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Jornada maratoniana en el juzgado de instrucción número 1 de Montijo. Dos años y medio después de que saltara el caso a la opinión pública, la juez Pilar Rodríguez tomó declaración a Emilio T., el único imputado en el caso Banesto, que tuvo lugar en Puebla de Obando. Lo hizo durante doce horas. La complejidad del asunto, con numerosas pruebas periciales y usuarios afectados, es el motivo. A falta de la calificación por parte de Fiscalía y de los abogados de los clientes, podría ser juzgado por estafa, apropiación indebida y falsificación de documentación mercantil.
En su declaración, el acusado negó todos los hechos que se le imputan. Aseguró que todos los clientes habían firmado los documentos correspondientes, por lo que no hubo falsificación.
Está previsto que a finales del mes de mayo comience la toma de declaración de los 35 afectados que han interpuesto denuncia.
La tramitación judicial ha sido lenta debido a los cambios de magistrados en el juzgado montijano, que empezó a recibir las primeras denuncias de los vecinos de Puebla de Obando por la gestión del responsable bancario, imputado por una presunta estafa bancaria que oscila entre 500.000 y 600.000 euros. Algunos han muerto en este tiempo o y sus herederos tienen que cargar con préstamos fantasmas.
Emilio T. era el director y el único empleado de la oficina. La mayoría de sus clientes, gente mayor y con escasos estudios. En la instrucción judicial aparecen casos como el de una persona firmante de siete préstamos cuando ganaba 500 euros al mes; el de un hombre con una pensión de 150 euros al que se le adjudicaron cinco tarjetas Visa Oro o incluso el de un traspaso de 10.000 euros desde la cuenta de un difunto. La desaparición del dinero de las pensiones son otras irregularidades. Abundan las firmas falsificadas, subraya Antonio Rubio, abogado de los afectados.
En 2011, Emilio T. se enfrentó a un juicio en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Se juzgó si Banesto podía o no echarle del trabajo con un despido disciplinario. La sala confirmó el despido. En la sentencia se afirmó como hechos probados que concedió 94 préstamos-consumo a 36 clientes por 1.658 euros sin disponer de la documentación o aportando datos no reales; o que había manipulado las cuentas de 25 clientes por un importe de 137.951 euros
En su declaración, el acusado negó todos los hechos que se le imputan. Aseguró que todos los clientes habían firmado los documentos correspondientes, por lo que no hubo falsificación.
Está previsto que a finales del mes de mayo comience la toma de declaración de los 35 afectados que han interpuesto denuncia.
La tramitación judicial ha sido lenta debido a los cambios de magistrados en el juzgado montijano, que empezó a recibir las primeras denuncias de los vecinos de Puebla de Obando por la gestión del responsable bancario, imputado por una presunta estafa bancaria que oscila entre 500.000 y 600.000 euros. Algunos han muerto en este tiempo o y sus herederos tienen que cargar con préstamos fantasmas.
Emilio T. era el director y el único empleado de la oficina. La mayoría de sus clientes, gente mayor y con escasos estudios. En la instrucción judicial aparecen casos como el de una persona firmante de siete préstamos cuando ganaba 500 euros al mes; el de un hombre con una pensión de 150 euros al que se le adjudicaron cinco tarjetas Visa Oro o incluso el de un traspaso de 10.000 euros desde la cuenta de un difunto. La desaparición del dinero de las pensiones son otras irregularidades. Abundan las firmas falsificadas, subraya Antonio Rubio, abogado de los afectados.
En 2011, Emilio T. se enfrentó a un juicio en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia. Se juzgó si Banesto podía o no echarle del trabajo con un despido disciplinario. La sala confirmó el despido. En la sentencia se afirmó como hechos probados que concedió 94 préstamos-consumo a 36 clientes por 1.658 euros sin disponer de la documentación o aportando datos no reales; o que había manipulado las cuentas de 25 clientes por un importe de 137.951 euros