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IRENE GÓMEZ «Van a saco a por nosotros». La Orden de la Consejería de Medio Ambiente que fija medidas preventivas para la lucha contra incendios forestales tiene a los agricultores soliviantados. Consideran que los requisitos establecidos para segar con la cosechadora «son imposibles de cumplir». Tanto es así que, nada más ponerse en marcha la máquina, debe estar dispuesto un tractor con las gradas, dos mochilas cargadas de agua, dos batefuegos y, «al menos», una persona que se mantenga alerta mientras se cosecha. Es lo que la Administración llama un «plan de vigilancia» que a los maquinistas les trae por la calle de la amargura. Creen que tales obligaciones son «una puntilla más para echarnos del campo».
Santiago González y Secundino Fernández, ambos de Santa Eulalia de Tábara, y José Hernández, de San Marcial, se convierten en este reportaje en la voz de los cientos de agricultores-maquinistas que durante este verano pueblan las parcelas zamoranas para recolectar los campos.
«Nos obligan a tener un tractor con gradas, una persona vigilando, una cisterna? No se dice que no pongan alguna medida, pero esto es totalmente inviable. Con el grano que está saliendo, que casi no llega a los dos mil kilos por hectárea, es mejor dejarlo en la tierra», expresa José Hernández mientras conduce la cosechadora. No se puede permitir el lujo de perder un minuto. Estos profesionales saben que, durante el mes y medio del estío que dura la siega, carecen de horario y casi de vida. Echan hasta catorce horas sobre el asiento de la máquina, descansan unas horas y vuelta al tajo. Un trabajo duro del que no se quejan. El lamento viene, una vez más, por las «leyes de las administraciones dictadas de los despachos, sin saber lo que pasa a pie de campo», apuntan.
«Por si teníamos poco, ahora nos vienen con esta normativa para acabar de asfixiarnos», se sincera este agricultor de San Marcial, dueño de tres cosechadoras junto con su hermano, pero absolutamente desencantado y pesimista. « ¿Cuántas máquinas pueden estar segando ahora en Zamora, mil?. Y ¿cuántos incendios hay provocados por las cosechadoras?, creo que es un porcentaje ridículo para lo que hay por ahí. Nos acosan, se aprovechan porque somos un sector que no pía. La Junta nos echa del campo». Tal es el hartazgo al que ha llegado este agricultor de 46 años que «me estoy planteando dejar esto».
Mientras siega una parcela de Peleas de Abajo insiste en que «no hay forma de cumplir esta normativa absurda, y menos con lo que está saliendo» (en referencia a la escasa producción). «Es que así el campo es inviable». Lo dice quien no ha tenido la mala pata de caer en manos de la autoridad, no como otros agricultores. Es el caso de un compañero de Cabañas de Sayago. «Llegaron con la denuncia en la mano, vienen ciegos», comenta en referencia a los agentes de la Guardia Civil. «Mira si estaremos hartos que nosotros (con su hermano) pensábamos hacer algo para ampliar la explotación y dar trabajo, pero es que no le ves salida. Yo ya pienso hasta en vender las máquinas». Una inversión que, por otra parte, no es barata. La que ayer conducía José ha costado la friolera de 32 millones de las antiguas pesetas.
«Según están las cosas no podemos soportarlo, todo son pérdidas y si encima te vienen con estas normas que se dictan en los despachos, pues más masacrados todavía». Las ganas y la fuerza que se presuponen a una agricultor joven (a juzgar por los que se están quedando en el campo) se tornan en hastío y pesimismo. «Si no nos parece mal que se pongan medidas para prevenir pero algo coherente. Nosotros ya llevamos extintores y bidones, somos los más interesados en que no pase nada porque somos los que cuidamos el medio ambiente».
Tal es la psicosis creada entre los agricultores, que se avisan unos a otros cuando ven el coche o las motos de la Benemérita campear por la zona. Está pasando en la comarca de Tábara, donde los cosecheros se sienten especialmente perseguidos, apuntando directamente al Seprona de Manganeses de la Lampreana.
«No nos dejan trabajar», expresa Secundino Fernández, de Santa Eulalia de Tábara. En esta zona, por la existencia de arbolado, aumentan las dificultades, puesto que la Orden de la Junta impide la cosecha en la zona perimetral de 400 metros del monte. «Es completamente inviable todo lo que nos exigen. La persona que esté sola al frente de la explotación tiene que llevar, además del tractor con su remolque, otro con las gradas y otras dos personas llevando las mochilas y otra vigilando. No hay que lo aguante, y encima con el temor constante a que aparezca la Guardia Civil, te sientes como un delincuente».
