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La Gran Sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha rechazado el recurso de España contra la condena que se le impuso por aplicar la conocida como doctrina Parot a la etarra Inés del Río. Esta sentencia, que puede suponer el fin de la citada doctrina Parot, abre la puerta a que otros presos con graves delitos a sus espaldas se acojan a ella.
El fallo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, pide -con 16 votos contra 1-, la excarcelación de la miembro de ETA, y considera -por unanimidad- que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y -por 15 votos contra 2- el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las claves de la sentencia
Declara por 15 votos contra 2 que ha habido una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Declara, por unanimidad, que desde el 03 de julio 2008 la detención de la demandante (Inés del Río) no ha sido "legal", en violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sostiene, por 16 votos contra 1, que el Estado demandado debe asegurarse de que el solicitante sea liberado a la mayor brevedad posible
Sostiene por 10 votos contra 7 que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los tres próximos meses, 30.000 euros más cualquier impuesto que se le deba añadir.
Declara, por unanimidad, que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los próximos tres meses, 1.500 euros más cualquier impuesto que pueda ser debido a la demandante, en concepto de costas y gastos
Declara, por unanimidad, que si expira el plazo de tres meses a, los importes indicados en los apartados 4 y 5 se les abonará un interés similar a la tasa marginal de crédito del Banco Central, incrementado en tres puntos porcentuales
Inés del Río y otros 60 etarras con múltiples delitos de sangre saldrán a la calle en breve tras haber cumplido apenas un año de cárcel por cada asesinato cometido, si el gobierno de Mariano Rajoy acata la sentencia del TEDH, que ha desestimado el recurso presentado en marzo por el Estado español en defensa de la 'doctrina Parot'.
La sentencia ha establecido que la doctrina Parot, con la que se ha alargado la permanencia en prisión de decenas de etarras y otros condenados, no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995. El tribunal con sede en Estrasburgo considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la Ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.
El ex secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, representante español en la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha votado a favor de condenar a España y de imponer el pago de una indemnización de 30.000 euros a la etarra, por los daños morales sufridos.
El magistrado, que ha repetido como representante de España en las deliberaciones llevadas a cabo y que ya suscribió la primera condena, en julio de 2012, no ha avalado ninguno de los tres votos particulares disidentes firmados por siete de los jueces integrantes del tribunal, los representantes de Liechtenstein, Austria, Irlanda, Bélgica, Moldavia, Reino Unido y Bosnia Herzegovina.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos ellos con varias resoluciones pendientes de dictar que podrían verse afectadas por la sentencia del TEDH han expresado cautela en espera de conocer la letra pequeña de la resolución, que en todo caso deberá ser estudiada caso por caso y no tendrá una aplicación automática.
En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.
La Audiencia Nacional ha convocado un pleno extraordinario este martes a las 09.15 horas para tratar la sentencia de Estrasburgo. El pleno lo ha convocado el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, tras la petición de algunos magistrados.
Con este fallo, la Gran Sala del Alto Tribunal confirma el veredicto emitido por su sala tercera en julio 2012, que ordenaba poner en libertad a la demandante Inés del Río Prada, terrorista vasca condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, y da la puntilla definitiva a la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para que los delincuentes condenados por delitos graves pasen el tiempo máximo legal de estancia en prisión, que en el caso de Inés del Río eran 30 años.
Dicha jurisprudencia obligaba a descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo. Sin embargo, el TEDH considera que vulnera el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos al Derecho a la Libertad y a la seguridad y que infringe el artículo 7 referido a que no puede haber condenada si no existe ley previa.
"La justicia criminal es competencia de cada país miembro", habían sentenciado anteriormente los jueces de Estrasburgo en los sumarios de Kafkaris contra Chipre o de Hogben contra el Reino Unido. Y a esa aplicación de la propia jurisprudencia se aferraban los abogados del Estado español y los dirigentes de las principales asociaciones de víctimas, presentes todos este lunes en el Palais des Droits Humains cuando el presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, leyó durante 15 minutos la sentencia.
La mueca de decepción fue haciéndose cada vez más notable en el rostro del embajador español en el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález San Martín, único representante de la parte demandante en el tribunal, en ausencia de los abogados del Estado y de los líderes de las asociaciones de víctimas, que sí acudieron en cambio a la audiencia de marzo. A Estrasburgo vino el Estado español buscando sentido común y Justicia pero lo que recibió fue una retahíla de tecnicismos y jurisprudencias con las que la corte dio la razón a los caros abogados británicos contratados por Sortu para representar los intereses de Del Río.
Agitando la bandera de la protección contra la arbitrariedad y bien apoyados por los colectivos abertzales que vienen haciendo una ingente labor de lobby en diferentes organismos de Estrasburgo, los abogados de la etarra lograron hace siete meses convencer al TEDH, provocando de este modo una previsible avalancha de excarcelaciones que afecta a 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno de los cuales está condenado por 74 violaciones).
" ¿Es igual un asesinato que 132?", les había inquirido el letrado español Isaac Salama en marzo cuando cada parte expuso sus razones. En el texto de la sentencia, el Alto Tribunal -del cual sólo dos miembros acudieron a la lectura del fallo- no responde a esa pregunta, sino que avala la tesis de su sala tercera argumentando que "con Inés del Río se había producido una aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de la nueva interpretación jurídica del cálculo de las redenciones de condena".
El fallo, que es definitivo y no puede ser objeto de recurso, pide -con 16 votos contra 1-, la excarcelación de la miembro de ETA, y considera -por unanimidad- que España vulneró el artículo 5.1 (Derecho a la libertad y a la seguridad) y -por 15 votos contra 2- el artículo 7 (No hay pena sin ley) del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Las claves de la sentencia
Declara por 15 votos contra 2 que ha habido una violación del artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Declara, por unanimidad, que desde el 03 de julio 2008 la detención de la demandante (Inés del Río) no ha sido "legal", en violación del artículo 5.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Sostiene, por 16 votos contra 1, que el Estado demandado debe asegurarse de que el solicitante sea liberado a la mayor brevedad posible
Sostiene por 10 votos contra 7 que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los tres próximos meses, 30.000 euros más cualquier impuesto que se le deba añadir.
Declara, por unanimidad, que el Estado demandado debe abonar al demandante, dentro de los próximos tres meses, 1.500 euros más cualquier impuesto que pueda ser debido a la demandante, en concepto de costas y gastos
Declara, por unanimidad, que si expira el plazo de tres meses a, los importes indicados en los apartados 4 y 5 se les abonará un interés similar a la tasa marginal de crédito del Banco Central, incrementado en tres puntos porcentuales
Inés del Río y otros 60 etarras con múltiples delitos de sangre saldrán a la calle en breve tras haber cumplido apenas un año de cárcel por cada asesinato cometido, si el gobierno de Mariano Rajoy acata la sentencia del TEDH, que ha desestimado el recurso presentado en marzo por el Estado español en defensa de la 'doctrina Parot'.
La sentencia ha establecido que la doctrina Parot, con la que se ha alargado la permanencia en prisión de decenas de etarras y otros condenados, no se puede aplicar por hechos cometidos antes de 1995. El tribunal con sede en Estrasburgo considera que lo contrario supone una aplicación retroactiva de la Ley y, por lo tanto, vulnera los derechos fundamentales de los presos.
El ex secretario de Estado de Justicia, Luis López Guerra, representante español en la Gran Cámara del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha votado a favor de condenar a España y de imponer el pago de una indemnización de 30.000 euros a la etarra, por los daños morales sufridos.
