DIARIO HOY
La Audiencia reabre el caso de la presunta estafa bancaria en Puebla de Obando
Obliga a la juez de Montijo que cerró la vía penal a la demanda de un matrimonio a que realice más pruebas, entre ellas caligráficas, y un informe contable antes de decidir
La Audiencia Provincial discrepa de la juez del juzgado de Montijo que instruye el caso Banesto de Puebla de Obando y ordena que se profundice en la investigación para determinar finalmente si hay delito o irregularidad. La magistrada Pilar Rodrigo del Hoyo archivó en diciembre las denuncias penales presentadas por ocho clientes al no atisbar indicios de estafa, ni apropiación indebida ni falsificación documental en la actuación de Emilio T., director de la oficina. Consideró que lo ocurrido podía ser una irregularidad, no un delito. El abogado Antonio Rubio, que representa a la mayoría de los afectados, recurrió a la Audiencia esa decisión y ahora la Sala provincial le da la razón. La estimación del recurso es de un caso concreto. Quedan pendientes otros siete.
«De las alegaciones efectuadas y de las diligencias practicadas aparecen indicios suficientes de haberse podido cometer las citadas infracciones penales», señala la Audiencia en el auto que ordena a la juez la continuación de las diligencias previas «por sus trámites para el completo esclarecimiento de los hechos».
En concreto, la sala pide a la magistrada que traiga a la causa la documentación original solicitada por los querellantes, un matrimonio que presuntamente solicitó dos préstamos en un mismo día por valor de casi 38.000 euros, algo que la pareja rechaza. La sala señala que se debe elaborar informe pericial caligráfico en relación con las firmas de la pareja. También reclama a la magistrada que incluya a la causa abierta el informe de la auditoría sobre la gestión del responsable de Banesto.
Por último, la Audiencia manda a la titular del juzgado nº2 de Montijo que se elabore informe pericial contable «en el que se analice, a la vista de la documentación referida, y la que en su caso el perito necesite de la entidad bancaria, todos los apuntes a que los querellantes se refieren, a fin de que pueda comprobarse su existencia, veracidad y justificación».
Préstamos no pedidos
En marzo de 2010, ese matrimonio, compuesto por un agricultor y una ama de casa, denunció que había descubierto que tenían un doble préstamo fraudulento que no suscribieron. Lo que había solicitado al responsable de Banesto en Puebla de Obando era un leasing (alquiler con opción de compra) para comprar un tractor de 28.000 euros.
«Los indicios conducen a que el director aprovechó la ocasión para que los incautos clientes firmaran dos pólizas de préstamo, sin necesidad alguna por cuanto con el primero tenían casi cubierto el pago del referido vehículo agrícola», señala el abogado Rubio. Igualmente, indica la existencia de reintegros no realizados por la pareja, disposiciones de tarjetas no consentidas y transferencias de las que no tenían conocimiento hasta la fecha que se detectaron las irregularidades.
«La actuación del director de la sucursal de Banesto ha sido fraudulenta, no simples irregularidades contables o prácticas fuera del control del banco. Existen indicios suficientes para la continuidad de las presentes diligencias previas, discrepamos de la decisión de la ponente de sobreseer estas actuaciones», replicó Rubio cuando la juez de Montijo decretó el archivo de la vía penal para este asunto. Es lo que pedían también el fiscal y los abogados de Emilio T. y Banesto. El letrado de los afectados recurrió entonces a la Audiencia esa medida y cinco meses después acepta el recurso.
La decisión de la Sala de que practiquen nuevas diligencias en el caso concreto de una denuncia que había sido archivada para seguir por la vía penal no presupone ahora que su calificación definitiva vaya a ser esa. Ni en ese caso concreto ni en los otros siete presentados.
La Audiencia reabre el caso de la presunta estafa bancaria en Puebla de Obando
Obliga a la juez de Montijo que cerró la vía penal a la demanda de un matrimonio a que realice más pruebas, entre ellas caligráficas, y un informe contable antes de decidir
La Audiencia Provincial discrepa de la juez del juzgado de Montijo que instruye el caso Banesto de Puebla de Obando y ordena que se profundice en la investigación para determinar finalmente si hay delito o irregularidad. La magistrada Pilar Rodrigo del Hoyo archivó en diciembre las denuncias penales presentadas por ocho clientes al no atisbar indicios de estafa, ni apropiación indebida ni falsificación documental en la actuación de Emilio T., director de la oficina. Consideró que lo ocurrido podía ser una irregularidad, no un delito. El abogado Antonio Rubio, que representa a la mayoría de los afectados, recurrió a la Audiencia esa decisión y ahora la Sala provincial le da la razón. La estimación del recurso es de un caso concreto. Quedan pendientes otros siete.
«De las alegaciones efectuadas y de las diligencias practicadas aparecen indicios suficientes de haberse podido cometer las citadas infracciones penales», señala la Audiencia en el auto que ordena a la juez la continuación de las diligencias previas «por sus trámites para el completo esclarecimiento de los hechos».
En concreto, la sala pide a la magistrada que traiga a la causa la documentación original solicitada por los querellantes, un matrimonio que presuntamente solicitó dos préstamos en un mismo día por valor de casi 38.000 euros, algo que la pareja rechaza. La sala señala que se debe elaborar informe pericial caligráfico en relación con las firmas de la pareja. También reclama a la magistrada que incluya a la causa abierta el informe de la auditoría sobre la gestión del responsable de Banesto.
Por último, la Audiencia manda a la titular del juzgado nº2 de Montijo que se elabore informe pericial contable «en el que se analice, a la vista de la documentación referida, y la que en su caso el perito necesite de la entidad bancaria, todos los apuntes a que los querellantes se refieren, a fin de que pueda comprobarse su existencia, veracidad y justificación».
Préstamos no pedidos
En marzo de 2010, ese matrimonio, compuesto por un agricultor y una ama de casa, denunció que había descubierto que tenían un doble préstamo fraudulento que no suscribieron. Lo que había solicitado al responsable de Banesto en Puebla de Obando era un leasing (alquiler con opción de compra) para comprar un tractor de 28.000 euros.
«Los indicios conducen a que el director aprovechó la ocasión para que los incautos clientes firmaran dos pólizas de préstamo, sin necesidad alguna por cuanto con el primero tenían casi cubierto el pago del referido vehículo agrícola», señala el abogado Rubio. Igualmente, indica la existencia de reintegros no realizados por la pareja, disposiciones de tarjetas no consentidas y transferencias de las que no tenían conocimiento hasta la fecha que se detectaron las irregularidades.
«La actuación del director de la sucursal de Banesto ha sido fraudulenta, no simples irregularidades contables o prácticas fuera del control del banco. Existen indicios suficientes para la continuidad de las presentes diligencias previas, discrepamos de la decisión de la ponente de sobreseer estas actuaciones», replicó Rubio cuando la juez de Montijo decretó el archivo de la vía penal para este asunto. Es lo que pedían también el fiscal y los abogados de Emilio T. y Banesto. El letrado de los afectados recurrió entonces a la Audiencia esa medida y cinco meses después acepta el recurso.
La decisión de la Sala de que practiquen nuevas diligencias en el caso concreto de una denuncia que había sido archivada para seguir por la vía penal no presupone ahora que su calificación definitiva vaya a ser esa. Ni en ese caso concreto ni en los otros siete presentados.