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Entra en vigor el nuevo decreto de precios para 2.151 plazas de mayores
La nueva norma afecta desde hoy a residencias y centros de día
01:41
C. G. Las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas en situación de dependencia que soliciten desde hoy mismo una de las 2.151 plazas en una residencia, en un centro de día o en un servicio de estancia nocturna, ya sea público o concertado dependiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, accederán bajo un criterio unificado. Así lo establece el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales, que tiene efectos para las nuevas solicitudes desde este jueves, 1 de marzo y que afectará a 18.048 plazas en toda la región
Esta nueva normativa fija un precio público por día para cada uno de los servicios, lo que supone un «cambio radical en el modelo asistencial de Castilla y León», tal y como resaltó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Familia de las Cortes regionales.
El decreto unifica y homogeneiza el cálculo de la capacidad económica del usuario. Sólo computará la renta y el patrimonio personal del solicitante, y no del núcleo familiar. Para establecer cuál será su participación en el coste del servicio, la Consejería aplicará una única fórmula matemática progresiva, lo que beneficiará a las personas con rentas más bajas. Su aportación no será, por tanto, lineal como hasta ahora, sino que pagará en función de su capacidad económica. Eso sí, ningún castellano y leonés pagará más del 90 % de su capacidad económica personal, ni más del 90 % del precio de referencia para el coste del servicio.
Quien carezca de patrimonio computable no generará deuda. Hasta el momento, el usuario pagaba el 75 % de su renta, independientemente de sus ingresos, y el resto, hasta el 100 %, se computaba como deuda que se cobraba cuando la persona había fallecido. Con la entrada en vigor del decreto, sólo generarán deuda aquellos que, teniendo patrimonio, así lo deseen. Además, la aportación del usuario, en lugar de ser una cantidad fija, será proporcional al número de días de servicio, a la intensidad, a la cobertura y al tipo de plaza, y dispondrá de una cuantía superior y variable para sus «gastos de bolsillo», en función de sus necesidades y su autonomía personal.
Entra en vigor el nuevo decreto de precios para 2.151 plazas de mayores
La nueva norma afecta desde hoy a residencias y centros de día
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C. G. Las personas mayores, las personas con discapacidad o las personas en situación de dependencia que soliciten desde hoy mismo una de las 2.151 plazas en una residencia, en un centro de día o en un servicio de estancia nocturna, ya sea público o concertado dependiente de la Junta de Castilla y León en Zamora, accederán bajo un criterio unificado. Así lo establece el Decreto de Precios Públicos en Servicios Sociales, que tiene efectos para las nuevas solicitudes desde este jueves, 1 de marzo y que afectará a 18.048 plazas en toda la región
Esta nueva normativa fija un precio público por día para cada uno de los servicios, lo que supone un «cambio radical en el modelo asistencial de Castilla y León», tal y como resaltó la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Milagros Marcos, en su comparecencia a petición propia ante la Comisión de Familia de las Cortes regionales.
El decreto unifica y homogeneiza el cálculo de la capacidad económica del usuario. Sólo computará la renta y el patrimonio personal del solicitante, y no del núcleo familiar. Para establecer cuál será su participación en el coste del servicio, la Consejería aplicará una única fórmula matemática progresiva, lo que beneficiará a las personas con rentas más bajas. Su aportación no será, por tanto, lineal como hasta ahora, sino que pagará en función de su capacidad económica. Eso sí, ningún castellano y leonés pagará más del 90 % de su capacidad económica personal, ni más del 90 % del precio de referencia para el coste del servicio.
Quien carezca de patrimonio computable no generará deuda. Hasta el momento, el usuario pagaba el 75 % de su renta, independientemente de sus ingresos, y el resto, hasta el 100 %, se computaba como deuda que se cobraba cuando la persona había fallecido. Con la entrada en vigor del decreto, sólo generarán deuda aquellos que, teniendo patrimonio, así lo deseen. Además, la aportación del usuario, en lugar de ser una cantidad fija, será proporcional al número de días de servicio, a la intensidad, a la cobertura y al tipo de plaza, y dispondrá de una cuantía superior y variable para sus «gastos de bolsillo», en función de sus necesidades y su autonomía personal.