El magistrado, que ha repetido como representante de España en las deliberaciones llevadas a cabo y que ya suscribió la primera condena, en julio de 2012, no ha avalado ninguno de los tres votos particulares disidentes firmados por siete de los jueces integrantes del tribunal, los representantes de Liechtenstein, Austria, Irlanda, Bélgica, Moldavia, Reino Unido y Bosnia Herzegovina.
Tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional, todos ellos con varias resoluciones pendientes de dictar que podrían verse afectadas por la sentencia del TEDH han expresado cautela en espera de conocer la letra pequeña de la resolución, que en todo caso deberá ser estudiada caso por caso y no tendrá una aplicación automática.
En principio, la sentencia hecha pública por la Gran Sala del TEDH afecta únicamente a Inés del Río, si bien la doctrina que se adopte tendrá consecuencias, si sus representaciones legales así lo solicitan, respecto del resto de integrantes de la banda en la misma situación y de otros presos a los que se les ha aplicado, que son violadores reincidentes, asesinos en serie o narcotraficantes.
La Audiencia Nacional ha convocado un pleno extraordinario este martes a las 09.15 horas para tratar la sentencia de Estrasburgo. El pleno lo ha convocado el presidente de la Sala de lo Penal, Fernando Grande Marlaska, tras la petición de algunos magistrados.
Con este fallo, la Gran Sala del Alto Tribunal confirma el veredicto emitido por su sala tercera en julio 2012, que ordenaba poner en libertad a la demandante Inés del Río Prada, terrorista vasca condenada a 3.828 años de cárcel por 24 asesinatos, y da la puntilla definitiva a la doctrina Parot, establecida por el Tribunal Supremo en 2006 para que los delincuentes condenados por delitos graves pasen el tiempo máximo legal de estancia en prisión, que en el caso de Inés del Río eran 30 años.
Dicha jurisprudencia obligaba a descontar los beneficios penitenciarios de cada una de las penas y no del máximo de cumplimiento efectivo. Sin embargo, el TEDH considera que vulnera el artículo 7 del Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos al Derecho a la Libertad y a la seguridad y que infringe el artículo 7 referido a que no puede haber condenada si no existe ley previa.
"La justicia criminal es competencia de cada país miembro", habían sentenciado anteriormente los jueces de Estrasburgo en los sumarios de Kafkaris contra Chipre o de Hogben contra el Reino Unido. Y a esa aplicación de la propia jurisprudencia se aferraban los abogados del Estado español y los dirigentes de las principales asociaciones de víctimas, presentes todos este lunes en el Palais des Droits Humains cuando el presidente de la Gran Sala, el luxemburgués Dean Spielmann, leyó durante 15 minutos la sentencia.
La mueca de decepción fue haciéndose cada vez más notable en el rostro del embajador español en el Consejo de Europa, Fernando Alvargonzález San Martín, único representante de la parte demandante en el tribunal, en ausencia de los abogados del Estado y de los líderes de las asociaciones de víctimas, que sí acudieron en cambio a la audiencia de marzo. A Estrasburgo vino el Estado español buscando sentido común y Justicia pero lo que recibió fue una retahíla de tecnicismos y jurisprudencias con las que la corte dio la razón a los caros abogados británicos contratados por Sortu para representar los intereses de Del Río.
Agitando la bandera de la protección contra la arbitrariedad y bien apoyados por los colectivos abertzales que vienen haciendo una ingente labor de lobby en diferentes organismos de Estrasburgo, los abogados de la etarra lograron hace siete meses convencer al TEDH, provocando de este modo una previsible avalancha de excarcelaciones que afecta a 54 terroristas de ETA, 7 del GRAPO, 1 del GAL y 14 presos comunes (uno de los cuales está condenado por 74 violaciones).
" ¿Es igual un asesinato que 132?", les había inquirido el letrado español Isaac Salama en marzo cuando cada parte expuso sus razones. En el texto de la sentencia, el Alto Tribunal -del cual sólo dos miembros acudieron a la lectura del fallo- no responde a esa pregunta, sino que avala la tesis de su sala tercera argumentando que "con Inés del Río se había producido una aplicación retroactiva y, por tanto, errónea de la nueva interpretación jurídica del cálculo de las redenciones de condena".
Al físico Emilio Lora-Tamayo le ha tocado vivir y gestionar como presidente la crisis más aguda que se recuerda del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), con un agujero presupuestario que ha puesto al borde del colapso a la mayor institución científica en España. El rescate ha llegado, in extremis, en forma de 70 millones, aprobados la semana pasada, que se suman a otros 25 del pasado julio. “O me llegaba el dinero en el mes de octubre o entrábamos en quiebra técnica”, afirma Lora-Tamayo en su despacho, en la sede central del CSIC. ¿Y ahora? “No es que tengamos un escenario boyante, por supuesto, y nos hace falta austeridad y prudencia en el gasto, pero ya no es lo de este año, que estábamos en una situación que no salíamos...”.
Lora-Tamayo (Madrid, 1950), conoce bien la institución de la que ya fue presidente, entre 2003 y 2004, y sabía lo que afrontaba cuando aceptó repetir en el cargo, al llegar el Gobierno de Rajoy, con un escenario presupuestario crítico. Pero estos casi 22 meses transcurridos han debido ser muy complicados, con la deriva presupuestaria continuada, con la incertidumbre y el desconcierto de las 11.500 personas que trabajan en el CSIC y con protestas constantes contra los recortes en I+D.
Pregunta. ¿En qué van a notar los investigadores del CSIC el crédito de 70 millones?
“O me llegaba el dinero en octubre o entrábamos en quiebra técnica”
Respuesta. En que verán al presidente con una cara más relajada. Y en que tendrán la seguridad de que cubrimos el año, que hemos evitado la quiebra técnica. Quiero destacar la total receptividad por parte del ministerio [Economía y Competitividad]: se nos hicieron unas promesas y se han ido cumpliendo puntualmente en tiempo y cuantía. Así que ahora llegaremos a final de año sin ningún problema, con déficit cero y, lo más importante, con un aumento, para 2014, de 50 millones de las transferencias que recibimos del ministerio. Estos dos elementos, y el Plan de Viabilidad del CSIC, nos colocan en un escenario bastante más claro.
P. ¿Qué agujeros van a tapar esos 70 millones?
R. Se va a completar la dotación de crédito que se ha venido haciendo a los institutos desde la resolución del 4 de julio, cuando se les dotó de 50 millones... luego en septiembre fueron otros 25, y 25 más en septiembre y en octubre. Además, hay una bolsa de contingencia para atender casos en que la dotación no llega. Para cubrir este semestre los proyectos de investigación nos faltaban unos 15 millones. Por otro lado, se dedica el dinero al funcionamiento operativo de la institución.
P. Para muchos investigadores lo del 4 de julio fue un corralito en que se les limitó el gasto de los fondos que ellos habían obtenido en proyectos fuera del CSIC, contratos, etcétera...
R. La situación es la que es y en aquel momento, las disponibilidades de crédito no permitían más que esos 50 millones. Si no hubiéramos tomado la resolución de racionalizar el gasto, o racionarlo, corríamos el riesgo de que el primero que pidiera el dinero se llevara la mayor parte y no quedara para el que pidiera después. Sabíamos que con los 50 millones no cubríamos todas las necesidades de los proyectos, pero a la vez abrimos una bolsa de contingencia para que los científicos pudieran solicitar el dinero determinante para no paralizar un proyecto de investigación o no incurrir en penalizaciones... Es que, desde 2009, empezaron a reducirse los presupuestos del CSIC, pero continuaron una serie de programas de inversión propia que generan un gasto. Desde el principio advertimos que se estaba agotando ese dinero. Cortamos esos programas, pero arrastramos los compromisos y eso es lo que ha horadado la capacidad del CSIC.
