Mari. ¿por que le preguntas a Trebol que de que tiene miedo? ¿ha de temer algo?
Porque quiere saber quien es, y como no se sale con la suya sera ese el motivo. Yard se siguen borrando mensajes al señor OCTAVIO AQUI ANTES NO SE BORRABA NADA, un saludo
Sisi, pues no seré yo quien borre nada pero es que a lo mejor alguien esta cansado de tanto copy-paste del Sr. Octavio. Lo que nunca he llegado a intuir es cuales son los criterios de Mr. Octavio para elegir los artículos que corta y pega. A veces me ha picado la curiosidad y he leido alguno pero cuando quiero leer artículos periodísticos me meto en las webs de la prensa original. Saludos.
Presión internacional
España ha ratificado, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que conlleva el deber de respetarlos, protegerlos y hacer que sean realidad para todas las personas.
Diferentes organismos internacionales llevan años alertando a España sobre la situación de la vivienda. En 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.
“Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán cómo sus condiciones de vida empeoran”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Derecho a la salud, incluida la salud mental
En el informe “Derechos a la Intemperie”, Amnistía denuncia también el desamparo en cuanto a atención sanitaria en el que se encuentran miles de personas en España.
Según el Ministerio español de Sanidad, en 2009, existen tres grupos de población que no están cubiertos por asistencia sanitaria gratuita: personas en paro no perceptores de subsidios asistenciales de desempleo, personas que no han trabajado nunca o lo han hecho de manera esporádica o en economía irregular, y personas que ejercen profesiones liberales incluidas en Colegios profesionales, no integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esto da como resultado que entre 90.000 y 180.000 personas de los dos primeros colectivos carezcan de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita en España. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica.
España ha ratificado, entre otros, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, lo que conlleva el deber de respetarlos, protegerlos y hacer que sean realidad para todas las personas.
Diferentes organismos internacionales llevan años alertando a España sobre la situación de la vivienda. En 2004, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales alertaba de la situación de las personas sin hogar, y de las personas afectadas por los desalojos forzosos.
“Miles de personas son desalojadas forzosamente de sus viviendas o están en riesgo inminente de serlo sin que se les informe previamente, sin permitirles participar en decisiones que afectan a su vida y sin ofrecerles alojamientos alternativos. Estas personas, además de quedarse sin hogar, sin duda, verán cómo sus condiciones de vida empeoran”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.
Derecho a la salud, incluida la salud mental
En el informe “Derechos a la Intemperie”, Amnistía denuncia también el desamparo en cuanto a atención sanitaria en el que se encuentran miles de personas en España.
Según el Ministerio español de Sanidad, en 2009, existen tres grupos de población que no están cubiertos por asistencia sanitaria gratuita: personas en paro no perceptores de subsidios asistenciales de desempleo, personas que no han trabajado nunca o lo han hecho de manera esporádica o en economía irregular, y personas que ejercen profesiones liberales incluidas en Colegios profesionales, no integradas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos. Esto da como resultado que entre 90.000 y 180.000 personas de los dos primeros colectivos carezcan de cobertura asistencial sanitaria pública y gratuita en España. Unas cifras que podrían ser mayores debido a la crisis económica.