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Toga se dice del traje exterior que usan los magistrados, letrados, catedráticos u otras personas para actos específicos: los abogados llevaban toga en el juicio.
Doce años después de que el proyecto de creación de una gran fábrica de bicicletas empezara a rodar en Alburquerque, sus protagonistas se han visto sacudidos por un nuevo episodio. Según los datos que obran en poder de HOY, la Tesorería General de la Seguridad Social ha comunicado al Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz el embargo de varias propiedades del alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo (PSOE), y de otras personas que gestionaron la fábrica antes de su cierre.
Las anotaciones hechas en el Registro por la Seguridad Social sobre esas posesiones confirman que el organismo recaudador ha puesto en marcha la maquinaria administrativa necesaria para cobrar las deudas contraídas por Bicinatura al no abonar las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. El total del embargo suma 453.958 euros.
La primera actuación de la Tesorería se remonta al mes de abril de este año, cuando fue dictada una providencia de embargo sobre las instalaciones que ocupó la fábrica de bicicletas, una parcela con varias naves que suman 2.198 metros cuadrados construidos. Desde el 29 de abril pesa sobre esta finca una anotación preventiva de embargo por una deuda que asciende a 343.259 euros, cantidad a la que hay que sumar 36.506 euros por intereses y costas, un recargo de apremio de 67.702 euros y otra cantidad de 491 euros.
Contra Vadillo
Mes y medio después, la Tesorería General de la Seguridad Social siguió adelante con el proceso de reclamación de deudas, pero no lo hizo ya contra Bicinatura, sino que actuó contra los responsables de la empresa, un listado de personas en el que figuran el alcalde de Alburquerque, la tesorera del ayuntamiento de esta localidad y el ex concejal de Hacienda. Los tres eran miembros del consejo de Bicinatura, la fábrica de bicicletas que cerró en 2006.
La responsabilidad que asumieron estas tres personas mientras funcionó el negocio han terminado pasándoles factura. De hecho, la Seguridad Social comunicó en junio al Registro de la Propiedad de Badajoz el embargo de tres propiedades de Ángel Vadillo y de las respectivas viviendas de la interventora y el ex concejal. El primer inmueble afectado es el que Ángel Vadillo y su esposa poseen en la plaza de San Vicente de Alburquerque. Se trata de una casa baja levantada sobre un solar de 300 metros cuadrados, aunque sólo la mitad está edificado. En el Registro de la Propiedad figura que esa casa tiene un embargo sobre la totalidad de la finca a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por un total de 175.868 euros, cifra a la que hay que sumar 35.041 euros de recargo, 42.948 euros de intereses, 20 euros de costas devengadas y 600 euros de costas e intereses presupuestados. La suma asciende a 254.489 euros.
Esa anotación corresponde a una providencia del 15 de junio, el mismo día en el que se fecha el embargo que afecta a otra finca rústica que también es propiedad del alcalde de Alburquerque y su esposa. Está en el paraje Los Brejos y ocupa una fanega y cinco celemines (unos 9.000 metros cuadrados). Dentro hay una casa con diferentes dependencias. En este caso la anotación a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 350.888 euros.
Interventora y ex concejal
A esta segunda propiedad se suma una tercera: una casa de la calle Las Monjas que tiene ocho propietarios, motivo por el que el embargo sólo afecta a la octava parte del inmueble que es propiedad de Vadillo y su esposa. La anotación asciende a 254.489 euros.
El proceso iniciado por la Tesorería General de la Seguridad Social para cobrar los impagos de Bicinatura afecta directamente al alcalde de Alburquerque, pero no para ahí. También la interventora del Ayuntamiento de Alburquerque, Rosa Carmen Díaz Guerra, se ha visto involucrada, y sobre la vivienda unifamiliar que posee en el pueblo se ha hecho una anotación de embargo que asciende a 350.000 euros.
También el ex concejal de Hacienda de Alburquerque, Ángel Francisco Guisado Plata, ha visto caer sobre su vivienda de la calle Extremadura el peso de la Seguridad Social, que hizo en junio una anotación de embargo por valor de 350.000 euros.
