Los políticos municipales cada cuatro años, cuando se constituyen los consistorios, repiten un curioso ritual al que le dan prioridad: el de discutir su propio precio, el de asignarle salario a sus servicios, lo que en su caso suele concluir con espectaculares aumentos de sueldo. Los porcentajes que se barajan -hay quien se lo sube el cincuenta por ciento y hay quien se lo duplica- son mucho más elevados que los aumentos del IPC General o los que figuran en cualquier convenio laboral. El milagro tiene explicación: alcaldes y concejales son los únicos españoles que cuentan con el privilegio de decidir sus propios emolumentos, sin tener que negociarlos con ninguna patronal ni representación de quien los paga, que somos los contribuyentes. Todo un hallazgo no regulado por ley que no viene más que a demostrar la irrealidad salarial en la que viven nuestras autoridades. A este paso, la política no va a ser más que una opción de mejora laboral y económica para muchos de sus practicantes. Acaso ya lo sea. Acaso lo ha sido siempre.
Algunos anteponen la vocación y las ganas de trabajar por su pueblo y renuncian a un sueldo. Otros optan por la dedicación exclusiva y cobran por ello.
Algunos anteponen la vocación y las ganas de trabajar por su pueblo y renuncian a un sueldo. Otros optan por la dedicación exclusiva y cobran por ello.