“No es automático que la gente que se forma aquí tenga que quedarse aquí”
P. Así, se suspendieron, en 2012, las convocatorias de contratos del programa del CSCI JAE (Junta de Ampliación de Estudios). ¿Hasta cuándo?
R. Hasta que haya un presupuesto que cubra ese programa. Nunca lo ha ha habido. El programa JAE me parece una iniciativa excelente que complementa los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal del ministerio... pero mientras no tengamos una financiación específica para ello... La última resolución de contratos JAE de doctores fue en noviembre de 2011, fueron unos 100.
P. ¿Cómo afecta al CSIC el retraso de 10 meses de la convocatoria de proyectos del Plan Estatal?
R. El ministerio me dice que es inminente la convocatoria y no tengo por qué no creerlo. Si se hace ahora la convocatoria no se resolverá hasta mayo o junio, y también me aseguran que no significa que no se haga la de 2014. Esto que todo el mundo da por sentado de que nos tragamos una convocatoria, yo no lo doy por sentado, nadie me ha dicho que será así y lo he preguntado explícitamente. Pero lo que vaya a pasar... no soy yo quien tiene que decidir.
P. ¿Cuántas plazas se convocarán para el CSIC en 2014?
R. Serán plazas de empleo público de 2014. Lo que esta en la Ley de Presupuestos, un año más, es que al CSIC (a todos los organismos públicos de investigación) nos permiten un 10% de la tasa neta de reposición. No es gran cosa, pero para mí tiene un valor testimonial: a pesar de la situación, el Gobierno nos identifica como algo que hay que potenciar.
P. Con una plaza por cada 10 que se jubilan y sin contratos JAE, ¿no está el CSIC pegándose un tiro en un pie? Con menos investigadores habrá menos proyectos y contratos industriales.
“Yo no doy por hecho que nos traguemos un año de Plan Nacional”
R. Sí, está disminuyendo la capacidad de captación de proyectos. Pero se trata ahora de afinar más la puntería —hablando de tiros— y poder fichar, con los pocos elementos que tengamos, a los excelentes. Estamos todos deseando tener más capacidad de recursos humanos, pero tiene que estar muy definida y ser muy excelente. Por eso, cuando me dicen que se va la gente que hemos formado aquí... Es muy importante que los científicos salgan y cuando uno es buen investigador se lo rifan. Lo que necesitamos es tener oportunidades suficientes para, si no ahora, en el momento en que se pueda, recaptar, perdón captar, la mejor excelencia que haya. No es automático que la gente que se ha formado aquí tenga que quedarse aquí a trabajar. La gente tiene que formarse y nosotros, poder captar lo mejor que haya en cada momento, que a lo mejor no son los mismos... una parte de ellos sí, y otros no.
P. Un centenar de directores de centros del CSIC han firmado los cuatro puntos de la Carta por la ciencia sobre recuperación de la inversión de 2008, no a la tasa de reposición del 10%, creación de la Agencia Estatal de Investigación... ¿Qué opina?
R. Todo el mundo puede estar bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen ahí, con matices... Yo no estoy tan de acuerdo con la canalización, a través de una carta. En el caso de los directores, se han adherido a título personal. Los directores son delegados del presidente en los centros, por tanto, están expresando su opinión personal...
P. ¿Le parece bien recuperar la inversión de 2008?
R. ¿A quién no le va a parecer bien? Pero eso de que sea “quiero un tercio ahora y otro tercio el año que viene...”. No, mira la situación cómo es.
Lora-Tamayo (Madrid, 1950), conoce bien la institución de la que ya fue presidente, entre 2003 y 2004, y sabía lo que afrontaba cuando aceptó repetir en el cargo, al llegar el Gobierno de Rajoy, con un escenario presupuestario crítico. Pero estos casi 22 meses transcurridos han debido ser muy complicados, con la deriva presupuestaria continuada, con la incertidumbre y el desconcierto de las 11.500 personas que trabajan en el CSIC y con protestas constantes contra los recortes en I+D.
Pregunta. ¿En qué van a notar los investigadores del CSIC el crédito de 70 millones?
“O me llegaba el dinero en octubre o entrábamos en quiebra técnica”
Respuesta. En que verán al presidente con una cara más relajada. Y en que tendrán la seguridad de que cubrimos el año, que hemos evitado la quiebra técnica. Quiero destacar la total receptividad por parte del ministerio [Economía y Competitividad]: se nos hicieron unas promesas y se han ido cumpliendo puntualmente en tiempo y cuantía. Así que ahora llegaremos a final de año sin ningún problema, con déficit cero y, lo más importante, con un aumento, para 2014, de 50 millones de las transferencias que recibimos del ministerio. Estos dos elementos, y el Plan de Viabilidad del CSIC, nos colocan en un escenario bastante más claro.
P. ¿Qué agujeros van a tapar esos 70 millones?
R. Se va a completar la dotación de crédito que se ha venido haciendo a los institutos desde la resolución del 4 de julio, cuando se les dotó de 50 millones... luego en septiembre fueron otros 25, y 25 más en septiembre y en octubre. Además, hay una bolsa de contingencia para atender casos en que la dotación no llega. Para cubrir este semestre los proyectos de investigación nos faltaban unos 15 millones. Por otro lado, se dedica el dinero al funcionamiento operativo de la institución.
P. Para muchos investigadores lo del 4 de julio fue un corralito en que se les limitó el gasto de los fondos que ellos habían obtenido en proyectos fuera del CSIC, contratos, etcétera...
R. La situación es la que es y en aquel momento, las disponibilidades de crédito no permitían más que esos 50 millones. Si no hubiéramos tomado la resolución de racionalizar el gasto, o racionarlo, corríamos el riesgo de que el primero que pidiera el dinero se llevara la mayor parte y no quedara para el que pidiera después. Sabíamos que con los 50 millones no cubríamos todas las necesidades de los proyectos, pero a la vez abrimos una bolsa de contingencia para que los científicos pudieran solicitar el dinero determinante para no paralizar un proyecto de investigación o no incurrir en penalizaciones... Es que, desde 2009, empezaron a reducirse los presupuestos del CSIC, pero continuaron una serie de programas de inversión propia que generan un gasto. Desde el principio advertimos que se estaba agotando ese dinero. Cortamos esos programas, pero arrastramos los compromisos y eso es lo que ha horadado la capacidad del CSIC.
“No es automático que la gente que se forma aquí tenga que quedarse aquí”
P. Así, se suspendieron, en 2012, las convocatorias de contratos del programa del CSCI JAE (Junta de Ampliación de Estudios). ¿Hasta cuándo?
R. Hasta que haya un presupuesto que cubra ese programa. Nunca lo ha ha habido. El programa JAE me parece una iniciativa excelente que complementa los contratos Juan de la Cierva y Ramón y Cajal del ministerio... pero mientras no tengamos una financiación específica para ello... La última resolución de contratos JAE de doctores fue en noviembre de 2011, fueron unos 100.
P. ¿Cómo afecta al CSIC el retraso de 10 meses de la convocatoria de proyectos del Plan Estatal?
R. El ministerio me dice que es inminente la convocatoria y no tengo por qué no creerlo. Si se hace ahora la convocatoria no se resolverá hasta mayo o junio, y también me aseguran que no significa que no se haga la de 2014. Esto que todo el mundo da por sentado de que nos tragamos una convocatoria, yo no lo doy por sentado, nadie me ha dicho que será así y lo he preguntado explícitamente. Pero lo que vaya a pasar... no soy yo quien tiene que decidir.
