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Un alto cargo de la Junta admite un fraude masivo con fondos de la UE
La Junta de Andalucía se encamina hacia un abismo de dimensiones desconocidas y consecuencias imprevisibles para el Estado español: un fraude masivo con fondos de la UE que no se ciñe sólo a los cursos de formación. El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, ha admitido ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) este «problema importante a nivel de toda la administración andaluza».
Sólo en su departamento hay, por un lado, 270 millones mal tramitados y, por otro, cuatro convocatorias anuales de ayudas para desempleados «que no están bien hechas».
El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, declaró el 4 de julio ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la Junta de Andalucía tiene «un problema importante a nivel de toda la administración» porque «se está resolviendo que muchas de las acciones subvencionadas no pueden ser subvencionables por considerar que no cumplen con los requisitos del Fondo Social Europeo».
Las cantidades son multimillonarias, pues sólo en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo se han debido «descatalogar» del presupuesto 270 millones de euros para cubrir el agujero creado por esa gestión irregular o fraudulenta de las ayudas de formación concedidas a consorcios.
Y eso no es lo peor. Cañavate advirtió ante la UCO de que eso es solamente una parte del problema que se ha encontrado en su departamento. Existe un «segundo problema» cuya solución se antoja igualmente difícil: las convocatorias de ayudas para desempleados de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 «no están bien hechas», por lo que el resultado final podría ser la devolución de los fondos.
Con «no están bien hechas», el director general de Formación Profesional para el Empleo se refería realmente a que «no existen documentos que justifiquen el motivo por el cual, en el momento de la valoración de la acción formativa, se adjudican unas cantidades a determinadas entidades y otras diferentes a otras». Traducido de nuevo: la discrecionalidad, cuando menos, en la adjudicación de esas subvenciones de fondos europeos.
Fuentes consultadas por EL MUNDO señalan que por el momento es imposible cuantificar el alcance económico del presunto fraude, pero se muestran convencidas de que las cantidades serán muy elevadas y, por lo que ha declarado este alto cargo, no sólo procedentes de fondos de formación sino de ayudas procedentes de Europa para muchos fines.
Quienes están «resolviendo», en palabras del director general, que las ayudas no se han gestionado adecuadamente, son los llamados «verificadores del Fondo Social Europeo», unos auditores externos que velan por que el dinero procedente de la Unión Europea se aplica correctamente. Esos verificadores pueden ser funcionarios o personal externo contratado a requerimiento de la Unión Europea para auditar las subvenciones, según han señalado fuentes consultadas por este periódico.
Los verificadores están oponiéndose a dar el visto bueno a las subvenciones gestionadas por la Junta no sólo porque no estén justificadas. «Por ahí empezaron, pero ahora han ido más allá», señalan las fuentes. Y ese «más allá» es considerar, como declaró ante la UCO el director general Carlos Cañavate, que la Junta de Andalucía no concedió las subvenciones correctamente y que éstas, independientemente de que hayan sido justificadas o no, tienen un vicio de origen.
En lo que atañe a su departamento, las ayudas para formación, Cañavate fue contundente al declarar ante la UCO. Desveló que al llegar al cargo en octubre de 2013 se encontró que había 950 millones de euros de ayudas de formación sin justificar porque la Junta de Andalucía venía exonerando a los beneficiarios de la obligación de justificarlas desde el año 2007 y que él decidió acabar con dicha práctica. «No creo normal que la excepcionalidad se convierta en normalidad», declaró el alto cargo.
La Junta de Andalucía sólo ha informado por el momento de las exoneraciones de 2009, 2010, 2011 y 2012 y lo ha hecho apelando a la «transparencia», pero no ha aportado información alguna sobre las de 2007 y 2008.
Cuando el Gobierno andaluz decidió traspasar las competencias de formación desde la Consejería de Empleo a la de Educación, la situación fue «desastrosa» hasta el punto de que la Intervención General ordenó suspender los pagos de ayudas ante el caos reinante.
Además de acabar con las exoneraciones, declaró que ha adoptado una segunda decisión: que las ayudas se concedan «utilizando el procedimiento de concurrencia competitiva» en lugar de hacerlo 'a dedo' y que incluso se reunió con los sindicatos para hacérselo saber.
Cañavate ha intentado romper con lo anterior y asegura que su departamento está volcado «en la justificación de todos los expedientes que se encontraban sin justificar».
