LEY MORDAZA: ¡LA CALLE ES MÍA!
Como era de esperar, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) aprobada el pasado día 11 de diciembre del pasado año con los únicos votos a favor del PP, ha ido cosechando todo tipo de críticas, no sólo de los partidos de la oposición, también de las plataformas y organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones ecologistas. Ahora parece que todos, en la dirección del partido conservador y en una parte importante de su militancia, aceptan como bueno el diagnóstico de la escasa y mala comunicación para explicar –y al mismo tiempo digerir- los pésimos resultados obtenidos por esta formación en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas, y todo lo fían a una recuperación económica que en la calle nadie ha notado sus efectos. No resulta del todo extraño, cada vez que un dirigente del gobierno abre la boca, en algún lugar del país hay alguien que sufre. Cuando le preguntaron al ministro del interior, Fernández Díaz, por la necesidad de esa criticada ley, contestó sin sonrojarse: “la nueva ley es para hacernos más libres”. No, citizen Fernández, la nueva ley da miedo, y una sociedad con miedo es una sociedad esclava.
Con la nueva ley si alguien se niega a identificarse podrá ser multado con 600 euros; impedir un desahucio o manifestarse frente al congreso serán 30.000 del ala; reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos costará 600.000 euritos de nada. Además, la nueva legislación considera legales las devoluciones “en caliente”, cuestión ésta que ha sido duramente criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La ley, está claro, desprende un tufo regresivo, represivo y antidemocrático absolutamente insoportable. Sólo falta que contemple el estado de sitio para completar el siniestro decálogo de un estado policial de pesadilla. En realidad, lo que ha aprobado el gobierno es una Ley de Orden Público camuflada, por lo que este viaje a los más tenebrosos sótanos de nuestra historia, sólo tiene un objetivo político, que por supuesto no le saldrá gratis a un gobierno con un gusto obsceno por la imposición, las decisiones unilaterales y que desprecia tanto el consenso. Mirar tanto al retrovisor no va a solucionar nada, y lo que se debería prohibir son las mayorías absolutas para que la libertad no se pueda cercenar de manera tan infame.
Los miles de recortes llevados a cabo por esta nefasta administración han empujado a los ciudadanos a rebelarse y salir a la calle a protestar (de la misma manera que así lo hacen para mostrar su descontento las víctimas del terrorismo y las asociaciones pro-vida), y es precisamente ese ruido lo que se quiere evitar con esta zarrapastrosa ley, imponiendo aquel terrible aserto fraguista “la calle es mía”. Así, puede estar más penado manifestarse que robar, como han hecho muchos de sus corruptos cargos condenados y otros presuntos. Me pregunto ¿Qué pasará con todos aquellos que sean multados bajo algunos de los artículos de esta ley cuando llegue otro gobierno y la derogue? ¿Les devolverán el dinero? Será la consecuencia de aprobar leyes sin buscar el mayor consenso político y de espaldas al sentir de unos ciudadanos que, si hacemos caso a las encuestas realizadas al respecto, rechaza en un porcentaje abrumador la ley mordaza, porque, sencillamente, resulta demencial; un instrumento para reprimir la protesta social y otorgar manga ancha a las Fuerzas de Seguridad del Estado (que están para protegernos y no para convertirse en mamporreras del gobierno) para cometer acciones abusivas contra los más débiles. Algo de lo que sólo será culpable el gobierno. Acabaré pensando que la mayor corrupción no es la que finalmente acaba desfilando por los juzgados, sino el poder que ostenta un gobierno para aprobar leyes antidemocráticas apoyándose en su democrático rodillo absolutista.
Yo creo que esta actitud el PP la debe llevar en el ADN, no es posible entender que si no existe un componente hereditario se pueda pensar que para erradicar los extremismos se tenga que penalizar las libertades –colectivas e individuales-, de no ser que la ley sólo haya sido pergeñada porque con ella el partido del gobierno se cubre las espaldas ante los escraches y la espontánea indignación popular que su presencia puede suscitar ante las próximas citas electorales, una indignación a la que se tiene derecho y que, en mi opinión, está muy justificada. Resulta triste comprobar cómo en un país y una sociedad que presume de desarrollada se le busque encaje a leyes tan retrógradas, o si se quiere, de imposible calado constitucional. Siempre criticaré que se utilice el parapeto de una manifestación pacífica para cometer actos vandálicos o criminales y amo profundamente la defensa y las libertades que me otorgan las Fuerzas de Seguridad del Estado que yo financio con mis impuestos. Pero debería ser más constitutivo de delito, porque es mucho más cruel, incumplir las promesas electorales de prosperidad escritas negro sobre blanco en esa estafa consentida que suponen los programas de los partidos… Pues no existe una forma más mezquina de represión que matar a la gente de hambre o entrar a saco en sus paupérrimos bolsillos y que todo se haga en la silente normalidad de un estado que se dice pulcramente democrático.