Todos estos datos fueron comunicados en junio al Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz, cuya misión es actualizar la situación administrativa de todas las propiedades, un encargo que incluye también la inclusión de los embargos decretados por la Tesorería de la Seguridad Social.
Ante los nuevos datos conocidos, HOY ha intentado contactar con el alcalde de Alburquerque para saber en qué momento se encuentra el proceso, pero Vadillo guarda silencio.
Quien sí ha contestado es la interventora del Ayuntamiento de Alburquerque, Rosa Carmen Díaz Guerra. En declaraciones a HOY aseguró que el embargo que afectaba a su casa ya ha sido levantado. «En lo que me afecta a mí, lo último que yo tengo es un levantamiento de embargo porque la empresa había solucionado la deuda con la Seguridad Social. Hasta ahí sé. Yo tengo el documento del levantamiento de embargo», aseguró antes de añadir que con el resto de los afectados había ocurrido lo mismo. «Si la empresa soluciona el problema, lo soluciona para todos». En cualquier caso, Díaz Guerra no ha facilitado documentación alguna que acredite el levantamiento del embargo.
También el ex concejal de Hacienda respondió a la llamada de HOY para indicar que cree que se está pagando a la Seguridad Social. «Sé que ha llegado comunicado de levantamiento, pero no sé si ha llegado ya todo o no. Lo que competía a mi nómina sí, lo otro no lo sé, lo lleva mi abogado». De este modo confirmaba que la actuación de la Tesorería de la Seguridad Social no sólo afectaba a las propiedades de los afectados por el caso Bicinatura, sino que atañe también a sus ingresos, incluidas las nóminas.
A pesar de lo manifestado por Rosa Carmen Díaz y Ángel Francisco Guisado, la Tesorería General de la Seguridad Social aún no ha comunicado al Registro de la Propiedad el supuesto levantamiento de los embargos del que hablan y los afectados tampoco han facilitado documentación que lo acredite.
En el Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz se puede constatar que a fecha de 8 de octubre no se le ha notificado el levantamiento de ninguno de esos embargos.
Doce años después de que el proyecto de creación de una gran fábrica de bicicletas empezara a rodar en Alburquerque, sus protagonistas se han visto sacudidos por un nuevo episodio. Según los datos que obran en poder de HOY, la Tesorería General de la Seguridad Social ha comunicado al Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz el embargo de varias propiedades del alcalde de Alburquerque, Ángel Vadillo (PSOE), y de otras personas que gestionaron la fábrica antes de su cierre.
Las anotaciones hechas en el Registro por la Seguridad Social sobre esas posesiones confirman que el organismo recaudador ha puesto en marcha la maquinaria administrativa necesaria para cobrar las deudas contraídas por Bicinatura al no abonar las cuotas de la Seguridad Social de sus trabajadores. El total del embargo suma 453.958 euros.
La primera actuación de la Tesorería se remonta al mes de abril de este año, cuando fue dictada una providencia de embargo sobre las instalaciones que ocupó la fábrica de bicicletas, una parcela con varias naves que suman 2.198 metros cuadrados construidos. Desde el 29 de abril pesa sobre esta finca una anotación preventiva de embargo por una deuda que asciende a 343.259 euros, cantidad a la que hay que sumar 36.506 euros por intereses y costas, un recargo de apremio de 67.702 euros y otra cantidad de 491 euros.
Contra Vadillo
Mes y medio después, la Tesorería General de la Seguridad Social siguió adelante con el proceso de reclamación de deudas, pero no lo hizo ya contra Bicinatura, sino que actuó contra los responsables de la empresa, un listado de personas en el que figuran el alcalde de Alburquerque, la tesorera del ayuntamiento de esta localidad y el ex concejal de Hacienda. Los tres eran miembros del consejo de Bicinatura, la fábrica de bicicletas que cerró en 2006.
