Sigue la corrupción del partido pancartero (también llamado PP).
Nuevos casos de corruptelas, y siempre con los mismos personajes, siguen salpicando escandalosamente.
No hay ningún precedente anterior en España a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que afecte directamente a todo un Gobierno autonómico como es el caso del que preside Ramón Luis Valcárcel (PP) en la región de Murcia.
El Gobierno autonómico murciano se gastó 5, 4 millones de euros en descontaminar una balsa de minerales estériles propiedad de la empresa Portmán Golf S.A., cuando esta acción le corresponde por ley a esta empresa y no a ningún Gobierno. Posteriormente el Ejecutivo murciano pagó a la misma empresa otros 2, 72 millones de euros por depositar los mismos estériles en otra balsa a escasos metros de la anterior y también propiedad de la misma empresa. Tales decisiones fueron adoptadas por el Gobierno en pleno de Valcárcel. El Gobierno autonómico de Valcárcel lo que hizo fue aprobar que Portmán Golf S.A. Le cediera esa balsa para, a través de la empresa estatal Tragsa, proceder a su descontaminación, por cuya operación pagó 5, 4 millones de euros, cuando era la propia Portmán Golf, propietaria de los estériles contaminantes, la obligada por ley a hacerlo y correr ella con los gastos de descontaminación.
Pero ahí no quedó la cosa, sino que en otro pleno del Gobierno de Valcárcel se tomó la decisión de pagar con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, otros 2, 72 millones de euros a Portmán Golf, al ser depositados los estériles mineros de la balsa Jenny en una zona colindante y también propiedad de la misma empresa.
La relación de Valcárcel con los propietarios de Portmán Golf tiene antecedentes. En 2004, el Gobierno regional decidió solicitar a la Comisión Europea la desprotección de una parte del parque natural de Calblanque, considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y cercano a los terrenos propiedad de los empresarios Mariano Roca y Alfonso García, para que Portmán Golf pudiera llevar a cabo la construcción de un macrocomplejo urbanístico.
Vínculos con Zaplana y Roca
Los constructores inmobiliarios Mariano Roca Meroño –conocido en la comarca como Pan de Higo- y Alfonso García Sánchez tienen estrechas relaciones desde hace dos décadas con el también cartagenero Tomás Olivo, encartado por la operación Malaya, al igual que su “cerebro”, el también cartagenero José Antonio Roca, así como con el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, natural de la comarca cartagenera, y del empresario murciano Luis de Rivero (Sacyr). También con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, también del PP, en cuyo municipio como en la zona del Mar Menor llevan a cabo numerosas operaciones urbanísticas.
Nuevos casos de corruptelas, y siempre con los mismos personajes, siguen salpicando escandalosamente.
No hay ningún precedente anterior en España a la investigación que está llevando a cabo la Fiscalía Anticorrupción, por los presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, que afecte directamente a todo un Gobierno autonómico como es el caso del que preside Ramón Luis Valcárcel (PP) en la región de Murcia.
El Gobierno autonómico murciano se gastó 5, 4 millones de euros en descontaminar una balsa de minerales estériles propiedad de la empresa Portmán Golf S.A., cuando esta acción le corresponde por ley a esta empresa y no a ningún Gobierno. Posteriormente el Ejecutivo murciano pagó a la misma empresa otros 2, 72 millones de euros por depositar los mismos estériles en otra balsa a escasos metros de la anterior y también propiedad de la misma empresa. Tales decisiones fueron adoptadas por el Gobierno en pleno de Valcárcel. El Gobierno autonómico de Valcárcel lo que hizo fue aprobar que Portmán Golf S.A. Le cediera esa balsa para, a través de la empresa estatal Tragsa, proceder a su descontaminación, por cuya operación pagó 5, 4 millones de euros, cuando era la propia Portmán Golf, propietaria de los estériles contaminantes, la obligada por ley a hacerlo y correr ella con los gastos de descontaminación.
Pero ahí no quedó la cosa, sino que en otro pleno del Gobierno de Valcárcel se tomó la decisión de pagar con fondos públicos, incluidos los de la Unión Europea, otros 2, 72 millones de euros a Portmán Golf, al ser depositados los estériles mineros de la balsa Jenny en una zona colindante y también propiedad de la misma empresa.
La relación de Valcárcel con los propietarios de Portmán Golf tiene antecedentes. En 2004, el Gobierno regional decidió solicitar a la Comisión Europea la desprotección de una parte del parque natural de Calblanque, considerado Lugar de Interés Comunitario (LIC) y cercano a los terrenos propiedad de los empresarios Mariano Roca y Alfonso García, para que Portmán Golf pudiera llevar a cabo la construcción de un macrocomplejo urbanístico.
Vínculos con Zaplana y Roca
Los constructores inmobiliarios Mariano Roca Meroño –conocido en la comarca como Pan de Higo- y Alfonso García Sánchez tienen estrechas relaciones desde hace dos décadas con el también cartagenero Tomás Olivo, encartado por la operación Malaya, al igual que su “cerebro”, el también cartagenero José Antonio Roca, así como con el portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, natural de la comarca cartagenera, y del empresario murciano Luis de Rivero (Sacyr). También con la alcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, también del PP, en cuyo municipio como en la zona del Mar Menor llevan a cabo numerosas operaciones urbanísticas.