Como era de esperar, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (conocida como Ley Mordaza) aprobada el pasado día 11 de diciembre del pasado año con los únicos votos a favor del PP, ha ido cosechando todo tipo de críticas, no sólo de los partidos de la oposición, también de las plataformas y organizaciones de defensa de los derechos humanos y asociaciones ecologistas. Ahora parece que todos, en la dirección del partido conservador y en una parte importante de su militancia, aceptan como bueno el diagnóstico de la escasa y mala comunicación para explicar –y al mismo tiempo digerir- los pésimos resultados obtenidos por esta formación en las pasadas elecciones autonómicas andaluzas, y todo lo fían a una recuperación económica que en la calle nadie ha notado sus efectos. No resulta del todo extraño, cada vez que un dirigente del gobierno abre la boca, en algún lugar del país hay alguien que sufre. Cuando le preguntaron al ministro del interior, Fernández Díaz, por la necesidad de esa criticada ley, contestó sin sonrojarse: “la nueva ley es para hacernos más libres”. No, citizen Fernández, la nueva ley da miedo, y una sociedad con miedo es una sociedad esclava.
Con la nueva ley si alguien se niega a identificarse podrá ser multado con 600 euros; impedir un desahucio o manifestarse frente al congreso serán 30.000 del ala; reunirse o manifestarse en infraestructuras de servicios públicos costará 600.000 euritos de nada. Además, la nueva legislación considera legales las devoluciones “en caliente”, cuestión ésta que ha sido duramente criticada por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa. La ley, está claro, desprende un tufo regresivo, represivo y antidemocrático absolutamente insoportable. Sólo falta que contemple el estado de sitio para completar el siniestro decálogo de un estado policial de pesadilla. En realidad, lo que ha aprobado el gobierno es una Ley de Orden Público camuflada, por lo que este viaje a los más tenebrosos sótanos de nuestra historia, sólo tiene un objetivo político, que por supuesto no le saldrá gratis a un gobierno con un gusto obsceno por la imposición, las decisiones unilaterales y que desprecia tanto el consenso. Mirar tanto al retrovisor no va a solucionar nada, y lo que se debería prohibir son las mayorías absolutas para que la libertad no se pueda cercenar de manera tan infame.
Los miles de recortes llevados a cabo por esta nefasta administración han empujado a los ciudadanos a rebelarse y salir a la calle a protestar (de la misma manera que así lo hacen para mostrar su descontento las víctimas del terrorismo y las asociaciones pro-vida), y es precisamente ese ruido lo que se quiere evitar con esta zarrapastrosa ley, imponiendo aquel terrible aserto fraguista “la calle es mía”. Así, puede estar más penado manifestarse que robar, como han hecho muchos de sus corruptos cargos condenados y otros presuntos. Me pregunto ¿Qué pasará con todos aquellos que sean multados bajo algunos de los artículos de esta ley cuando llegue otro gobierno y la derogue? ¿Les devolverán el dinero? Será la consecuencia de aprobar leyes sin buscar el mayor consenso político y de espaldas al sentir de unos ciudadanos que, si hacemos caso a las encuestas realizadas al respecto, rechaza en un porcentaje abrumador la ley mordaza, porque, sencillamente, resulta demencial; un instrumento para reprimir la protesta social y otorgar manga ancha a las Fuerzas de Seguridad del Estado (que están para protegernos y no para convertirse en mamporreras del gobierno) para cometer acciones abusivas contra los más débiles. Algo de lo que sólo será culpable el gobierno. Acabaré pensando que la mayor corrupción no es la que finalmente acaba desfilando por los juzgados, sino el poder que ostenta un gobierno para aprobar leyes antidemocráticas apoyándose en su democrático rodillo absolutista.
