El problema más grave, según apunta la organización, es el déficit en cuanto a la protección jurídica de estos derechos. Según Amnistía, tanto las leyes como las actuaciones de las autoridades administrativas y judiciales, reflejan que estos derechos son tratados como meras prestaciones sociales, lo que se traduce en graves impactos en las vidas de las personas.
La organización se refiere especialmente a los 9 millones de personas que viven en la pobreza, las cerca de 200.000 personas que no tienen cobertura sanitaria pública porque ya no reciben ningún tipo de subsidio de desempleo o porque no han trabajado nunca, y a las miles de personas que pueden ser desalojadas forzosamente de sus casas.
Marta Mendiola, responsable de la campaña “Exige Dignidad” en Amnistía Internacional España, resalta que se trata de derechos tan importantes para la dignidad humana como el derecho a la vivienda y el derecho a la salud, claves para disfrutar del derecho a un nivel de vida adecuado y digno. Mendiola dice a Radio Nederland que lo que la organización denuncia es que, en España, estos derechos económicos, sociales y culturales no están protegidos de la misma forma que otros derechos como pueden ser la libertad de expresión, el derecho a la asociación, etc., los llamados derechos civiles y políticos.
Mendiola hace hincapié en que la propia Constitución española regula los derechos DESC no como derechos fundamentales sino como meros principios rectores de la política social y económica, por lo que estos derechos reciben menores garantías de protección dado que el acceso a la justicia únicamente es posible si las leyes que regulan estos derechos así lo prescriben.
... (ver texto completo)
Luz ahora: 0,13177 €/kWh