P. ¿Cuántas plazas se convocarán para el CSIC en 2014?
R. Serán plazas de empleo público de 2014. Lo que esta en la Ley de Presupuestos, un año más, es que al CSIC (a todos los organismos públicos de investigación) nos permiten un 10% de la tasa neta de reposición. No es gran cosa, pero para mí tiene un valor testimonial: a pesar de la situación, el Gobierno nos identifica como algo que hay que potenciar.
P. Con una plaza por cada 10 que se jubilan y sin contratos JAE, ¿no está el CSIC pegándose un tiro en un pie? Con menos investigadores habrá menos proyectos y contratos industriales.
“Yo no doy por hecho que nos traguemos un año de Plan Nacional”
R. Sí, está disminuyendo la capacidad de captación de proyectos. Pero se trata ahora de afinar más la puntería —hablando de tiros— y poder fichar, con los pocos elementos que tengamos, a los excelentes. Estamos todos deseando tener más capacidad de recursos humanos, pero tiene que estar muy definida y ser muy excelente. Por eso, cuando me dicen que se va la gente que hemos formado aquí... Es muy importante que los científicos salgan y cuando uno es buen investigador se lo rifan. Lo que necesitamos es tener oportunidades suficientes para, si no ahora, en el momento en que se pueda, recaptar, perdón captar, la mejor excelencia que haya. No es automático que la gente que se ha formado aquí tenga que quedarse aquí a trabajar. La gente tiene que formarse y nosotros, poder captar lo mejor que haya en cada momento, que a lo mejor no son los mismos... una parte de ellos sí, y otros no.
P. Un centenar de directores de centros del CSIC han firmado los cuatro puntos de la Carta por la ciencia sobre recuperación de la inversión de 2008, no a la tasa de reposición del 10%, creación de la Agencia Estatal de Investigación... ¿Qué opina?
R. Todo el mundo puede estar bastante de acuerdo con muchas de las cosas que se dicen ahí, con matices... Yo no estoy tan de acuerdo con la canalización, a través de una carta. En el caso de los directores, se han adherido a título personal. Los directores son delegados del presidente en los centros, por tanto, están expresando su opinión personal...
P. ¿Le parece bien recuperar la inversión de 2008?
R. ¿A quién no le va a parecer bien? Pero eso de que sea “quiero un tercio ahora y otro tercio el año que viene...”. No, mira la situación cómo es.
Los abogados de Inés del Río procederán en las próximas horas y días a realizar los trámites legales necesarios para reclamar la liberación inmediata de otros 55 presos de ETA afectados por la 'doctrina Parot' que, tras el pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en contra de su aplicación, estos letrados han dado por "muerta".
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Amaia Izko y Ainhoa Baglietto, como portavoces del equipo de abogados de Inés del Río, han señalado que ya han pedido la puesta en libertad de su defendida, así como de Antton Troitiño. Posteriormente, reclamarán la puesta en libertad de otras 54 personas que, "tras haber cumplido íntegramente sus condenas, están en prisión de forma injusta".
Según han explicado, este martes se reunirá el pleno de jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una reunión en la que "sólo pueden acordar poner en libertad a Inés del Río mañana mismo". "Desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento", han asegurado.
Preguntadas por cómo ha recibido la noticia la presa de ETA, han señalado que está "feliz" por la decisión del TEDH, pero han lamentado que "es una buena noticia que llega demasiado tarde, ya que el caso concreto de Inés se viene denunciando desde 2008".
"ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN"
En la comparecencia ante los periodistas, Amaia Izko ha manifestado su "alegría y satisfacción" por la resolución del TEDH, que pone de manifiesto que "lo que está en suspenso en el Estado español son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y hoy se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".
Según han indicado, lo que constata la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es que ha habido "una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español, que ha habido una quiebra del Estado de derecho" y que esas dos premisas "han sido y son las bases de su política antiterrorista".
"Ahora, lo que han de hacer es cumplir la sentencia, ya que no existe ningún margen jurídico para no cumplirla. Toca poner en libertad a quienes se ha aplicado retroactivamente la doctrina 197/2006, conocida como 'doctrina Parot' y ponerlos en libertad inmediatamente", ha añadido.
En su opinión, "cada minuto que continúan en prisión es un minuto no sólo ya de vulneración, sino de absoluto desprecio de los derechos fundamentales, y en esa situación se encuentran 56 presos vascos cuya inmediata excarcelación" pedirán "a lo largo de las próximas horas y días".
"Alargamiento injusto de la condena"
Asimismo, ha apuntado que lo que dice el fallo del alto tribunal europeo es que "no se puede adoptar una interpretación contra reo sobre una pena y aplicarla retroactivamente, alargándola, porque esto supone un alargamiento injusto de la condena".
Tras señalar que es el final del camino de la 'doctrina Parot', han pedido al Gobierno del PP que "escuche a Estrasburgo y que acabe con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor".
Izko ha manifestado que, tras haber solicitado ya la libertad de Del Río y de Troitiño, pedirán en las próximas horas y días que se apruebe la fecha de "licenciamiento definitivo, ya rebasada, porque ya han cumplido sus condenas".
LISTADO DE PRESOS
Los presos que habrían cumplido ya sus condenas y a los que se les ha aplicado la denominada 'doctrina Parot' son, además de Inés del Río Prada, Jon Aginalde Urrestarazu, Iñigo Akaiturri Irazabal, Juan Carlos Arruti Aizpitarte, Joseba Artola Ibarretxe, Luis Mari Azkargorta Belategi, Bautista Barandalla Iriarte, Santos Berganza Zendegi, José Ángel Biguri Camino, Fernando del Olmo Vega, Juan Ignacio Delgado Goñi, Josu Díaz de Heredia Ruiz de Arbulu, Iñaki Erro Zazu, Jose Etxeberria Pascual, Elias Fernández Castañares e Iñaki Fernández de Larrinoa Pérez de Luko.
También se encuentran entre estos reclusos Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Mari Gabirondo Agote, Isidro Garalde Bedialauneta, Xabier Gordaraz ldaia, Patxi Gómez López, Manuel González Rodríguez, Iñaki Gonzalo Casal, Raúl Ibáñez Díez, Juan José Legorburu Gerediaga, Gotzone López de Luzuariaga, Antxon López Ruiz, Francisco Lujanbio Galdeano, José Ramón Martínez de la Fuente Intxaurregi, Jesús Mari Mendinueta Flores o Inmaculada Pacho Martin.
La lista prosigue con los presos Juan Manuel Piriz López, Kepa Rezabal Zurutza, Gonzalo Rodríguez Cordero, Germán Rubenach Roiz, Maitane Sagastume Arrieta, Jokin Sancho Biurrun, Kepa Solana Arrondo, Antton Troitiño Arranz, Txomin Troitiño Arranz, Mitxel Turrientes Ramírez, Jokin Urain Larrañaga, Iñaki Urdain Ziriza, Ramon Uribe Navarro, Jon Ander Urkizu Ormazabal y Maritxu Urkudun Etxenagusia.
Cierran la relación de 56 reclusos de ETA que podrían ser excarcelados con motivo de la sentencia del TEDH Gabriel Zabala Erazun, Jesús Mari Zabarte Arregi, José Félix Zabarte Jainaga, Juan José Zubieta Zubeldia e Iñaki Zugadi García.
