En Extremadura hay geriátricos que se están quedando con más huecos que nunca. En algunos casos ocurre por el elevado coste de unas plazas a las que no se puede hacer frente y en otros porque las familias necesitan rescatar al abuelo de la residencia y devolverlo a casa para seguir adelante tirando de su pensión. La primera razón la apunta el Sepad, el servicio autonómico de atención a la dependencia, desde el que se asegura que es algo que sucede en las residencias privadas y que, por el momento, no se ha advertido en las suyas. «Se mantiene la demanda habitual de los últimos años», indican sus responsables en un informe. El segundo argumento se esgrime desde la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores Lares-Extremadura, la única que existe en la región y en la que se agrupan aquellos centros sin ánimo de lucro que dependen de la Iglesia o asociaciones relacionadas con ella.
Una situación que empieza a advertirse en la comunidad autónoma, principalmente en las zonas rurales, a pesar de que según el último informe sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en España Extremadura es la que presta un mejor servicio residencial a sus mayores. Además, junto con Galicia, es la única que no ha retrocedido en número de personas con dependencia que están siendo atendidas, se asegura desde el Gobierno regional.
En el mapa geriátrico extremeño aparecen un total de 235 residencias, en las que hay plaza para 10.239 personas. De ellas, la mayoría -129- son de gestión municipal. Entre las restantes, 41 son de carácter privado; 30 las gestiona la Junta directa o indirectamente y 35 pertenecen a congregaciones religiosas, asociaciones y fundaciones.
Leonardo Galán es el presidente de Lares, la asociación que engloba a 22 geriátricos sin ánimo de lucro. Atienden a más de un millar de extremeños que en muchos casos se encuentran en situación de exclusión y desfavorecimiento social, de manera que se les cobra según los ingresos que tengan -si es que los tienen- y si los familiares pueden contribuir económicamente también lo hacen, según explica.
Eso era lo normal hasta que llegó una crisis que está cambiando el panorama. «Cada vez son más los familiares que no es que no puedan contribuir en el pago porque se han quedado en el paro, sino que no tienen más remedio que rescatar al abuelo de la residencia para devolverlo a casa y tirar de su pensión».
Uno de los últimos casos que recuerda es el de una señora que llevaba cinco años en un centro de Membrío y ha tenido que volver a casa porque sus hijos se han quedado en paro y necesitan que les ayude con su paga.
Una situación que empieza a advertirse en la comunidad autónoma, principalmente en las zonas rurales, a pesar de que según el último informe sobre la aplicación de la Ley de la Dependencia en España Extremadura es la que presta un mejor servicio residencial a sus mayores. Además, junto con Galicia, es la única que no ha retrocedido en número de personas con dependencia que están siendo atendidas, se asegura desde el Gobierno regional.
En el mapa geriátrico extremeño aparecen un total de 235 residencias, en las que hay plaza para 10.239 personas. De ellas, la mayoría -129- son de gestión municipal. Entre las restantes, 41 son de carácter privado; 30 las gestiona la Junta directa o indirectamente y 35 pertenecen a congregaciones religiosas, asociaciones y fundaciones.
Leonardo Galán es el presidente de Lares, la asociación que engloba a 22 geriátricos sin ánimo de lucro. Atienden a más de un millar de extremeños que en muchos casos se encuentran en situación de exclusión y desfavorecimiento social, de manera que se les cobra según los ingresos que tengan -si es que los tienen- y si los familiares pueden contribuir económicamente también lo hacen, según explica.
Eso era lo normal hasta que llegó una crisis que está cambiando el panorama. «Cada vez son más los familiares que no es que no puedan contribuir en el pago porque se han quedado en el paro, sino que no tienen más remedio que rescatar al abuelo de la residencia para devolverlo a casa y tirar de su pensión».
Uno de los últimos casos que recuerda es el de una señora que llevaba cinco años en un centro de Membrío y ha tenido que volver a casa porque sus hijos se han quedado en paro y necesitan que les ayude con su paga.
