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Lunes, 24 de julio de 2006
Los Polémicos convenios de Prado Toro y la Nava podrían quedar sin efecto, pero continúan las dudas sobre la política urbanística del equipo de gobierno municipal.
En las últimas semanas hemos asistido a noticias contradictorias sobre el urbanismo en Miraflores. Por un lado, se han producido noticias esperanzadoras para aquellos que venimos luchando contra la especulación urbanística en la sierra.
En concreto, parece que los polémicos convenios de Prado Toro y La Nava, que preveían la construcción de 2.100 viviendas en un núcleo separado del casco urbano, han quedado sin efecto. Esto ha sido posible gracias a la continua movilización de numerosos vecinos, que culminó el pasado mes de abril con una iniciativa de IU en la Asamblea de Madrid para que los grupos políticos representados se posicionaran públicamente sobre dichos convenios. Todos ellos, incluido el PSOE, se manifestaron con rotundidad en contra de esta actuación urbanística.
En el pleno municipal del 28 de abril, el equipo de gobierno socialista declaró su conformidad con la Asamblea de Madrid y anunció su intención de practicar un urbanismo sostenible, consensuado y con las máximas garantías de transparencia. El grupo socialista no debería haber esperado a que le “tirasen de las orejas” desde Madrid, pero en cualquier caso la Asamblea de IU-Miraflores recogió con esperanza lo que podría ser una nueva forma de entender la política urbanística.
Comienzan las dudas
Lamentablemente, las “buenas intenciones” de este Ayuntamiento y su política urbanística han venido sembrando nuevas dudas. Para empezar, este “cambio de rumbo” sería mucho más creíble si el Alcalde hubiese firmado una renuncia expresa a estos convenios. En lugar de ello se limita a dejarlos dormir en un cajón, esperando quizá que en un futuro las circunstancias legales y políticas le permitan llevarlos a cabo. En segundo lugar, si el grupo socialista buscase un verdadero consenso en materia urbanística se podría haber tomado la molestia al menos de facilitar un copia del Avance del Plan General a los grupos de la oposición, y que tantas veces les ha sido solicitada.
Pero lo más grave es sin duda las últimas actuaciones urbanísticas a las que hemos asistido, como El Prado de la Virgen, con un procedimiento contencioso-administrativo abierto contra este Ayuntamiento, o el Arroyo de las Zahúrdas parado por la acción de los vecinos al no contar con ninguna autorización administrativa.
Un gobierno de talante progresista, que gobierne para todos, debería proponer planteamientos urbanísticos sostenibles con un crecimiento limitado y una adecuación interna, en que la participación ciudadana sea la clave para ser un pueblo más habitable y adaptado a las necesidades de los vecinos y no a las exigencias y necesidades de los especuladores.
A la espera del Pacto Local, en el que las administraciones autonómicas transfieran competencias y sobre todo financiación a los ayuntamientos, el reto del futuro gobierno municipal que salga de las próximas elecciones será el de mantener los servicios y la calidad de vida de sus habitantes sin caer en la especulación urbanística, como justificante de la financiación municipal, que en definitiva desgarra la realidad de nuestro territorio y nuestra estructura social con consecuencias irreversibles.
20/07/06.
Los Polémicos convenios de Prado Toro y la Nava podrían quedar sin efecto, pero continúan las dudas sobre la política urbanística del equipo de gobierno municipal.
En las últimas semanas hemos asistido a noticias contradictorias sobre el urbanismo en Miraflores. Por un lado, se han producido noticias esperanzadoras para aquellos que venimos luchando contra la especulación urbanística en la sierra.
En concreto, parece que los polémicos convenios de Prado Toro y La Nava, que preveían la construcción de 2.100 viviendas en un núcleo separado del casco urbano, han quedado sin efecto. Esto ha sido posible gracias a la continua movilización de numerosos vecinos, que culminó el pasado mes de abril con una iniciativa de IU en la Asamblea de Madrid para que los grupos políticos representados se posicionaran públicamente sobre dichos convenios. Todos ellos, incluido el PSOE, se manifestaron con rotundidad en contra de esta actuación urbanística.
En el pleno municipal del 28 de abril, el equipo de gobierno socialista declaró su conformidad con la Asamblea de Madrid y anunció su intención de practicar un urbanismo sostenible, consensuado y con las máximas garantías de transparencia. El grupo socialista no debería haber esperado a que le “tirasen de las orejas” desde Madrid, pero en cualquier caso la Asamblea de IU-Miraflores recogió con esperanza lo que podría ser una nueva forma de entender la política urbanística.
Comienzan las dudas
Lamentablemente, las “buenas intenciones” de este Ayuntamiento y su política urbanística han venido sembrando nuevas dudas. Para empezar, este “cambio de rumbo” sería mucho más creíble si el Alcalde hubiese firmado una renuncia expresa a estos convenios. En lugar de ello se limita a dejarlos dormir en un cajón, esperando quizá que en un futuro las circunstancias legales y políticas le permitan llevarlos a cabo. En segundo lugar, si el grupo socialista buscase un verdadero consenso en materia urbanística se podría haber tomado la molestia al menos de facilitar un copia del Avance del Plan General a los grupos de la oposición, y que tantas veces les ha sido solicitada.
Pero lo más grave es sin duda las últimas actuaciones urbanísticas a las que hemos asistido, como El Prado de la Virgen, con un procedimiento contencioso-administrativo abierto contra este Ayuntamiento, o el Arroyo de las Zahúrdas parado por la acción de los vecinos al no contar con ninguna autorización administrativa.
Un gobierno de talante progresista, que gobierne para todos, debería proponer planteamientos urbanísticos sostenibles con un crecimiento limitado y una adecuación interna, en que la participación ciudadana sea la clave para ser un pueblo más habitable y adaptado a las necesidades de los vecinos y no a las exigencias y necesidades de los especuladores.
A la espera del Pacto Local, en el que las administraciones autonómicas transfieran competencias y sobre todo financiación a los ayuntamientos, el reto del futuro gobierno municipal que salga de las próximas elecciones será el de mantener los servicios y la calidad de vida de sus habitantes sin caer en la especulación urbanística, como justificante de la financiación municipal, que en definitiva desgarra la realidad de nuestro territorio y nuestra estructura social con consecuencias irreversibles.
20/07/06.