"TRIQUIÑUELA LEGAL"
Preguntados por si pudiera haber algún tipo de "triquiñuela legal" para impedir que estos presos salieran a la calle, Amaia Izko ha manifestado que "no hay ningún margen jurídico para mantener a estas personas en prisión, una vez que el TEDH ha dicho que la aplicación, tal como se les está haciendo de la doctrina, es vulneradora de derechos fundamentales".
En este sentido, ha indicado que, si el Estado español no decreta la libertad de estos presos, se estará moviendo en "un terreno de vulneración, de desprecio de los derechos fundamentales, de desprecio del propio tribunal y en un terreno de fuera de juego de las reglas democráticas y de derecho".
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno inmovilice los 30.000 euros de indemnización que le corresponden a Inés del Río, según el TEDH, la letrada ha manifestado tener "serias dudas" de que eso se pueda hacer, por lo que tendrán que discutirlo, aunque ese dinero, "de ningún modo pueden compensar todos esos años de más pasados en prisión".
En una rueda de prensa celebrada en Bilbao, Amaia Izko y Ainhoa Baglietto, como portavoces del equipo de abogados de Inés del Río, han señalado que ya han pedido la puesta en libertad de su defendida, así como de Antton Troitiño. Posteriormente, reclamarán la puesta en libertad de otras 54 personas que, "tras haber cumplido íntegramente sus condenas, están en prisión de forma injusta".
Según han explicado, este martes se reunirá el pleno de jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en una reunión en la que "sólo pueden acordar poner en libertad a Inés del Río mañana mismo". "Desde el punto de vista jurídico, no hay margen para mantener su encarcelamiento", han asegurado.
Preguntadas por cómo ha recibido la noticia la presa de ETA, han señalado que está "feliz" por la decisión del TEDH, pero han lamentado que "es una buena noticia que llega demasiado tarde, ya que el caso concreto de Inés se viene denunciando desde 2008".
"ALEGRÍA Y SATISFACCIÓN"
En la comparecencia ante los periodistas, Amaia Izko ha manifestado su "alegría y satisfacción" por la resolución del TEDH, que pone de manifiesto que "lo que está en suspenso en el Estado español son los derechos fundamentales, los derechos humanos, y hoy se lo ha dicho el Tribunal de Estrasburgo alto y claro".
Según han indicado, lo que constata la sentencia del Tribunal de Estrasburgo es que ha habido "una vulneración de derechos fundamentales en el Estado español, que ha habido una quiebra del Estado de derecho" y que esas dos premisas "han sido y son las bases de su política antiterrorista".
"Ahora, lo que han de hacer es cumplir la sentencia, ya que no existe ningún margen jurídico para no cumplirla. Toca poner en libertad a quienes se ha aplicado retroactivamente la doctrina 197/2006, conocida como 'doctrina Parot' y ponerlos en libertad inmediatamente", ha añadido.
En su opinión, "cada minuto que continúan en prisión es un minuto no sólo ya de vulneración, sino de absoluto desprecio de los derechos fundamentales, y en esa situación se encuentran 56 presos vascos cuya inmediata excarcelación" pedirán "a lo largo de las próximas horas y días".
"Alargamiento injusto de la condena"
Asimismo, ha apuntado que lo que dice el fallo del alto tribunal europeo es que "no se puede adoptar una interpretación contra reo sobre una pena y aplicarla retroactivamente, alargándola, porque esto supone un alargamiento injusto de la condena".
Tras señalar que es el final del camino de la 'doctrina Parot', han pedido al Gobierno del PP que "escuche a Estrasburgo y que acabe con todas las medidas excepcionales hoy en día en vigor".
Izko ha manifestado que, tras haber solicitado ya la libertad de Del Río y de Troitiño, pedirán en las próximas horas y días que se apruebe la fecha de "licenciamiento definitivo, ya rebasada, porque ya han cumplido sus condenas".
LISTADO DE PRESOS
Los presos que habrían cumplido ya sus condenas y a los que se les ha aplicado la denominada 'doctrina Parot' son, además de Inés del Río Prada, Jon Aginalde Urrestarazu, Iñigo Akaiturri Irazabal, Juan Carlos Arruti Aizpitarte, Joseba Artola Ibarretxe, Luis Mari Azkargorta Belategi, Bautista Barandalla Iriarte, Santos Berganza Zendegi, José Ángel Biguri Camino, Fernando del Olmo Vega, Juan Ignacio Delgado Goñi, Josu Díaz de Heredia Ruiz de Arbulu, Iñaki Erro Zazu, Jose Etxeberria Pascual, Elias Fernández Castañares e Iñaki Fernández de Larrinoa Pérez de Luko.
También se encuentran entre estos reclusos Nicolás Francisco Rodríguez, Juan Mari Gabirondo Agote, Isidro Garalde Bedialauneta, Xabier Gordaraz ldaia, Patxi Gómez López, Manuel González Rodríguez, Iñaki Gonzalo Casal, Raúl Ibáñez Díez, Juan José Legorburu Gerediaga, Gotzone López de Luzuariaga, Antxon López Ruiz, Francisco Lujanbio Galdeano, José Ramón Martínez de la Fuente Intxaurregi, Jesús Mari Mendinueta Flores o Inmaculada Pacho Martin.
La lista prosigue con los presos Juan Manuel Piriz López, Kepa Rezabal Zurutza, Gonzalo Rodríguez Cordero, Germán Rubenach Roiz, Maitane Sagastume Arrieta, Jokin Sancho Biurrun, Kepa Solana Arrondo, Antton Troitiño Arranz, Txomin Troitiño Arranz, Mitxel Turrientes Ramírez, Jokin Urain Larrañaga, Iñaki Urdain Ziriza, Ramon Uribe Navarro, Jon Ander Urkizu Ormazabal y Maritxu Urkudun Etxenagusia.
Cierran la relación de 56 reclusos de ETA que podrían ser excarcelados con motivo de la sentencia del TEDH Gabriel Zabala Erazun, Jesús Mari Zabarte Arregi, José Félix Zabarte Jainaga, Juan José Zubieta Zubeldia e Iñaki Zugadi García.
"TRIQUIÑUELA LEGAL"
Preguntados por si pudiera haber algún tipo de "triquiñuela legal" para impedir que estos presos salieran a la calle, Amaia Izko ha manifestado que "no hay ningún margen jurídico para mantener a estas personas en prisión, una vez que el TEDH ha dicho que la aplicación, tal como se les está haciendo de la doctrina, es vulneradora de derechos fundamentales".
En este sentido, ha indicado que, si el Estado español no decreta la libertad de estos presos, se estará moviendo en "un terreno de vulneración, de desprecio de los derechos fundamentales, de desprecio del propio tribunal y en un terreno de fuera de juego de las reglas democráticas y de derecho".
Respecto a la posibilidad de que el Gobierno inmovilice los 30.000 euros de indemnización que le corresponden a Inés del Río, según el TEDH, la letrada ha manifestado tener "serias dudas" de que eso se pueda hacer, por lo que tendrán que discutirlo, aunque ese dinero, "de ningún modo pueden compensar todos esos años de más pasados en prisión".
Los análisis toxicológicos realizados a la niña Asunta Basterra Porto han revelado que estaba siendo sedada, con picos elevados el pasado mes de julio y en las horas previas a su muerte, que se produjo el pasado 21 de septiembre.
El avance del examen que se ha efectuado del pelo de la menor revela qué drogas ha podido tomar la víctima y si el consumo era ocasional o de continuo, según han informado a EFE fuentes de la investigación, que han indicado que en los tres meses anteriores al crimen la pequeña de 12 años consumía un ansiolítico, Lorazepam.
