Un alcalde del PSOE autorizó construir sin licencia 1.500 chalés y un campo de golf
DAVID MARTíNEZ. ALICANTE.
El alcalde de la localidad alicantina de Albatera -situada en la comarca de la Vega Baja-, el socialista Francisco García Gelardo, permitió a la promotora «San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A.» iniciar las obras de una macrourbanización compuesta por 1.500 chalés y un campo de golf, una actuación que se encuentra en la actualidad bajo investigación judicial.
El fiscal acusa al constructor de un presunto delito contra la ordenación del territorio, si bien el informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el máximo responsable del PSOE en la comarca, pudo obrar en connivencia con el promotor.
La urbanización, que se empezó a construir hace dos años, preveía ocupar una superficie de 1, 2 millones de metros cuadrados, de los que algo menos de la mitad -550.000 metros cuadrados- afectan a la partida de Las Lomas de Albatera, catalogadas como monte de utilidad pública. El mecanismo empleado por el Ayuntamiento en un principio fue presentar la urbanización como una modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbano.
Sin embargo, al no superar la declaración de impacto ambiental, el Ayuntamiento de Albatera incluyó la urbanización en su propuesta para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para ello, propuso una permuta de la parcela de monte afectada por otra de propiedad municipal. No obstante, el monte Sierra y Lomas goza también de la consideración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y está incluido en la Red Natura 2000, lo que le concede un grado de mayor protección que complica la operación de permuta.
«Aleccionado por el alcalde»
El Seprona realizó su informe tras la denuncia en 2004 de un grupo ecologista, «Ecologistas en Acción del País Valenciano», que sostiene que el Ayuntamiento fue permisivo con el promotor e incluso consintió la finalización de las primeras veintitrés viviendas -presentadas por la mercantil como «pisos piloto»-. Por ello, tras abrirse las Diligencias Previas 1074/2004 en el juzgado de instrucción número 1 de Orihuela, el colectivo se personó como acusación particular para pedir que se impute también a García Gelardo y a la mercantil propiedad de la parcela que no se encuentra en el monte protegido, «Escandinavia Golf Albatera Club de Campo, S.A.».
Pese a que por el momento las diligencias sólo se han abierto contra el constructor, el informe del Seprona advierte que éste pudo ser «aleccionado por el alcalde en relación a que todos los trámites serán aprobados y resueltos».
Esta conclusión parte de dos premisas. La primera, que el constructor comenzó a construir -y se detuvo sólo tras la denuncia- sin licencia municipal y sin que se hubiera aprobado «ninguna solicitud relacionada con la ejecución legal de la urbanización», como «la permuta» o «la aprobación del nuevo PGOU». La segunda, que pese a no contar con ninguna autorización, la promotora activó una intensa campaña de «promoción y publicidad, en España y el extranjero» -la urbanización se orienta al turismo nórdico de segunda residencia-, «sin saber a ciencia cierta que todos los trámites fueran a ser aprobados».
La mencionada promoción prometía, según los ecologistas, que el campo de golf estaría terminado en 2006. Pero el proyecto sólo es viable si se realiza en la parcela protegida, cuya permuta ya ha denegado la Consejería de Territorio de la Generalidad Valenciana.
Embargo de cuentas en Catral
Por otro lado, la Generalidad Valenciana embargará las cuentas de promotores y constructores para garantizar las indemnizaciones a los damnificados por las viviendas ilegales de la población de Catral, y creará un cuerpo específico de inspectores para investigar este tipo de irregularidades.
DAVID MARTíNEZ. ALICANTE.
El alcalde de la localidad alicantina de Albatera -situada en la comarca de la Vega Baja-, el socialista Francisco García Gelardo, permitió a la promotora «San José, Inversiones y Proyectos Urbanísticos, S.A.» iniciar las obras de una macrourbanización compuesta por 1.500 chalés y un campo de golf, una actuación que se encuentra en la actualidad bajo investigación judicial.
El fiscal acusa al constructor de un presunto delito contra la ordenación del territorio, si bien el informe elaborado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil considera que el alcalde, que es a su vez el máximo responsable del PSOE en la comarca, pudo obrar en connivencia con el promotor.
La urbanización, que se empezó a construir hace dos años, preveía ocupar una superficie de 1, 2 millones de metros cuadrados, de los que algo menos de la mitad -550.000 metros cuadrados- afectan a la partida de Las Lomas de Albatera, catalogadas como monte de utilidad pública. El mecanismo empleado por el Ayuntamiento en un principio fue presentar la urbanización como una modificación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Urbano.
Sin embargo, al no superar la declaración de impacto ambiental, el Ayuntamiento de Albatera incluyó la urbanización en su propuesta para el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Para ello, propuso una permuta de la parcela de monte afectada por otra de propiedad municipal. No obstante, el monte Sierra y Lomas goza también de la consideración de Lugar de Interés Comunitario (LIC) y está incluido en la Red Natura 2000, lo que le concede un grado de mayor protección que complica la operación de permuta.
«Aleccionado por el alcalde»
El Seprona realizó su informe tras la denuncia en 2004 de un grupo ecologista, «Ecologistas en Acción del País Valenciano», que sostiene que el Ayuntamiento fue permisivo con el promotor e incluso consintió la finalización de las primeras veintitrés viviendas -presentadas por la mercantil como «pisos piloto»-. Por ello, tras abrirse las Diligencias Previas 1074/2004 en el juzgado de instrucción número 1 de Orihuela, el colectivo se personó como acusación particular para pedir que se impute también a García Gelardo y a la mercantil propiedad de la parcela que no se encuentra en el monte protegido, «Escandinavia Golf Albatera Club de Campo, S.A.».
Pese a que por el momento las diligencias sólo se han abierto contra el constructor, el informe del Seprona advierte que éste pudo ser «aleccionado por el alcalde en relación a que todos los trámites serán aprobados y resueltos».
Esta conclusión parte de dos premisas. La primera, que el constructor comenzó a construir -y se detuvo sólo tras la denuncia- sin licencia municipal y sin que se hubiera aprobado «ninguna solicitud relacionada con la ejecución legal de la urbanización», como «la permuta» o «la aprobación del nuevo PGOU». La segunda, que pese a no contar con ninguna autorización, la promotora activó una intensa campaña de «promoción y publicidad, en España y el extranjero» -la urbanización se orienta al turismo nórdico de segunda residencia-, «sin saber a ciencia cierta que todos los trámites fueran a ser aprobados».
La mencionada promoción prometía, según los ecologistas, que el campo de golf estaría terminado en 2006. Pero el proyecto sólo es viable si se realiza en la parcela protegida, cuya permuta ya ha denegado la Consejería de Territorio de la Generalidad Valenciana.
Embargo de cuentas en Catral
Por otro lado, la Generalidad Valenciana embargará las cuentas de promotores y constructores para garantizar las indemnizaciones a los damnificados por las viviendas ilegales de la población de Catral, y creará un cuerpo específico de inspectores para investigar este tipo de irregularidades.