Un alto cargo de la Junta admite un fraude masivo con fondos de la UE
La Junta de Andalucía se encamina hacia un abismo de dimensiones desconocidas y consecuencias imprevisibles para el Estado español: un fraude masivo con fondos de la UE que no se ciñe sólo a los cursos de formación. El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, ha admitido ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) este «problema importante a nivel de toda la administración andaluza».
Sólo en su departamento hay, por un lado, 270 millones mal tramitados y, por otro, cuatro convocatorias anuales de ayudas para desempleados «que no están bien hechas».
El director general de Formación Profesional para el Empleo, Carlos Cañavate, declaró el 4 de julio ante la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) que la Junta de Andalucía tiene «un problema importante a nivel de toda la administración» porque «se está resolviendo que muchas de las acciones subvencionadas no pueden ser subvencionables por considerar que no cumplen con los requisitos del Fondo Social Europeo».
Las cantidades son multimillonarias, pues sólo en la Dirección General de Formación Profesional para el Empleo se han debido «descatalogar» del presupuesto 270 millones de euros para cubrir el agujero creado por esa gestión irregular o fraudulenta de las ayudas de formación concedidas a consorcios.
Y eso no es lo peor. Cañavate advirtió ante la UCO de que eso es solamente una parte del problema que se ha encontrado en su departamento. Existe un «segundo problema» cuya solución se antoja igualmente difícil: las convocatorias de ayudas para desempleados de los años 2007, 2008, 2009 y 2010 «no están bien hechas», por lo que el resultado final podría ser la devolución de los fondos.
Con «no están bien hechas», el director general de Formación Profesional para el Empleo se refería realmente a que «no existen documentos que justifiquen el motivo por el cual, en el momento de la valoración de la acción formativa, se adjudican unas cantidades a determinadas entidades y otras diferentes a otras». Traducido de nuevo: la discrecionalidad, cuando menos, en la adjudicación de esas subvenciones de fondos europeos.
Fuentes consultadas por EL MUNDO señalan que por el momento es imposible cuantificar el alcance económico del presunto fraude, pero se muestran convencidas de que las cantidades serán muy elevadas y, por lo que ha declarado este alto cargo, no sólo procedentes de fondos de formación sino de ayudas procedentes de Europa para muchos fines.
Quienes están «resolviendo», en palabras del director general, que las ayudas no se han gestionado adecuadamente, son los llamados «verificadores del Fondo Social Europeo», unos auditores externos que velan por que el dinero procedente de la Unión Europea se aplica correctamente. Esos verificadores pueden ser funcionarios o personal externo contratado a requerimiento de la Unión Europea para auditar las subvenciones, según han señalado fuentes consultadas por este periódico.
Los verificadores están oponiéndose a dar el visto bueno a las subvenciones gestionadas por la Junta no sólo porque no estén justificadas. «Por ahí empezaron, pero ahora han ido más allá», señalan las fuentes. Y ese «más allá» es considerar, como declaró ante la UCO el director general Carlos Cañavate, que la Junta de Andalucía no concedió las subvenciones correctamente y que éstas, independientemente de que hayan sido justificadas o no, tienen un vicio de origen.
En lo que atañe a su departamento, las ayudas para formación, Cañavate fue contundente al declarar ante la UCO. Desveló que al llegar al cargo en octubre de 2013 se encontró que había 950 millones de euros de ayudas de formación sin justificar porque la Junta de Andalucía venía exonerando a los beneficiarios de la obligación de justificarlas desde el año 2007 y que él decidió acabar con dicha práctica. «No creo normal que la excepcionalidad se convierta en normalidad», declaró el alto cargo.
La Junta de Andalucía sólo ha informado por el momento de las exoneraciones de 2009, 2010, 2011 y 2012 y lo ha hecho apelando a la «transparencia», pero no ha aportado información alguna sobre las de 2007 y 2008.
Cuando el Gobierno andaluz decidió traspasar las competencias de formación desde la Consejería de Empleo a la de Educación, la situación fue «desastrosa» hasta el punto de que la Intervención General ordenó suspender los pagos de ayudas ante el caos reinante.
Además de acabar con las exoneraciones, declaró que ha adoptado una segunda decisión: que las ayudas se concedan «utilizando el procedimiento de concurrencia competitiva» en lugar de hacerlo 'a dedo' y que incluso se reunió con los sindicatos para hacérselo saber.
Cañavate ha intentado romper con lo anterior y asegura que su departamento está volcado «en la justificación de todos los expedientes que se encontraban sin justificar».