Lorazepam es un tranquilizante de la familia de los benzodiazepínicos cuya marca comercial más conocida es Orfidal, un fármaco que se utiliza para tratar estados de ansiedad y siempre bajo prescripción médica.
Las concentraciones más elevadas que se han observado en el pelo de Asunta Basterra se sitúan al inicio del verano, cuando dos profesoras de la víctima se percataron de sus estados de somnolencia, y en la jornada en la que murió, cuando se da el registro más llamativo, pues la dosis fue extrema y prácticamente letal.
La pediatra de la niña ha declarado en la instrucción que Asunta Basterra no era alérgica, frente a lo manifestado por sus padres, que contaron en su día a los docentes que por su condición de alérgica debía tomar una "fuerte medicación" que la dejaba aturdida.
La imputación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de la niña hallada muerta en una pista forestal en la madrugada del pasado 22 de septiembre, se ha elevado de homicidio a asesinato casi un mes después de que se localizase su cuerpo sin vida, al apreciar que existió premeditación en el crimen.
El magistrado instructor, José Antonio Vázquez Taín, ya había anunciado el día en el que les imputó que podría cambiar el cargo en cuanto tuviese las conclusiones de los mencionados exámenes, en función de si hubo o no premeditación.
El fiscal asignado al caso, Jorge Fernández de Aránguiz, "tras hacer un relato de los hechos" los ha calificado hoy de asesinato, "al entender que existen las agravantes de alevosía y parentesco".
El juez ha citado esta mañana a los acusados para poner en marcha el trámite legal contemplado en todo proceso que se dirime por un jurado popular.
Después de la comparecencia, tanto el magistrado como los imputados y sus respectivos abogados se han desplazado a la casa familiar de Teo (A Coruña), situada a escasos kilómetros del talud en el que dos viandantes hallaron el cadáver de la niña, para efectuar un nuevo registro orientado a "recoger algunos objetos".
La casa ya ha sido inspeccionada en otras dos ocasiones, la primera en las horas posteriores al crimen, y en su interior se halló una cuerda anaranjada como la que apareció junto al cuerpo sin vida de Asunta.
Los estudios sobre la composición química han permitido comprobar que las fibras de los cordeles encontrados junto al cadáver de Asunta y las del rollo localizado en ese registro son coincidentes.
El segundo registro de la casa se hizo tres días después y tras el mismo se ordenó detener a Alfonso Basterra, después de que Rosario Porto fuese arrestada antes, justo al finalizar la ceremonia de cremación de Asunta.
Los imputados han vuelto este viernes a la casa de Teo con motivo de un nuevo registro, al que no podían negarse a asistir, como hicieron el pasado 4 de octubre, siguiendo el consejo de sus respectivos letrados, cuando fueron citados para una reconstrucción.
Hoy los agentes se han llevado de la vivienda bolsas con objetos y al lugar han acudido un electricista y un cerrajero.
Fuentes de la investigación han dicho a Efe que existen varias "pistas falsas" que alguien ha ido dejando para que la muerte de Asunta pareciese otra cosa, por ejemplo, un posible secuestro, una hipótesis que esta semana adelantaba el periódico El País.
Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de la pequeña de 12 años, se encuentra en la prisión coruñesa de Teixeiro desde el pasado 27 de septiembre y esta mañana fueron conducidos a Santiago de Compostela para escuchar sus imputaciones.
El avance del examen que se ha efectuado del pelo de la menor revela qué drogas ha podido tomar la víctima y si el consumo era ocasional o de continuo, según han informado a EFE fuentes de la investigación, que han indicado que en los tres meses anteriores al crimen la pequeña de 12 años consumía un ansiolítico, Lorazepam.
Lorazepam es un tranquilizante de la familia de los benzodiazepínicos cuya marca comercial más conocida es Orfidal, un fármaco que se utiliza para tratar estados de ansiedad y siempre bajo prescripción médica.
Las concentraciones más elevadas que se han observado en el pelo de Asunta Basterra se sitúan al inicio del verano, cuando dos profesoras de la víctima se percataron de sus estados de somnolencia, y en la jornada en la que murió, cuando se da el registro más llamativo, pues la dosis fue extrema y prácticamente letal.
La pediatra de la niña ha declarado en la instrucción que Asunta Basterra no era alérgica, frente a lo manifestado por sus padres, que contaron en su día a los docentes que por su condición de alérgica debía tomar una "fuerte medicación" que la dejaba aturdida.
La imputación que pesa sobre Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres de la niña hallada muerta en una pista forestal en la madrugada del pasado 22 de septiembre, se ha elevado de homicidio a asesinato casi un mes después de que se localizase su cuerpo sin vida, al apreciar que existió premeditación en el crimen.
El magistrado instructor, José Antonio Vázquez Taín, ya había anunciado el día en el que les imputó que podría cambiar el cargo en cuanto tuviese las conclusiones de los mencionados exámenes, en función de si hubo o no premeditación.
El fiscal asignado al caso, Jorge Fernández de Aránguiz, "tras hacer un relato de los hechos" los ha calificado hoy de asesinato, "al entender que existen las agravantes de alevosía y parentesco".
El juez ha citado esta mañana a los acusados para poner en marcha el trámite legal contemplado en todo proceso que se dirime por un jurado popular.
Después de la comparecencia, tanto el magistrado como los imputados y sus respectivos abogados se han desplazado a la casa familiar de Teo (A Coruña), situada a escasos kilómetros del talud en el que dos viandantes hallaron el cadáver de la niña, para efectuar un nuevo registro orientado a "recoger algunos objetos".
La casa ya ha sido inspeccionada en otras dos ocasiones, la primera en las horas posteriores al crimen, y en su interior se halló una cuerda anaranjada como la que apareció junto al cuerpo sin vida de Asunta.
Los estudios sobre la composición química han permitido comprobar que las fibras de los cordeles encontrados junto al cadáver de Asunta y las del rollo localizado en ese registro son coincidentes.
El segundo registro de la casa se hizo tres días después y tras el mismo se ordenó detener a Alfonso Basterra, después de que Rosario Porto fuese arrestada antes, justo al finalizar la ceremonia de cremación de Asunta.
Los imputados han vuelto este viernes a la casa de Teo con motivo de un nuevo registro, al que no podían negarse a asistir, como hicieron el pasado 4 de octubre, siguiendo el consejo de sus respectivos letrados, cuando fueron citados para una reconstrucción.
Hoy los agentes se han llevado de la vivienda bolsas con objetos y al lugar han acudido un electricista y un cerrajero.
Fuentes de la investigación han dicho a Efe que existen varias "pistas falsas" que alguien ha ido dejando para que la muerte de Asunta pareciese otra cosa, por ejemplo, un posible secuestro, una hipótesis que esta semana adelantaba el periódico El País.
Rosario Porto y Alfonso Basterra, los padres adoptivos de la pequeña de 12 años, se encuentra en la prisión coruñesa de Teixeiro desde el pasado 27 de septiembre y esta mañana fueron conducidos a Santiago de Compostela para escuchar sus imputaciones.
El cantante Manolo Escobar ha fallecido este jueves a los 82 años en Benidorm, según han confirmado fuentes cercanas al artista a TVE en Andalucía, tras estar hospitalizado varios días a consecuencia del cáncer que padecía desde 2010.
El artista almeriense, que acababa de cumplir los 82 años la semana pasada, el 19 de octubre, fue uno de los más importantes intérpretes de copla y canción española.