Yo creo que esta actitud el PP la debe llevar en el ADN, no es posible entender que si no existe un componente hereditario se pueda pensar que para erradicar los extremismos se tenga que penalizar las libertades –colectivas e individuales-, de no ser que la ley sólo haya sido pergeñada porque con ella el partido del gobierno se cubre las espaldas ante los escraches y la espontánea indignación popular que su presencia puede suscitar ante las próximas citas electorales, una indignación a la que se tiene derecho y que, en mi opinión, está muy justificada. Resulta triste comprobar cómo en un país y una sociedad que presume de desarrollada se le busque encaje a leyes tan retrógradas, o si se quiere, de imposible calado constitucional. Siempre criticaré que se utilice el parapeto de una manifestación pacífica para cometer actos vandálicos o criminales y amo profundamente la defensa y las libertades que me otorgan las Fuerzas de Seguridad del Estado que yo financio con mis impuestos. Pero debería ser más constitutivo de delito, porque es mucho más cruel, incumplir las promesas electorales de prosperidad escritas negro sobre blanco en esa estafa consentida que suponen los programas de los partidos… Pues no existe una forma más mezquina de represión que matar a la gente de hambre o entrar a saco en sus paupérrimos bolsillos y que todo se haga en la silente normalidad de un estado que se dice pulcramente democrático.
Estoy de acuerdo del principio al fin con tu reflexión. Pero a mí no me sorprende nada, estos que han evolucionado del aguilucho a la gaviota -siendo ambas aves de carroña- no se han movido un ápice en sus principios pre-constitucionales. Nadie se acuerda de la que formaron con la ley Corcuera, conocida como la ley de "la patada en la puerta", que a todas luces también era antidemocrática, porque si se presumía que se estaba cometiendo un delito, autorizaba a la policía sin permiso judicial a intervenir en un domicilio. Pero esta "ley mordaza" estrangula los derechos fundamentales de la ciudadanía, tales como los de expresión, de opinión y de manifestación, colocando al país al borde del tardofranquismo, donde los grises disolvían toda manifestación de más de 3 personas, y la iguala a la ley de ciudadanía rusa aprobada hace poco por la Duma, que prohíbe toda reunión de más de dos personas en la calle, tomándose como algo subversivo y como delito de rebelión. Putin como siempre rayando los límites de los derechos humanos, cuando no se los salta según el informe de Amnistía Internacional. Habrá que echar un vistazo al próximo informe de Amnistía sobre la ley del gobierno del PP, mucha atención. Yo dudo de la necesidad de esta ley, pero no de su oportunidad, ya que es un mensaje velado a los medios de comunicación para que tengan mucho cuidado de lo que publican, opinan o expresan. En Cuatro han entrado como elefante en cacharrería, se han llevado al presentador de Las Mañanas de Cuatro, Jesús Cintora, por expresar su opinión sobre la corrupción del PP, y de patitas a la calle, los cambios constantes en el brazo derecho de los peperos RTVE, en donde los mensajes subliminales son constantes, y nos pintan un país como los mundos de Yupi. ¡Qué vergüenza! Y lo único que tenemos para expresarnos que es la palabra nos la quieren quitar, como ya nos han asfixiados económicamente, nos han cerrado el grifo de la sanidad y de la educación, ¿qué nos queda? la palabra. Pero no nos la podrán quitar, la opinión y la expresión son inalienables al ser humano, un derecho fundamental dentro de los Derechos Humanos, contemplados en su Declaración. Pero todo esto se está haciendo usando una abusiva mayoría absoluta que todo lo puede y que todo lo posibilita, y desoyendo a toda la oposición, a toda. Pero en este gobierno todo es posible donde se ponen medallas militares a las vírgenes, y donde sus portavoces como la ínclita Sra. Cospedal en un lapsus lingue decía que "el PP iba a saquear la crisis", donde cuentan los euros por millones, y esto es lo que quieren acallar, donde los procedimientos judiciales se han postergado hasta después del 24 de Mayo, como el caso Gürtel. Y nos quieren callar, pues van listos! Pero lo de esta Ley de Ciudadanía es el punto álgido del pseudofascismo, con unos tintes ultras no vistos desde el 75.