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Suma y sigue. El juez Baltasar Garzón ha imputado a otras 10 personas en la trama corrupta vinculada al PP, que se suman a las 60 anteriores. El magistrado ya ha interrogado a seis de ellas y al resto las oirá el próximo lunes. El magistrado sigue instruyendo esta trama hasta que los tribunales superiores de Madrid y la Comunidad Valenciana decidan si asumen la investigación.
Fuentes judiciales informaron ayer de que las personas imputadas están relacionadas con el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y con los despachos profesionales que colaboraron con el jefe de esta trama, Francisco Correa. Además, el juez ha empezado a nombrar administradores judiciales en las 12 sociedades que empleó el cabecilla de la red para ocultar sus negocios.
Tomás Martín Morales figura en la nueva relación, pero este miembro del comité ejecutivo del PP en Boadilla del Monte ya había sido imputado por el juez el pasado 5 de marzo, el mismo día en que se inhibió a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia. En el auto de imputación, el juez explicaba que este "cargo de confianza" de González Panero había participado en la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con el empresario José Luis Ulibarri. También consta que recibió dinero de Correa "cuando llevaba la campaña del partido en Boadilla del Monte y aún no ocupaba cargo en el ayuntamiento".
Los nuevos imputados están acusados de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal. Correa; su mano derecha, Pablo Crespo; y su primo, Antoine Sánchez, también han sido imputados por asociación ilícita.
AFORADOS La próxima semana los tribunales superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana decidirán si asumen la investigación que les remitió el juez por la condición de aforados de los imputados. En los escritos de inhibición acusaba al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; al secretario del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; y a otras dos personas. En Madrid, el juez quiere que se actúe contra los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.
Fuentes judiciales informaron ayer de que las personas imputadas están relacionadas con el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero y con los despachos profesionales que colaboraron con el jefe de esta trama, Francisco Correa. Además, el juez ha empezado a nombrar administradores judiciales en las 12 sociedades que empleó el cabecilla de la red para ocultar sus negocios.
Tomás Martín Morales figura en la nueva relación, pero este miembro del comité ejecutivo del PP en Boadilla del Monte ya había sido imputado por el juez el pasado 5 de marzo, el mismo día en que se inhibió a favor de los tribunales superiores de Madrid y Valencia. En el auto de imputación, el juez explicaba que este "cargo de confianza" de González Panero había participado en la adjudicación de contratos a empresas relacionadas con el empresario José Luis Ulibarri. También consta que recibió dinero de Correa "cuando llevaba la campaña del partido en Boadilla del Monte y aún no ocupaba cargo en el ayuntamiento".
Los nuevos imputados están acusados de los delitos de cohecho, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y fraude fiscal. Correa; su mano derecha, Pablo Crespo; y su primo, Antoine Sánchez, también han sido imputados por asociación ilícita.
AFORADOS La próxima semana los tribunales superiores de Justicia de Madrid y la Comunidad Valenciana decidirán si asumen la investigación que les remitió el juez por la condición de aforados de los imputados. En los escritos de inhibición acusaba al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps; al secretario del PP en esta comunidad, Ricardo Costa; y a otras dos personas. En Madrid, el juez quiere que se actúe contra los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.