El cantante había estado ingresado en una clínica de la ciudad alicantina de Benidorm varias semanas, aunque fue dado de alta hace unos días y finalmente ha fallecido en su casa de este municipio. Había sido hospitalizado a consecuencia de una insuficiencia renal y un "pequeño" ictus.
Según ha explicado a Efe su sobrino y representante, Gabriel García, el cantante y actor ha fallecido este jueves por la mañana "dulcemente", "como durmiendo", en su casa, mientras hablaba con su familia y tras pasar dos días "magníficos", ha explicado a Efe su sobrino y representante, Gabriel García.
"Le dieron el alta anteayer y ha estado estos días estupendamente. Pero esta mañana, mientras estaba hablando con él normalmente, le ha dado una especie de crisis cardiorespiratoria y cada vez ha ido respirando más débilmente. Y se ha ido mientras yo le decía, 'pero, oye, padrino, escucha'", ha relatado emocionado.
La capilla ardiente con los restos mortales del artista se ha instlado esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benidorm, donde residía desde hace muchos años. Permanecerá abierta hasta el viernes a las 16.00 horas y, posteriormente, ya en la intimidad, se celebrará el funeral y el cuerpo del cantante será incinerado, según ha explicado su representante.
En Badalona, las dos banderas de la ciudad en el edificio consistorial ondean a media asta desde que se ha conocido el fallecimiento del cantante, que vivió de joven en esta localidad barcelonesa junto a su familia.
Problemas de salud
El artista había cancelado el pasado septiembre todos sus compromisos familiares. Su representante explicó que suspendía las actuaciones para el resto de 2013 debido a una recaída en su cáncer que le iba a obligar a incrementar su tratamiento de quimioterapia. Tras ese anuncio, el cantante se despi
En anteriores ocasiones el artista estuvo alejado de los escenarios por problemas de salud. Así, en el año 2002, fue operado de la válvula aórtica con la implantación de dos 'bypass' coronarios, en 2010 se le detectó el cáncer de colón del que había recaído y en 2012 sufrió una fractura de cadera.
Según su sobrino, el artista había celebrado el pasado sábado, su 82 cumpleaños y se encontraba "tan bien como para que le dieran el alta", aunque, ha precisado García, su tío estaba "muy, muy tocado ya".
"Hace dos años y medio le diagnosticaron un cáncer de colon, pero ya tenía metástasis en el pulmón y en el hígado. Con todo, los médicos dicen que ha sido todo un récord que haya resistido tanto".
"Ha sido un hombre muy feliz y muy querido", ha dicho la sobrina del artista, la periodista Ana García Lozano, a TVE.
Una dilatada carrera como cantante y actor
Conocido por títulos de tanto éxito como "Mi carro", "Viva España", "La minifalda" o "El porompompero", el artista grabó a lo largo de su carrera más de 70 discos y actuó en más de una veintena de películas.
Nacido en 1931, inició su carrera musical en 1955 y la mantuvo en activo prácticamente hasta su muerte. Escobar había emigrado con 14 años junto a sus hermanos, los guitarristas que al principio de su carrera le acompañaban en sus actuaciones, a Cataluña y vivió en Barcelona y Badalona hasta 1963.
Su carrera cinematográfica, que estuvo muy ligada a su faceta de cantante, comenzó en 1963 con la película Los guerrilleros y la concluyó en 1992 con Todo es posible en Granada, aunque 17 años después aparecería en un episodio de la serie de televisión Manos a la obra, en 1997.
El artista recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera, el último de ellos el pasado 8 de octubre, cuando el Gobierno catalán le otorgó la Medalla al Trabajo President Maciá, que se sumaba a la Medalla de Oro del Trabajo, que le concedió en 2011 el Gobierno de la nación. Este mismo jueves, a título póstumo el Ayuntamiento de Benidorm ha acordado otorgarle la Medalla de la Ciudad.
No sabía qué canciones de su repertorio le gustaban más, pero sí las que menos, porque era, explicaba medio en broma, las que cantaba todos los días: "Estoy hasta las narices de cantarlas 5.000 veces", en alusión al "Porompompero", "Mi carro", "La minifalda", "Viva España" y "Madrecita María del Carmen".
El artista almeriense, que acababa de cumplir los 82 años la semana pasada, el 19 de octubre, fue uno de los más importantes intérpretes de copla y canción española.
El cantante había estado ingresado en una clínica de la ciudad alicantina de Benidorm varias semanas, aunque fue dado de alta hace unos días y finalmente ha fallecido en su casa de este municipio. Había sido hospitalizado a consecuencia de una insuficiencia renal y un "pequeño" ictus.
Según ha explicado a Efe su sobrino y representante, Gabriel García, el cantante y actor ha fallecido este jueves por la mañana "dulcemente", "como durmiendo", en su casa, mientras hablaba con su familia y tras pasar dos días "magníficos", ha explicado a Efe su sobrino y representante, Gabriel García.
"Le dieron el alta anteayer y ha estado estos días estupendamente. Pero esta mañana, mientras estaba hablando con él normalmente, le ha dado una especie de crisis cardiorespiratoria y cada vez ha ido respirando más débilmente. Y se ha ido mientras yo le decía, 'pero, oye, padrino, escucha'", ha relatado emocionado.
La capilla ardiente con los restos mortales del artista se ha instlado esta tarde en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Benidorm, donde residía desde hace muchos años. Permanecerá abierta hasta el viernes a las 16.00 horas y, posteriormente, ya en la intimidad, se celebrará el funeral y el cuerpo del cantante será incinerado, según ha explicado su representante.
En Badalona, las dos banderas de la ciudad en el edificio consistorial ondean a media asta desde que se ha conocido el fallecimiento del cantante, que vivió de joven en esta localidad barcelonesa junto a su familia.
Problemas de salud
El artista había cancelado el pasado septiembre todos sus compromisos familiares. Su representante explicó que suspendía las actuaciones para el resto de 2013 debido a una recaída en su cáncer que le iba a obligar a incrementar su tratamiento de quimioterapia. Tras ese anuncio, el cantante se despi
En anteriores ocasiones el artista estuvo alejado de los escenarios por problemas de salud. Así, en el año 2002, fue operado de la válvula aórtica con la implantación de dos 'bypass' coronarios, en 2010 se le detectó el cáncer de colón del que había recaído y en 2012 sufrió una fractura de cadera.
Según su sobrino, el artista había celebrado el pasado sábado, su 82 cumpleaños y se encontraba "tan bien como para que le dieran el alta", aunque, ha precisado García, su tío estaba "muy, muy tocado ya".
"Hace dos años y medio le diagnosticaron un cáncer de colon, pero ya tenía metástasis en el pulmón y en el hígado. Con todo, los médicos dicen que ha sido todo un récord que haya resistido tanto".
"Ha sido un hombre muy feliz y muy querido", ha dicho la sobrina del artista, la periodista Ana García Lozano, a TVE.
Una dilatada carrera como cantante y actor
Conocido por títulos de tanto éxito como "Mi carro", "Viva España", "La minifalda" o "El porompompero", el artista grabó a lo largo de su carrera más de 70 discos y actuó en más de una veintena de películas.
Nacido en 1931, inició su carrera musical en 1955 y la mantuvo en activo prácticamente hasta su muerte. Escobar había emigrado con 14 años junto a sus hermanos, los guitarristas que al principio de su carrera le acompañaban en sus actuaciones, a Cataluña y vivió en Barcelona y Badalona hasta 1963.
