicada para poder ser decomisadas. "Y eso es casi imposible", indica Javier Faúndez, alcalde de Trabazos y senador del Partido Popular. "En una furgoneta con siete u ocho personas nunca se va a alcanzar esa cifra, aunque lleven varias cajas encima". Así que la Guardia Civil, impotente, lo máximo que consigue es identificar a estas personas, tomarles declaración en el cuartel y soltarlas a las pocas horas.
"Yo el otro día me acerqué al cuartel para poner una denuncia a una cuadrilla que había cazado la Guardia Civil. Estuve allí varias horas y, al final, los propios rumanos me acabaron preguntando hacia dónde quedaba Alcañices para poder seguir recogiendo setas al día siguiente. No pagan las multas porque a ver quién los localiza en Rumania, aunque algunos tienen NIE pero muestran su carné de allí, y otros se declaran insolventes. Es un escándalo", cuenta el alcalde de Figueruela de Arriba. Su homólogo en Trabazos le secunda: "Se conocen la legislación al dedillo. Están aquí riéndose de la población, riéndose de nuestro sistema de gestión micológica y riéndose de las fuerzas y cuerpos de seguridad".
Abel Fernández es guarda de montes de Micocyl, el proyecto de gestión micológico de la Junta de Castilla y León. Su labor es velar por una correcta recolección en los montes y prestar apoyo al Seprona en la detección de cuadrillas ilegales. Cuando se encuentra con una, sabe que tendrá problemas. "No son violentos, ellos saben que no les conviene crear alarma en los pueblos en los que trabajan. Pero sí usan la intimidación. Cuando se encuentran a otros recolectores, los rodean en un círculo para amedrentarlos y echarlos de allí. A mí me hacen lo mismo cuando aparezco. Les pido su permiso de recolección y se niegan a entregarme las setas, no me queda otra que llamar a la Guardia Civil", explica el guarda, que cumple su quinta campaña vigilando los montes. "Otra de mis tareas es controlar que los recolectores respetan el monte. Y estas personas lo dejan todo hecho un desastre. Levantan el manto con cuchillos, palos y rastrillos, lo dejan todo revolcado y lleno de suciedad. Por donde pasan no vuelven a salir setas".
Levantan el manto con cuchillos, palos y rastrillos, lo dejan todo revolcado y lleno de suciedad. Por donde pasan no vuelven a salir setas.
Acompañamos a Abel parte de su jornada en los montes de Aliste, pero en este tiempo no surge ninguna furgoneta sospechosa apostada en un margen del camino. "Ya es final de temporada, y además ellos se informan a unos otros con teléfonos móviles. Tienen gente en los caminos y cuando aparecen los guardas o la Guardia Civil se dan el aviso". Para Liliana Fernández, responsable del proyecto Micocyl en Zamora, la clave es centrar los esfuerzos en imputar a los comercializadores nacionales, que son el origen de la cadena delictiva. "Las bandas de rumanos son el eslabón más débil, vienen aquí por un sueldo mísero y se les tiene en condiciones de casi esclavitud. Hay que ir a por los que organizan el negocio".
La situación es crítica, pero los alcaldes y empresarios aguardan con esperanza el decreto de regulación micológica de la Junta de Castilla y León, que está en fase de redacción y entrará en vigor en otoño de 2017. Aunque avisan: si el documento no consigue dotar a ayuntamientos y Guardia Civil de herramientas para terminar con las mafias de las setas, en pocos años los montes van a ser un desierto micológico. Para la responsable de Micocyl, "la regulación debe ser clara. Hay que establecer unos sistemas de coordinación entre las consejerías de Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente para poder exigir una trazabilidad y unos albaranes bien documentados a todos los comercializadores".
Javier Faúndez tiene muy claro qué debe incluir este decreto para erradicar a las bandas de europeos del este. "Exigir que las sanciones administrativas por recolección ilegal sean pagadas en efectivo so pena de inmovilizar el vehículo; que se persiga la emisión de albaranes falsos en los puntos de compra y que se elimine el mínimo de 400 euros de mercancía para retener y multar a un recolector. Si no logramos un soporte jurídico, seguiremos atados de pies y manos, nuestra economía familiar maltrecha y nuestros bosques esquilmados. Necesitamos una solución urgente y eficaz.
