El movimiento vecinal de Miraflores detiene la construcción de más de 2.000 viviendas y la carrera política del alcalde socialista
Aquella mañana de agosto el primer edil no imaginaba que la reunión que mantenía con el empresario Luz de Jericó Esteban del Valle acabaría con su carrera política. Mientras los mirafloreños se recuperaban de la resaca de las fiestas patronales, su alcalde, Francisco José Esteban, comprometía el futuro del municipio para construir más de 2.000 viviendas a través de un acuerdo urbanístico que hubiese triplicado su población.
Rodeado por los bosques del norte de Madrid, se halla el pueblo de Miraflores de la Sierra, un enclave turístico de algo más de 5.000 habitantes situado entre los puertos de La Morcuera y Canencia. El Consistorio está dirigido desde 1999 por Francisco José Esteban, primer alcalde socialista de la localidad. La principal actividad económica del pueblo es la construcción relacionada con el turismo. El principal empresario del sector en Miraflores es Luz de Jericó Esteban del Valle –conocido como “el Luji”-, el hombre que promovió las viviendas paralizadas; además de propietario de una gasolinera, el único centro comercial de la localidad y dos constructoras. Según los vecinos es experto en “proponer” convenios urbanísticos.
El próximo septiembre está previsto que se declare el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que convertiría a la localidad en “primera línea de montaña” al estar ubicado en la llamada Zona de Transición. Este hecho ha provocado que se aceleren los proyectos inmobiliarios por la revalorización del terreno.
Los problemas para el alcalde no empezaron aquí. El ambiente de Miraflores de la Sierra ya se había enrarecido en julio a raíz de un mal cálculo en la gestión del agua del pueblo. Los habitantes permanecieron un mes sin suministro de agua corriente, dependiendo de los camiones cisterna que la transportaban desde el Canal de Isabel II, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM).
El gobierno autonómico concede 300 litros por persona y día a los municipios de menos de 50.000 habitantes y el equipo local no tuvo en cuenta el incremento de población que experimenta Miraflores durante el verano. La consecuencia fue el agotamiento de las reservas hídricas y que cada vecino dispusiera solamente de un tercio del agua estipulada durante una hora al día.
La falta de agua monopolizó las conversaciones en bares y terrazas de los mirafloreños. Dos meses después, los vecinos descubrieron de forma casual en el BOCAM (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid) la decisión tomada por el alcalde a espaldas de la ciudadanía e incluso de sus propios concejales: la construcción de 345 chalet, 50 adosados, 1.610 pisos, 80 bungalow y un hotel de 100 habitaciones en las fincas de Prado Toro y la Nava. Se estima que con estas construcciones la población aumentaría entre 10.000 y 15.000 personas.
A principios de septiembre de 2005 aparecieron en Miraflores unos carteles anónimos convocando a los vecinos en un bar del pueblo. Los ciudadanos, preocupados por el futuro de su localidad, decidieron crear una plataforma vecinal –SOS Miraflores- para luchar contra la especulación urbanística. La iniciativa recabó un gran apoyo popular, que cristalizaría en la recogida de 575 firmas (el 16 por ciento del censo electoral) suficiente para convocar una consulta en forma de Iniciativa Legislativa Popular acerca del acuerdo urbanístico.
Jesús nacer, uno de los fundadores de SOS Miraflores con experiencia previa en movimientos asociativos similares, explicó que la plataforma “es hija de la descomposición de la convivencia ciudadana que ha provocado el alcalde con sus decisiones caciquistas”. “La plataforma es un movimiento abierto a todo el pueblo que funciona de manera asamblearia”, afirmó.
Otra de las vías de presión que utilizaron los vecinos fue contactar con asesores urbanísticos para plantearles sus dudas sobre cómo frenar esta medida unilateral del alcalde. Los expertos aconsejaron la vía política, consistente en elevar el tema a instancias políticas superiores.
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Aquella mañana de agosto el primer edil no imaginaba que la reunión que mantenía con el empresario Luz de Jericó Esteban del Valle acabaría con su carrera política. Mientras los mirafloreños se recuperaban de la resaca de las fiestas patronales, su alcalde, Francisco José Esteban, comprometía el futuro del municipio para construir más de 2.000 viviendas a través de un acuerdo urbanístico que hubiese triplicado su población.
Rodeado por los bosques del norte de Madrid, se halla el pueblo de Miraflores de la Sierra, un enclave turístico de algo más de 5.000 habitantes situado entre los puertos de La Morcuera y Canencia. El Consistorio está dirigido desde 1999 por Francisco José Esteban, primer alcalde socialista de la localidad. La principal actividad económica del pueblo es la construcción relacionada con el turismo. El principal empresario del sector en Miraflores es Luz de Jericó Esteban del Valle –conocido como “el Luji”-, el hombre que promovió las viviendas paralizadas; además de propietario de una gasolinera, el único centro comercial de la localidad y dos constructoras. Según los vecinos es experto en “proponer” convenios urbanísticos.
El próximo septiembre está previsto que se declare el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama que convertiría a la localidad en “primera línea de montaña” al estar ubicado en la llamada Zona de Transición. Este hecho ha provocado que se aceleren los proyectos inmobiliarios por la revalorización del terreno.
Los problemas para el alcalde no empezaron aquí. El ambiente de Miraflores de la Sierra ya se había enrarecido en julio a raíz de un mal cálculo en la gestión del agua del pueblo. Los habitantes permanecieron un mes sin suministro de agua corriente, dependiendo de los camiones cisterna que la transportaban desde el Canal de Isabel II, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM).
El gobierno autonómico concede 300 litros por persona y día a los municipios de menos de 50.000 habitantes y el equipo local no tuvo en cuenta el incremento de población que experimenta Miraflores durante el verano. La consecuencia fue el agotamiento de las reservas hídricas y que cada vecino dispusiera solamente de un tercio del agua estipulada durante una hora al día.
La falta de agua monopolizó las conversaciones en bares y terrazas de los mirafloreños. Dos meses después, los vecinos descubrieron de forma casual en el BOCAM (Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de Madrid) la decisión tomada por el alcalde a espaldas de la ciudadanía e incluso de sus propios concejales: la construcción de 345 chalet, 50 adosados, 1.610 pisos, 80 bungalow y un hotel de 100 habitaciones en las fincas de Prado Toro y la Nava. Se estima que con estas construcciones la población aumentaría entre 10.000 y 15.000 personas.
A principios de septiembre de 2005 aparecieron en Miraflores unos carteles anónimos convocando a los vecinos en un bar del pueblo. Los ciudadanos, preocupados por el futuro de su localidad, decidieron crear una plataforma vecinal –SOS Miraflores- para luchar contra la especulación urbanística. La iniciativa recabó un gran apoyo popular, que cristalizaría en la recogida de 575 firmas (el 16 por ciento del censo electoral) suficiente para convocar una consulta en forma de Iniciativa Legislativa Popular acerca del acuerdo urbanístico.
Jesús nacer, uno de los fundadores de SOS Miraflores con experiencia previa en movimientos asociativos similares, explicó que la plataforma “es hija de la descomposición de la convivencia ciudadana que ha provocado el alcalde con sus decisiones caciquistas”. “La plataforma es un movimiento abierto a todo el pueblo que funciona de manera asamblearia”, afirmó.
Otra de las vías de presión que utilizaron los vecinos fue contactar con asesores urbanísticos para plantearles sus dudas sobre cómo frenar esta medida unilateral del alcalde. Los expertos aconsejaron la vía política, consistente en elevar el tema a instancias políticas superiores.
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