Todo se complica en zona arbolada; «en cuanto ves un árbol o un jaral tiene que andar pidiendo favores a los vecinos para que vayan con las mochilas y el tractor. Pero, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto?, que quien ha hecho la ley no sabe ni lo que es una mochila. Porque una mochila con agua en un fuego no hace nada». Secundino, como sus compañeros, se cuida de tomar medidas de prevención. «Llevo tres extintores en la cosechadora y tengo la máquina forrada por abajo con un material de nylon, que me ha costado más de medio millón de pesetas, para que no haga chispazos. Claro, esto se lo cuentas a los del Seprona y es que no te escuchan».
A sus 47 años, este agricultor tabarés nunca ha visto la cosa «tan negra». «Por si teníamos poco, ahora viene la Guardia Civil en plan recaudatorio y avasallador. Parecemos pirómanos».
Y es que, dice Secundino que es hablar de fuego «y se nos ponen los pelos de punta. Que miren a ver cómo se hacen los incendios, que desde luego nosotros somos los menos interesados en que se prenda». Él, que se levanta a las siete de la mañana para ponerse al tajo, después de haberlo dejado de madrugada (a las dos). Será por horas... «Pero es que no nos dejan trabajar», insiste.
En ello coincide con Santiago González, también de Santa Eulalia, que a sus 31 años ya muestra signos de cansancio, no porque no le guste el oficio, mamado de sus antepasados, sino por las trabas «con las que nos encontramos a diario». Impotencia y rabia son palabras que se cuelan con frecuencia en la conversación. «Es que no nos dejan trabajar, es una presión y una impotencia tremenda», insiste.
Santiago sabe lo que es pagar una sanción por la Orden de Medio Ambiente, que ya se aprobó el año pasado. Cien euros por tener el tractor con la grada a menos de 400 metros del monte. «Es una normativa absurda e imposible. Meter un tractor con grada en la finca, según está el terreno, es meter diez o doce millones de pesetas para que se le quemen. Y menos sentido tiene una persona controlando».
Asegura que cumplir a rajatabla la norma «es, además de inviable, ruinoso». «Un señor que lleve solo el negocio no puede disponer de dos tractores. Si ponemos nosotros los medios, cuando le vayamos a cobrar nos dirá que nos quedemos con el grano».
Este joven agricultor asegura que «sabemos muy bien el riesgo que hay cuando estás con la cosechadora, y somos los primeros que tomamos medidas». De entrada, un seguro a todo riesgo, que roza los tres mil euros, extintores, agua. Y, si se produjera el conato, llamar de inmediato a los bomberos. «Yo no digo que alguna máquina no haya prendido, pero los de la Junta tienen que ver dónde se producen los fuegos y quiénes los producen, y que no anden con todas estas parafernalias. Que sabemos lo que ha habido en la Sierra de la Culebra (en referencia a los sucesivos incendios forestales) y no se han tomado medidas».
Un joven como él, emprendedor, que lleva el negocio con sus hermanos, que ha apostado por el campo, por sostener el medio rural, dice sentirse «decepcionado. Todo el día con el discursito del desarrollo rural, de que nos quedemos en los pueblos porque hay futuro y mira para qué, para que nos traigan fritos».
¿Conclusión?. «Quieren que desaparezcamos pero no se dan cuenta de que, cuando ocurra eso, de qué comemos».
Título
ORDEN MAM/875/2010, de 18 de junio, por la que fija la época de peligro alto de incendios forestales en Castilla y León, se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.
Medidas
En los terrenos agrícolas localizados en el monte y en la franja perimetral de 400 metros del monte, cuando se realicen labores agrícolas con maquinaria del tipo cosechadoras tanto el agricultor como el personal de la misma establecerán un plan de vigilancia, disponiendo al menos de una persona que se mantenga alerta mientras se cosecha y tome precauciones como:
Disponer de medios de extinción suficientes para controlar el posible conato que se pueda originar.
Disponer de un tractor y gradas.
