Que un alcalde sea imputado por un delito ya no se debe a una denuncia y a su posterior investigación judicial sino a la «presión mediática», a una campaña del partido de enfrente u otra «difamatoria y de derribo contra el gobierno municipal. El que lo hayan imputado no significa que ya esté condenado y ni siquiera que sea el autor de los hechos, ni que esos hechos sean ciertamente delictivos.
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