El LIDER DE PODEMOS sostiene así que toda la riqueza del país debe ser puesta al servicio del Gobierno, especialmente en una situación excepcional como la epidemia provocada por el coronavirus.
Pero el artículo 128.1 de la Constitución ni siquiera significa lo que cree el vicepresidente Pablo Iglesias: ni implica abolir la propiedad privada, ni permite expropiar empresas o requisar bienes sin indemnizar debidamente al afectado.
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