Trabajar todos los días de la semana por salarios irregulares que a veces llegan y a veces no. Vivir en condiciones paupérrimas e incluso aislados de la comunidad. Trabajar sin contrato y bajo amenazas constantes de expulsión. Son algunos ejemplos de lo que la Unión Europea define como "explotación laboral grave", un fenómeno al alza en España, Portugal y Grecia, según un informe de la Agencia Europea por los Derechos Fundamentales, el más completo sobre el fenómeno hasta la fecha. La crisis económica está detrás del aumento de la explotación laboral, que en estos países llega a implicar, en ocasiones, situaciones de esclavitud.
El auge de la explotación laboral está relacionado, por tanto, con la crisis, pero también con ciertos sectores donde está especialmente arraigada: la agricultura, la construcción, los servicios en los hoteles y el catering, el trabajo doméstico y las manufacturas. La pobreza es un factor de riesgo, sufrirla hace a las personas más vulnerables a la explotación, que muchas veces aceptan porque no tienen otra alternativa o, en el caso de los trabajadores desplazados a otros países, porque la presion para enviar dinero a casa o pagar deudas se impone.
"Las víctimas de la explotación laboral grave son trabajadores que padecen condiciones laborales punibles bajo la legislación del país en el que se encuentran. Muchas veces trabajan aisladas, en el campo, en casas o en edificios en construcción. Cuando su trabajo acaba, las víctimas suelen abandonar el país en el que han trabajado y es difícil hacerles seguimiento", explica el informe.
El Director de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, Constantinos Manolopoulos, habla de una "problema endémico" e insta a los estados miembros a promover un clima de tolerancia cero a este forma de explotación. "La explotación de trabajadores que se han visto forzados por sus circunstancias económicas y sociales a aceptar malas condiciones laborales es inaceptable", asegura Manolopoulos.
Y es que el informe señala que, a pesar de su aumento, la explotación laboral grave sigue siendo un fenómeno invisible y escondido. "Los intereses políticos y económicos favorecen esa invisibilidad, especialmente en tiempos de crisis", afirma la Agencia Europea, que señala la falta de coordinación y comunicación entre organismos e instituciones para resolver estas situaciones.
Es precisamente esa naturaleza oscura la que hace muy difícil de cuantificar el fenómeno. El informe se remite para ello a los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima que cerca de tres cada mil personas en el mundo han padecido explotación en algún momento durante la década de 2002 a 2011. La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales basa su informe en grupos de trabajo con cientos de expertos y personal especializado de prácticamente todos los países miembros, así como en decenas de casos de estudio.
Impunidad
A pesar de la gravedad del asunto, la impunidad es grande. El estudio europeo la señala como uno de los obstáculos para acabar con el fenómeno. Por ejemplo, aunque la Union Europea cuenta con legislación que prohíbe varias formas de explotación, en muchos estados miembros la pena máxima por explotar a un trabajador migrante es inferior a dos años, "una pena que no refleja la gravedad del derecho fundamental que se está violando".
Y es también la falta de denuncias de las víctimas lo que alimenta la impunidad. El informe señala que no lo hacen bien porque no se les permite hacerlo, bien por temor a las consecuencias. "A esto se añade un escaso riesgo de que los autores se enfrenten ante procesos penales o sean obligados a compensar a las víctimas. Esta suma de factores crean una situación que no solo perjudica a las propias víctimas, sino que también socava las normas laborales en un sentido más amplio".
El auge de la explotación laboral está relacionado, por tanto, con la crisis, pero también con ciertos sectores donde está especialmente arraigada: la agricultura, la construcción, los servicios en los hoteles y el catering, el trabajo doméstico y las manufacturas. La pobreza es un factor de riesgo, sufrirla hace a las personas más vulnerables a la explotación, que muchas veces aceptan porque no tienen otra alternativa o, en el caso de los trabajadores desplazados a otros países, porque la presion para enviar dinero a casa o pagar deudas se impone.
"Las víctimas de la explotación laboral grave son trabajadores que padecen condiciones laborales punibles bajo la legislación del país en el que se encuentran. Muchas veces trabajan aisladas, en el campo, en casas o en edificios en construcción. Cuando su trabajo acaba, las víctimas suelen abandonar el país en el que han trabajado y es difícil hacerles seguimiento", explica el informe.
El Director de la Agencia Europea de los Derechos Fundamentales, Constantinos Manolopoulos, habla de una "problema endémico" e insta a los estados miembros a promover un clima de tolerancia cero a este forma de explotación. "La explotación de trabajadores que se han visto forzados por sus circunstancias económicas y sociales a aceptar malas condiciones laborales es inaceptable", asegura Manolopoulos.
Y es que el informe señala que, a pesar de su aumento, la explotación laboral grave sigue siendo un fenómeno invisible y escondido. "Los intereses políticos y económicos favorecen esa invisibilidad, especialmente en tiempos de crisis", afirma la Agencia Europea, que señala la falta de coordinación y comunicación entre organismos e instituciones para resolver estas situaciones.
Es precisamente esa naturaleza oscura la que hace muy difícil de cuantificar el fenómeno. El informe se remite para ello a los cálculos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que estima que cerca de tres cada mil personas en el mundo han padecido explotación en algún momento durante la década de 2002 a 2011. La Agencia Europea de los Derechos Fundamentales basa su informe en grupos de trabajo con cientos de expertos y personal especializado de prácticamente todos los países miembros, así como en decenas de casos de estudio.
Impunidad
A pesar de la gravedad del asunto, la impunidad es grande. El estudio europeo la señala como uno de los obstáculos para acabar con el fenómeno. Por ejemplo, aunque la Union Europea cuenta con legislación que prohíbe varias formas de explotación, en muchos estados miembros la pena máxima por explotar a un trabajador migrante es inferior a dos años, "una pena que no refleja la gravedad del derecho fundamental que se está violando".
Y es también la falta de denuncias de las víctimas lo que alimenta la impunidad. El informe señala que no lo hacen bien porque no se les permite hacerlo, bien por temor a las consecuencias. "A esto se añade un escaso riesgo de que los autores se enfrenten ante procesos penales o sean obligados a compensar a las víctimas. Esta suma de factores crean una situación que no solo perjudica a las propias víctimas, sino que también socava las normas laborales en un sentido más amplio".