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Un cable confidencial filtrado a Wikileaks y enviado a Washington por el embajador en Roma, David Thorne, el 3 de febrero de 2010, contiene juicios muy severos sobre el Gobierno italiano por la iniciativa legislativa conocida como ley Romani, que entró en vigor en marzo y regula el uso de Internet y la televisión de pago en Italia. Según decía la nota, la ley "dará margen para bloquear o censurar cualquier contenido" y "favorecerá a las empresas de Silvio Berlusconi frente a sus competidores". Esto, añadía Thorne en su mensaje, "representa un modelo familiar", ya que "Berlusconi y Mediaset han usado el poder del Gobierno de esa forma desde la época del primer ministro Bettino Craxi", en los años ochenta.