EDITORIAL
Estado de alerta
EL PAíS - Opinión - 22-10-2006
La avalancha de casos de corrupción urbanística empieza a provocar una indisimulada alarma social entre los españoles. Por citar sólo los últimos conocidos, en Ciempozuelos, el alcalde socialista fue obligado a dimitir debido a graves irregularidades en la recalificación masiva de terrenos; en Murcia han aparecido recalificaciones de terrenos de las que se lucra un concejal del PP de águilas; el director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid presentó su dimisión después de que se descubrieran planes urbanísticos en los se beneficiaron, entre otros, empresas en las que él mismo participaba y familiares de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Todos estos casos se suman al vergonzoso expolio de Marbella -uno de cuyos imputados, Fidel San Román, aparece implicado en el caso de Ciempozuelos- o las flagrantes irregularidades en Orihuela, Alicante, Tenerife o Torrevieja. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas están perdiendo su credibilidad a borbotones frente a unos ciudadanos que se sienten estafados por políticos y camarillas de especuladores.
La mera enumeración anterior confirma que la peste de la corrupción urbanística afecta a todos los partidos. Varias razones explican esta transversalidad. Los ayuntamientos carecen de ingresos suficientes para desarrollar sus inversiones, unas veces necesarias y otras simplemente faraónicas; los partidos políticos gastan mucho más de lo que ingresan por vías legales; y la ley confiere a los ayuntamientos poderes casi absolutos sobre el uso del suelo. Es frecuente, además, que corporaciones locales de distinto signo político recurran a los mismos mediadores y agentes que conectan a compradores vendedores.
Que la corrupción no sea patrimonio de un solo partido no significa que las reacciones sean las mismas. Hasta ahora, el PSOE ha actuado institucionalmente con rapidez y firmeza. Condena verbalmente la corrupción, pero también ha instado la dimisión de los cargos municipales implicados en casos comprometedores. La dimisión del alcalde de Ciempozuelos es un buen ejemplo. En cambio, el PP suele responder con la lógica perversa de negar los hechos y mantener en sus listas a los cargos imputados por fraude. Su pretexto favorito es que la "presunción de inocencia no prescribe hasta que el juez dicta sentencia de culpabilidad", como si la responsabilidad política y la civil o penal no fueran diferentes.
No se acabará con esta repugnante amenaza contra el sistema democrático mientras no se enfoque como un problema de Estado con todas las consecuencias. Las recetas contra la corrupción se conocen. Hay que evitar, mediante fórmulas conocidas de gestión municipal, la multiplicación de intermediarios parásitos que encarecen sucesivamente el precio del suelo; hay que recuperar la figura de los interventores municipales, adscribiéndolos a instancias independientes de los propios ayuntamientos; hay que imponer mecanismos inmediatos de control y de veto sobre los planes urbanísticos; hay que aplicar las reformas legales necesarias para controlar la financiación de los partidos y de los ayuntamientos; y hay que exigir la restitución del dinero obtenido mediante el soborno y la compra de voluntades. En este estado de alerta urbanística, el Gobierno debería encargarse de organizar con urgencia éstas y otras medidas para defender a los ciudadanos de este latrocinio organizado.
Estado de alerta
EL PAíS - Opinión - 22-10-2006
La avalancha de casos de corrupción urbanística empieza a provocar una indisimulada alarma social entre los españoles. Por citar sólo los últimos conocidos, en Ciempozuelos, el alcalde socialista fue obligado a dimitir debido a graves irregularidades en la recalificación masiva de terrenos; en Murcia han aparecido recalificaciones de terrenos de las que se lucra un concejal del PP de águilas; el director de Urbanismo de la Comunidad de Madrid presentó su dimisión después de que se descubrieran planes urbanísticos en los se beneficiaron, entre otros, empresas en las que él mismo participaba y familiares de la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Todos estos casos se suman al vergonzoso expolio de Marbella -uno de cuyos imputados, Fidel San Román, aparece implicado en el caso de Ciempozuelos- o las flagrantes irregularidades en Orihuela, Alicante, Tenerife o Torrevieja. Los ayuntamientos y las comunidades autónomas están perdiendo su credibilidad a borbotones frente a unos ciudadanos que se sienten estafados por políticos y camarillas de especuladores.
La mera enumeración anterior confirma que la peste de la corrupción urbanística afecta a todos los partidos. Varias razones explican esta transversalidad. Los ayuntamientos carecen de ingresos suficientes para desarrollar sus inversiones, unas veces necesarias y otras simplemente faraónicas; los partidos políticos gastan mucho más de lo que ingresan por vías legales; y la ley confiere a los ayuntamientos poderes casi absolutos sobre el uso del suelo. Es frecuente, además, que corporaciones locales de distinto signo político recurran a los mismos mediadores y agentes que conectan a compradores vendedores.
Que la corrupción no sea patrimonio de un solo partido no significa que las reacciones sean las mismas. Hasta ahora, el PSOE ha actuado institucionalmente con rapidez y firmeza. Condena verbalmente la corrupción, pero también ha instado la dimisión de los cargos municipales implicados en casos comprometedores. La dimisión del alcalde de Ciempozuelos es un buen ejemplo. En cambio, el PP suele responder con la lógica perversa de negar los hechos y mantener en sus listas a los cargos imputados por fraude. Su pretexto favorito es que la "presunción de inocencia no prescribe hasta que el juez dicta sentencia de culpabilidad", como si la responsabilidad política y la civil o penal no fueran diferentes.
No se acabará con esta repugnante amenaza contra el sistema democrático mientras no se enfoque como un problema de Estado con todas las consecuencias. Las recetas contra la corrupción se conocen. Hay que evitar, mediante fórmulas conocidas de gestión municipal, la multiplicación de intermediarios parásitos que encarecen sucesivamente el precio del suelo; hay que recuperar la figura de los interventores municipales, adscribiéndolos a instancias independientes de los propios ayuntamientos; hay que imponer mecanismos inmediatos de control y de veto sobre los planes urbanísticos; hay que aplicar las reformas legales necesarias para controlar la financiación de los partidos y de los ayuntamientos; y hay que exigir la restitución del dinero obtenido mediante el soborno y la compra de voluntades. En este estado de alerta urbanística, el Gobierno debería encargarse de organizar con urgencia éstas y otras medidas para defender a los ciudadanos de este latrocinio organizado.