Su carrera cinematográfica, que estuvo muy ligada a su faceta de cantante, comenzó en 1963 con la película Los guerrilleros y la concluyó en 1992 con Todo es posible en Granada, aunque 17 años después aparecería en un episodio de la serie de televisión Manos a la obra, en 1997.
El artista recibió varios reconocimientos a lo largo de su carrera, el último de ellos el pasado 8 de octubre, cuando el Gobierno catalán le otorgó la Medalla al Trabajo President Maciá, que se sumaba a la Medalla de Oro del Trabajo, que le concedió en 2011 el Gobierno de la nación. Este mismo jueves, a título póstumo el Ayuntamiento de Benidorm ha acordado otorgarle la Medalla de la Ciudad.
No sabía qué canciones de su repertorio le gustaban más, pero sí las que menos, porque era, explicaba medio en broma, las que cantaba todos los días: "Estoy hasta las narices de cantarlas 5.000 veces", en alusión al "Porompompero", "Mi carro", "La minifalda", "Viva España" y "Madrecita María del Carmen".
EN 'Sálvame' (Telecinco) Gustavo González revelaba la existencia de una supuesta hija secreta del cantante, posible beneficiaria, además, de la herencia en su testamento.
Al parecer, Manolo Escobar podría haber tenido una hija antes de casarse con Anita Marx, con quien ha pasado más de 50 años de matrimonio. Gustavo González revelaba, además, que el artista habría mantenido en secreto durante toda su vida la existencia de esta hija, aunque su familia, amigos más cercanos y parte del mundo de la música que le rodeó en vida sí sabía que el cantante había sido padre en su etapa como hombre soltero.
La hija secreta tendría el mismo apellido que su padre biológico 'García' [el nombre real de Manolo Escobar era Manolo García Escobar] pero no sería un detalle muy significativo ya que este apellido es muy común. El cantante y su hija habrían tenido una relación muy estrecha durante años. El periodista Gustavo González además añade que la cantante Lolita habría coincidido con la hija de Manolo, ya que supuestamente acompañaba al cantante a algunos actos, aunque la prensa no ha reparado en ella nunca.
El periodista de 'Sálvame' no ha dudado en afirmar que Manolo Escobar presentaba a esta chica dentro de su círculo más íntimo como su hija, aunque evitó en todo momento darla a conocer de manera pública. De la hija secreta, tan solo se sabe que está a punto de cumplir los 52 años, está casada y tiene dos hijos.
Gustavo González también quiso revelar en 'Sálvame' la escasa relación que mantenían en los últimos años de vida Manolo con su hija. Aún así asegura que estaría dentro del testamento, y si no fuera así sería ella misma la que pediría su parte correspondiente.
Al parecer, Manolo Escobar podría haber tenido una hija antes de casarse con Anita Marx, con quien ha pasado más de 50 años de matrimonio. Gustavo González revelaba, además, que el artista habría mantenido en secreto durante toda su vida la existencia de esta hija, aunque su familia, amigos más cercanos y parte del mundo de la música que le rodeó en vida sí sabía que el cantante había sido padre en su etapa como hombre soltero.
La hija secreta tendría el mismo apellido que su padre biológico 'García' [el nombre real de Manolo Escobar era Manolo García Escobar] pero no sería un detalle muy significativo ya que este apellido es muy común. El cantante y su hija habrían tenido una relación muy estrecha durante años. El periodista Gustavo González además añade que la cantante Lolita habría coincidido con la hija de Manolo, ya que supuestamente acompañaba al cantante a algunos actos, aunque la prensa no ha reparado en ella nunca.
El periodista de 'Sálvame' no ha dudado en afirmar que Manolo Escobar presentaba a esta chica dentro de su círculo más íntimo como su hija, aunque evitó en todo momento darla a conocer de manera pública. De la hija secreta, tan solo se sabe que está a punto de cumplir los 52 años, está casada y tiene dos hijos.
Gustavo González también quiso revelar en 'Sálvame' la escasa relación que mantenían en los últimos años de vida Manolo con su hija. Aún así asegura que estaría dentro del testamento, y si no fuera así sería ella misma la que pediría su parte correspondiente.
La investigación judicial está destapando todas las triquiñuelas que los Duques de Palma tejieron para seguir lucrándose, como la de reducir los beneficios declarados. Esto fue posible gracias a que la infanta Cristina firmó un contrato de alquiler en el que ella misma era arrendataria y arrendadora para generar gastos falsos de Aizoon y desviar fondos públicos de Nóos. Así figura en una inspección que la Agencia Tributaria ha aportado al juez del 'caso Nóos' y que publica esta semana 'El Mundo'. De esta manera los Duques hicieron creer a Hacienda que tenían alquilado su palacete de Pedralbes cuando este jamás ha albergado despacho profesional alguno.
Esta obra de ingeniería financiera les permitía pagar menos impuestos al reducir considerablemente los beneficios declarados. El rotativo detalla que Cristina de Borbón se sirvió de esta argucia para desviarse a sus bolsillos 30.747 euros públicos procedentes del Instituto Nóos que, junto a su marido, había colocado previamente en Aizoon mediante la emisión de facturas falsas por servicios inexistentes. Gracias a esta treta, la hija del Rey, además de defraudar impuestos, habría cobrado de su sociedad 6.000 euros en 2006, 6.180 euros en 2007, 6.444 euros en 2008, 3.828 y 3.300 euros en 2009 declarados por separado, y 4.995 en 2010.
Vistos los movimientos, la Agencia Tributaria califica a la entidad Aizoon de "mera sociedad instrumental" del matrimonio y demostraría la participación directa y consciente de Cristina de Borbón en el fraude fiscal tumbando las justificaciones de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña para exonerar por completo a Cristina de Borbón de la comisión de los delitos fiscales en Aizoon. En concreto señala que "para ser partícipe en un delito contra la Hacienda pública se requiere una previa participación consciente dirigida a la defraudación a la Hacienda pública". Según "Bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos".
Un hecho que choca con la documentación revelada y por la que Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón firman tanto como "arrendadores" como en calidad de "arrendatarios". El juez Castro deberá volver a decidir si decide imputar
a la Infanta.
Esta obra de ingeniería financiera les permitía pagar menos impuestos al reducir considerablemente los beneficios declarados. El rotativo detalla que Cristina de Borbón se sirvió de esta argucia para desviarse a sus bolsillos 30.747 euros públicos procedentes del Instituto Nóos que, junto a su marido, había colocado previamente en Aizoon mediante la emisión de facturas falsas por servicios inexistentes. Gracias a esta treta, la hija del Rey, además de defraudar impuestos, habría cobrado de su sociedad 6.000 euros en 2006, 6.180 euros en 2007, 6.444 euros en 2008, 3.828 y 3.300 euros en 2009 declarados por separado, y 4.995 en 2010.
Vistos los movimientos, la Agencia Tributaria califica a la entidad Aizoon de "mera sociedad instrumental" del matrimonio y demostraría la participación directa y consciente de Cristina de Borbón en el fraude fiscal tumbando las justificaciones de la Fiscalía Anticorrupción, la Abogacía del Estado y la Delegación de la Agencia Tributaria de Cataluña para exonerar por completo a Cristina de Borbón de la comisión de los delitos fiscales en Aizoon. En concreto señala que "para ser partícipe en un delito contra la Hacienda pública se requiere una previa participación consciente dirigida a la defraudación a la Hacienda pública". Según "Bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado, o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos".
Un hecho que choca con la documentación revelada y por la que Iñaki Urdangarin y Cristina de Borbón firman tanto como "arrendadores" como en calidad de "arrendatarios". El juez Castro deberá volver a decidir si decide imputar
a la Infanta.