La utilización de maquinaria cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas requerirá contar con los medios extinción suficientes para controlar el posible conato que se pueda originar. Se definen como medios de extinción mínimos dos mochilas extintoras cargadas de agua y dos batefuegos. Además se han de mantener limpios de vegetación los lugares de emplazamiento o manipulación de motosierras, aparatos de soldadura, radiales, grupos electrógenos y motores o equipos eléctricos o de explosión.
Santiago González y Secundino Fernández, ambos de Santa Eulalia de Tábara, y José Hernández, de San Marcial, se convierten en este reportaje en la voz de los cientos de agricultores-maquinistas que durante este verano pueblan las parcelas zamoranas para recolectar los campos.
«Nos obligan a tener un tractor con gradas, una persona vigilando, una cisterna? No se dice que no pongan alguna medida, pero esto es totalmente inviable. Con el grano que está saliendo, que casi no llega a los dos mil kilos por hectárea, es mejor dejarlo en la tierra», expresa José Hernández mientras conduce la cosechadora. No se puede permitir el lujo de perder un minuto. Estos profesionales saben que, durante el mes y medio del estío que dura la siega, carecen de horario y casi de vida. Echan hasta catorce horas sobre el asiento de la máquina, descansan unas horas y vuelta al tajo. Un trabajo duro del que no se quejan. El lamento viene, una vez más, por las «leyes de las administraciones dictadas de los despachos, sin saber lo que pasa a pie de campo», apuntan.
«Por si teníamos poco, ahora nos vienen con esta normativa para acabar de asfixiarnos», se sincera este agricultor de San Marcial, dueño de tres cosechadoras junto con su hermano, pero absolutamente desencantado y pesimista. « ¿Cuántas máquinas pueden estar segando ahora en Zamora, mil?. Y ¿cuántos incendios hay provocados por las cosechadoras?, creo que es un porcentaje ridículo para lo que hay por ahí. Nos acosan, se aprovechan porque somos un sector que no pía. La Junta nos echa del campo». Tal es el hartazgo al que ha llegado este agricultor de 46 años que «me estoy planteando dejar esto».
Mientras siega una parcela de Peleas de Abajo insiste en que «no hay forma de cumplir esta normativa absurda, y menos con lo que está saliendo» (en referencia a la escasa producción). «Es que así el campo es inviable». Lo dice quien no ha tenido la mala pata de caer en manos de la autoridad, no como otros agricultores. Es el caso de un compañero de Cabañas de Sayago. «Llegaron con la denuncia en la mano, vienen ciegos», comenta en referencia a los agentes de la Guardia Civil. «Mira si estaremos hartos que nosotros (con su hermano) pensábamos hacer algo para ampliar la explotación y dar trabajo, pero es que no le ves salida. Yo ya pienso hasta en vender las máquinas». Una inversión que, por otra parte, no es barata. La que ayer conducía José ha costado la friolera de 32 millones de las antiguas pesetas.
«Según están las cosas no podemos soportarlo, todo son pérdidas y si encima te vienen con estas normas que se dictan en los despachos, pues más masacrados todavía». Las ganas y la fuerza que se presuponen a una agricultor joven (a juzgar por los que se están quedando en el campo) se tornan en hastío y pesimismo. «Si no nos parece mal que se pongan medidas para prevenir pero algo coherente. Nosotros ya llevamos extintores y bidones, somos los más interesados en que no pase nada porque somos los que cuidamos el medio ambiente».
Tal es la psicosis creada entre los agricultores, que se avisan unos a otros cuando ven el coche o las motos de la Benemérita campear por la zona. Está pasando en la comarca de Tábara, donde los cosecheros se sienten especialmente perseguidos, apuntando directamente al Seprona de Manganeses de la Lampreana.
«No nos dejan trabajar», expresa Secundino Fernández, de Santa Eulalia de Tábara. En esta zona, por la existencia de arbolado, aumentan las dificultades, puesto que la Orden de la Junta impide la cosecha en la zona perimetral de 400 metros del monte. «Es completamente inviable todo lo que nos exigen. La persona que esté sola al frente de la explotación tiene que llevar, además del tractor con su remolque, otro con las gradas y otras dos personas llevando las mochilas y otra vigilando. No hay que lo aguante, y encima con el temor constante a que aparezca la Guardia Civil, te sientes como un delincuente».
