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ICAL Un total de 1.862 agricultores y ganaderos dejó de cotizar a la Seguridad Social entre junio de 2009 y junio de 2010 en la Comunidad, según denunció la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), con lo que se manifiesta la "tremenda crisis silenciosa" que arrastra el colectivo en las últimas campañas, según un comunicado.
En este sentido, la cifra total de profesionales agrarias asciende casi a 45.000 ocupados, con lo que la organización agraria reivindicó a las administraciones públicas políticas efectivas y que "comiencen a tomarse en serio" la situación que se vive en el sector agrario desde hace unos años.
UCCL informó de que desde las administraciones deben controlar las "desproporcionadas" subidas de los distintos factores de producción (gasóleo, abonos, pienso y electricidad, entre otros). Además, deben "ir unidas a otras que corrijan los abusivos márgenes comerciales existentes entre los precios en origen y destino", así como la concesión de ayudas a las industrias agroalimentarias abastecidas de materia prima existente en Castilla y León a precio justo, "evitando circunstancias vividas por los ganaderos adoptando decisiones importantes para la aplicación del ´chequeo´ de la PAC".
Desde la formación agraria piden que "nadie debe olvidar que los agricultores son los que están contribuyendo de una manera definitiva a asegurar la existencia de un medio rural activo, generando empleo, riqueza o fijando población".
Por ello, reiteraron a las administraciones públicas que lleven a cabo una "verdadera" política agraria a favor de los Agricultores y Ganaderos a Título Principal (ATPs), tendente a recuperar la renta de los profesionales, "olvidándose de ese papel de meros gestores de los fondos que llegan desde Bruselas en el que tan cómodos parecen sentirse".
En este sentido, la cifra total de profesionales agrarias asciende casi a 45.000 ocupados, con lo que la organización agraria reivindicó a las administraciones públicas políticas efectivas y que "comiencen a tomarse en serio" la situación que se vive en el sector agrario desde hace unos años.
UCCL informó de que desde las administraciones deben controlar las "desproporcionadas" subidas de los distintos factores de producción (gasóleo, abonos, pienso y electricidad, entre otros). Además, deben "ir unidas a otras que corrijan los abusivos márgenes comerciales existentes entre los precios en origen y destino", así como la concesión de ayudas a las industrias agroalimentarias abastecidas de materia prima existente en Castilla y León a precio justo, "evitando circunstancias vividas por los ganaderos adoptando decisiones importantes para la aplicación del ´chequeo´ de la PAC".
Desde la formación agraria piden que "nadie debe olvidar que los agricultores son los que están contribuyendo de una manera definitiva a asegurar la existencia de un medio rural activo, generando empleo, riqueza o fijando población".
Por ello, reiteraron a las administraciones públicas que lleven a cabo una "verdadera" política agraria a favor de los Agricultores y Ganaderos a Título Principal (ATPs), tendente a recuperar la renta de los profesionales, "olvidándose de ese papel de meros gestores de los fondos que llegan desde Bruselas en el que tan cómodos parecen sentirse".