La responsabilidad que asumieron estas tres personas mientras funcionó el negocio han terminado pasándoles factura. De hecho, la Seguridad Social comunicó en junio al Registro de la Propiedad de Badajoz el embargo de tres propiedades de Ángel Vadillo y de las respectivas viviendas de la interventora y el ex concejal. El primer inmueble afectado es el que Ángel Vadillo y su esposa poseen en la plaza de San Vicente de Alburquerque. Se trata de una casa baja levantada sobre un solar de 300 metros cuadrados, aunque sólo la mitad está edificado. En el Registro de la Propiedad figura que esa casa tiene un embargo sobre la totalidad de la finca a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social por un total de 175.868 euros, cifra a la que hay que sumar 35.041 euros de recargo, 42.948 euros de intereses, 20 euros de costas devengadas y 600 euros de costas e intereses presupuestados. La suma asciende a 254.489 euros.
Esa anotación corresponde a una providencia del 15 de junio, el mismo día en el que se fecha el embargo que afecta a otra finca rústica que también es propiedad del alcalde de Alburquerque y su esposa. Está en el paraje Los Brejos y ocupa una fanega y cinco celemines (unos 9.000 metros cuadrados). Dentro hay una casa con diferentes dependencias. En este caso la anotación a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social asciende a 350.888 euros.
Interventora y ex concejal
A esta segunda propiedad se suma una tercera: una casa de la calle Las Monjas que tiene ocho propietarios, motivo por el que el embargo sólo afecta a la octava parte del inmueble que es propiedad de Vadillo y su esposa. La anotación asciende a 254.489 euros.
El proceso iniciado por la Tesorería General de la Seguridad Social para cobrar los impagos de Bicinatura afecta directamente al alcalde de Alburquerque, pero no para ahí. También la interventora del Ayuntamiento de Alburquerque, Rosa Carmen Díaz Guerra, se ha visto involucrada, y sobre la vivienda unifamiliar que posee en el pueblo se ha hecho una anotación de embargo que asciende a 350.000 euros.
También el ex concejal de Hacienda de Alburquerque, Ángel Francisco Guisado Plata, ha visto caer sobre su vivienda de la calle Extremadura el peso de la Seguridad Social, que hizo en junio una anotación de embargo por valor de 350.000 euros.
Todos estos datos fueron comunicados en junio al Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz, cuya misión es actualizar la situación administrativa de todas las propiedades, un encargo que incluye también la inclusión de los embargos decretados por la Tesorería de la Seguridad Social.
Ante los nuevos datos conocidos, HOY ha intentado contactar con el alcalde de Alburquerque para saber en qué momento se encuentra el proceso, pero Vadillo guarda silencio.
Quien sí ha contestado es la interventora del Ayuntamiento de Alburquerque, Rosa Carmen Díaz Guerra. En declaraciones a HOY aseguró que el embargo que afectaba a su casa ya ha sido levantado. «En lo que me afecta a mí, lo último que yo tengo es un levantamiento de embargo porque la empresa había solucionado la deuda con la Seguridad Social. Hasta ahí sé. Yo tengo el documento del levantamiento de embargo», aseguró antes de añadir que con el resto de los afectados había ocurrido lo mismo. «Si la empresa soluciona el problema, lo soluciona para todos». En cualquier caso, Díaz Guerra no ha facilitado documentación alguna que acredite el levantamiento del embargo.
También el ex concejal de Hacienda respondió a la llamada de HOY para indicar que cree que se está pagando a la Seguridad Social. «Sé que ha llegado comunicado de levantamiento, pero no sé si ha llegado ya todo o no. Lo que competía a mi nómina sí, lo otro no lo sé, lo lleva mi abogado». De este modo confirmaba que la actuación de la Tesorería de la Seguridad Social no sólo afectaba a las propiedades de los afectados por el caso Bicinatura, sino que atañe también a sus ingresos, incluidas las nóminas.
A pesar de lo manifestado por Rosa Carmen Díaz y Ángel Francisco Guisado, la Tesorería General de la Seguridad Social aún no ha comunicado al Registro de la Propiedad el supuesto levantamiento de los embargos del que hablan y los afectados tampoco han facilitado documentación que lo acredite.
En el Registro de la Propiedad número 2 de Badajoz se puede constatar que a fecha de 8 de octubre no se le ha notificado el levantamiento de ninguno de esos embargos.