Hay dos claves que, combinadas, explican el auge de las mafias de las setas. Por un lado es un producto de alto valor añadido que el año pasado movió 130 millones de euros solo en Castilla y León. Por el otro, es un alimento apenas regulado, cuya recolección y comercialización ilegal conlleva, a lo sumo, tibias sanciones administrativas. Así, la Guardia Civil solo puede requisar el producto si caza a los recolectores ilegales (es decir sin permiso del ayuntamiento) en el monte. Una vez salen a la carretera, las setas deben superar los 400 euros de valor por persona implicada para poder ser decomisadas. "Y eso es casi imposible", indica Javier Faúndez, alcalde de Trabazos y senador del Partido Popular. "En una furgoneta con siete u ocho personas nunca se va a alcanzar esa cifra, aunque lleven varias cajas encima". Así que la Guardia Civil, impotente, lo máximo que consigue es identificar a estas personas, tomarles declaración en el cuartel y soltarlas a las pocas horas.
"Yo el otro día me acerqué al cuartel para poner una denuncia a una cuadrilla que había cazado la Guardia Civil. Estuve allí varias horas y, al final, los propios rumanos me acabaron preguntando hacia dónde quedaba Alcañices para poder seguir recogiendo setas al día siguiente. No pagan las multas porque a ver quién los localiza en Rumania, aunque algunos tienen NIE pero muestran su carné de allí, y otros se declaran insolventes. Es un escándalo", cuenta el alcalde de Figueruela de Arriba. Su homólogo en Trabazos le secunda: "Se conocen la legislación al dedillo. Están aquí riéndose de la población, riéndose de nuestro sistema de gestión micológica y riéndose de las fuerzas y cuerpos de seguridad".
Abel Fernández es guarda de montes de Micocyl, el proyecto de gestión micológico de la Junta de Castilla y León. Su labor es velar por una correcta recolección en los montes y prestar apoyo al Seprona en la detección de cuadrillas ilegales. Cuando se encuentra con una, sabe que tendrá problemas. "No son violentos, ellos saben que no les conviene crear alarma en los pueblos en los que trabajan. Pero sí usan la intimidación. Cuando se encuentran a otros recolectores, los rodean en un círculo para amedrentarlos y echarlos de allí. A mí me hacen lo mismo cuando aparezco. Les pido su permiso de recolección y se niegan a entregarme las setas, no me queda otra que llamar a la Guardia Civil", explica el guarda, que cumple su quinta campaña vigilando los montes. "Otra de mis tareas es controlar que los recolectores respetan el monte. Y estas personas lo dejan todo hecho un desastre. Levantan el manto con cuchillos, palos y rastrillos, lo dejan todo revolcado y lleno de suciedad. Por donde pasan no vuelven a salir setas".
Levantan el manto con cuchillos, palos y rastrillos, lo dejan todo revolcado y lleno de suciedad. Por donde pasan no vuelven a salir setas.
Acompañamos a Abel parte de su jornada en los montes de Aliste, pero en este tiempo no surge ninguna furgoneta sospechosa apostada en un margen del camino. "Ya es final de temporada, y además ellos se informan a unos otros con teléfonos móviles. Tienen gente en los caminos y cuando aparecen los guardas o la Guardia Civil se dan el aviso". Para Liliana Fernández, responsable del proyecto Micocyl en Zamora, la clave es centrar los esfuerzos en imputar a los comercializadores nacionales, que son el origen de la cadena delictiva. "Las bandas de rumanos son el eslabón más débil, vienen aquí por un sueldo mísero y se les tiene en condiciones de casi esclavitud. Hay que ir a por los que organizan el negocio".
La situación es crítica, pero los alcaldes y empresarios aguardan con esperanza el decreto de regulación micológica de la Junta de Castilla y León, que está en fase de redacción y entrará en vigor en otoño de 2017. Aunque avisan: si el documento no consigue dotar a ayuntamientos y Guardia Civil de herramientas para terminar con las mafias de las setas, en pocos años los montes van a ser un desierto micológico. Para la responsable de Micocyl, "la regulación debe ser clara. Hay que establecer unos sistemas de coordinación entre las consejerías de Agricultura, Sanidad y Medio Ambiente para poder exigir una trazabilidad y unos albaranes bien documentados a todos los comercializadores".
Javier Faúndez tiene muy claro qué debe incluir este decreto para erradicar a las bandas de europeos del este. "Exigir que las sanciones administrativas por recolección ilegal sean pagadas en efectivo so pena de inmovilizar el vehículo; que se persiga la emisión de albaranes falsos en los puntos de compra y que se elimine el mínimo de 400 euros de mercancía para retener y multar a un recolector. Si no logramos un soporte jurídico, seguiremos atados de pies y manos, nuestra economía familiar maltrecha y nuestros bosques esquilmados. Necesitamos una solución urgente y eficaz.