El diputado de Economía, «un engañado más» con 30.000 euros en preferentes
Brualla anuncia que exigirá un juez de refuerzo para evitar atascos cuando pleiteen los afectados y Maíllo insta a la Caja a asumir sus pretensiones
12.04.2013 | 06:05
J. M. S./ S. A. Las polémicas suscripciones preferentes que tienen en vilo los ahorros de unos 1.600 zamoranos han «trizado» también al vicepresidente de la Diputación y responsable del área de Economía en la institución. « ¿Y usted, siendo diputado de Economía y estando en la asamblea de Caja España, ha podido pecar de ignorante?», preguntaba a sí mismo ayer en un acto público Aurelio Tomás para responderse a continuación que «acepté este producto sin más por mi buena fe en las personas de la entidad que conocía». Es así como Tomás se declara «un engañado más» de la actual Caja España-Duero y pasa a engrosar la lista de afectados por las preferentes, producto donde tiene suscritos 30.000 euros que aún no ha podido recuperar.
La paradójica situación se dio a conocer ayer mismo cuando la plataforma zamorana de afectados por las preferentes se reunió con los responsables de la Diputación para pedir la ayuda de la institución provincial. «Hemos venido a recabar apoyo y acabamos de encontrar un afectado más», apuntaba el portavoz de este colectivo, José Luis Redondo.
En efecto, Aurelio Tomás compareció tras la reunión por su «triple condición» de afectado, vicepresidente de la institución provincial y miembro de la asamblea de Caja España. «Tenía unos depósitos a plazo fijo, cuando finalizó uno de ellos se me ofreció otro producto con algo más de interés, aunque en ningún momento se me dijo que había riesgos», narró Tomás. «Con la confianza que tienes en las personas que conoces, me aseguraron que al finalizar el plazo en 2012 recuperaría sin problemas la cantidad». Pero no fue así, a finales de 2012 reclamó los 30.000 euros y le respondieron que «no podían hacerlo porque necesitaban el permiso del Banco de España y Bruselas». Los afectados por este producto comenzaban a hacer públicos sus casos en todo el país, hoy más de 300.000, 1.580 en la provincia.
A todos ellos comunicó el apoyo de la institución provincial a través de su presidente, Fernando Martínez Maíllo. «Voy a pedir a Caja España-Duero que estudie a los afectados caso por caso y se allane a la demanda que la plataforma presentará», es decir, que se avenga a las exigencias de los ciudadanos que pleiteen, «cuando exista el perfil del ahorrador para que no cause más daño y más dolor». En efecto, Maíllo se esforzó en distinguir entre los «inversores», conocedores del riesgo por su condición, y los «ahorradores», con quienes la entidad «ha tenido una actitud poco honesta», aseveró para añadir que «es necesaria una explicación pública de los responsables de la entidad».
Por su parte, el presidente de la Audiencia Provincial, Luis Brualla Santos-Funcia, mostró su «preocupación por este problema, como por todos los que afectan a los ciudadanos», al tiempo que comunicaba a la plataforma su intención de «solicitar un juez de refuerzo si se produjera una situación de atasco en un juzgado como consecuencia del número de demandas» de los perjudicados que se presenten o «si se da el caso de que se tramite algún asunto complejo de este tipo».
Brualla lamentó no poder comprometerse a ningún tipo de mediación o actuación, «por razón de mi profesión y puesto como presidente de la Audiencia no puedo ofrecerles ningún consejo u opinión, los jueces nos pronunciamos por autos o sentencias», lo que le obliga a mantener una postura aséptica para preservar su objetividad si tiene que juzgar sobre estos asuntos. Brualla puntualizó, en base a ello, que «no puedo escuchar asuntos particulares para no condicionar a la sala cuando toque decidir. Debemos actuar con respeto a las dos partes» que se ven implicadas en los litigios. No obstante, el presidente de la Audiencia dijo que «el asunto lo conozco bien desde hace un año, cuando comenzaron en Galicia con las reclamaciones».
Tanto la plataforma de afectados como la Diputación Provincial insistieron en dejar claro que el problema de las suscripciones preferentes radica en la «comercialización» y no en el producto en sí, legal desde su puesta en escena en 1998. Por este motivo, el presidente Martínez Maíllo exculpa tanto a la asamblea general de Caja España como a sus miembros. «Las órdenes de comercialización las dio la cúpula de dirección, no la asamblea», una afirmación con la que quiso responder a la petición de responsabilidades formulada por Izquierda Unida. «Los miembros de la asamblea no son responsables porque no decidieron la comercialización y si lo son, lo son todos por igual, no solo una parte», apuntó para añadir que Francisco Guarido «nunca levantó la mano» en aquellas sesiones. Guarido reclamó explicaciones hace varios días por la «responsabilidad» de los cargos populares en la asamblea de las entidades cajistas.
Por último, Martínez Maíllo remarcó las fechas en las que se produjo la venta «masiva» de preferentes, entre los años 2004 y 2010. En este periodo, «el control del Banco de España fue nulo». También señaló Maíllo la «ruptura de la confianza» en el sistema bancario con respecto a este tipo de productos sobre un modelo que «la crisis se ha llevado por delante».
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