Todo se complica en zona arbolada; «en cuanto ves un árbol o un jaral tiene que andar pidiendo favores a los vecinos para que vayan con las mochilas y el tractor. Pero, ¿sabes qué es lo más triste de todo esto?, que quien ha hecho la ley no sabe ni lo que es una mochila. Porque una mochila con agua en un fuego no hace nada». Secundino, como sus compañeros, se cuida de tomar medidas de prevención. «Llevo tres extintores en la cosechadora y tengo la máquina forrada por abajo con un material de nylon, que me ha costado más de medio millón de pesetas, para que no haga chispazos. Claro, esto se lo cuentas a los del Seprona y es que no te escuchan».
A sus 47 años, este agricultor tabarés nunca ha visto la cosa «tan negra». «Por si teníamos poco, ahora viene la Guardia Civil en plan recaudatorio y avasallador. Parecemos pirómanos».
Y es que, dice Secundino que es hablar de fuego «y se nos ponen los pelos de punta. Que miren a ver cómo se hacen los incendios, que desde luego nosotros somos los menos interesados en que se prenda». Él, que se levanta a las siete de la mañana para ponerse al tajo, después de haberlo dejado de madrugada (a las dos). Será por horas... «Pero es que no nos dejan trabajar», insiste.
En ello coincide con Santiago González, también de Santa Eulalia, que a sus 31 años ya muestra signos de cansancio, no porque no le guste el oficio, mamado de sus antepasados, sino por las trabas «con las que nos encontramos a diario». Impotencia y rabia son palabras que se cuelan con frecuencia en la conversación. «Es que no nos dejan trabajar, es una presión y una impotencia tremenda», insiste.
Santiago sabe lo que es pagar una sanción por la Orden de Medio Ambiente, que ya se aprobó el año pasado. Cien euros por tener el tractor con la grada a menos de 400 metros del monte. «Es una normativa absurda e imposible. Meter un tractor con grada en la finca, según está el terreno, es meter diez o doce millones de pesetas para que se le quemen. Y menos sentido tiene una persona controlando».
Asegura que cumplir a rajatabla la norma «es, además de inviable, ruinoso». «Un señor que lleve solo el negocio no puede disponer de dos tractores. Si ponemos nosotros los medios, cuando le vayamos a cobrar nos dirá que nos quedemos con el grano».
Este joven agricultor asegura que «sabemos muy bien el riesgo que hay cuando estás con la cosechadora, y somos los primeros que tomamos medidas». De entrada, un seguro a todo riesgo, que roza los tres mil euros, extintores, agua. Y, si se produjera el conato, llamar de inmediato a los bomberos. «Yo no digo que alguna máquina no haya prendido, pero los de la Junta tienen que ver dónde se producen los fuegos y quiénes los producen, y que no anden con todas estas parafernalias. Que sabemos lo que ha habido en la Sierra de la Culebra (en referencia a los sucesivos incendios forestales) y no se han tomado medidas».
Un joven como él, emprendedor, que lleva el negocio con sus hermanos, que ha apostado por el campo, por sostener el medio rural, dice sentirse «decepcionado. Todo el día con el discursito del desarrollo rural, de que nos quedemos en los pueblos porque hay futuro y mira para qué, para que nos traigan fritos».
¿Conclusión?. «Quieren que desaparezcamos pero no se dan cuenta de que, cuando ocurra eso, de qué comemos».
Título
ORDEN MAM/875/2010, de 18 de junio, por la que fija la época de peligro alto de incendios forestales en Castilla y León, se establecen normas sobre el uso del fuego y se fijan medidas preventivas para la lucha contra los incendios forestales.
Medidas
En los terrenos agrícolas localizados en el monte y en la franja perimetral de 400 metros del monte, cuando se realicen labores agrícolas con maquinaria del tipo cosechadoras tanto el agricultor como el personal de la misma establecerán un plan de vigilancia, disponiendo al menos de una persona que se mantenga alerta mientras se cosecha y tome precauciones como:
Disponer de medios de extinción suficientes para controlar el posible conato que se pueda originar.
Disponer de un tractor y gradas.
La utilización de maquinaria cuyo funcionamiento genere deflagración, chispas o descargas eléctricas requerirá contar con los medios extinción suficientes para controlar el posible conato que se pueda originar. Se definen como medios de extinción mínimos dos mochilas extintoras cargadas de agua y dos batefuegos. Además se han de mantener limpios de vegetación los lugares de emplazamiento o manipulación de motosierras, aparatos de soldadura, radiales, grupos electrógenos y motores o equipos eléctricos o de explosión.