07/06/2012
El Partido Popular ejerce sin complejos en España la mayoría absoluta conseguida el pasado noviembre en las urnas. Desde entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy ha gobernado con la fórmula del rodillo en el Parlamento y, sin necesidad de él, a través de los decretos leyes. La conveniencia de un respaldo político para dar trascendencia a las medidas polémicas e impopulares y para la requerida imagen de unidad cara a los mercados y la Unión Europea solo se ha traducido en la captación de las adhesiones de algunos partidos afines a su ideología, incluida la CiU que, no obstante, luego acude al Tribunal Constitucional por uno de los decretos ley, el que afecta a la sanidad.
El PSOE también decidió el martes presentar recurso ante el Constitucional por el decretazo que ha cambiado el modelo de radiotelevisión pública estatal (RTVE) y con él la exigencia de un lógico consenso para elegir a su cúpula. En consecuencia, gobernar a golpe de BOE puede inundar el alto tribunal de quejas, algunas de las cuales se hubieran podido resolver con diálogo y negociación. Además, despojar al Parlamento de su función de ágora cuando se trata de modificar estructuras que conforman la médula espinal de los españoles, como la sanidad y la educación, nutre la desconfianza.
Y esa desconfianza deriva en hastío cuando a la vista de todo el mundo se han aireado las presuntas vergüenzas del presidente del Supremo, Carlos Dívar, y la gestión ruinosa de entidades como Bankia, y nadie da explicaciones. La visión política de los partidos como el PP y CiU al impedir que Dívar responda en el Congreso a las preguntas sobre su comportamiento, nada acorde con la situación actual que vive el país, no parece congeniar con el sentir popular ni con el espíritu de la misma ley de transparencia aprobada por el Ejecutivo de Rajoy.
Apelar, asimismo, a las incertidumbres para negar luz y taquígrafos en la trama bancaria que está poniendo en serios apuros al país, aliña una forma de gobernar con secretismo que, además, busca la cobertura de los momentos excepcionales que afronta España. Cuando, en realidad, la excepcionalidad de esta situación reclama una complicidad con los ciudadanos que no entenderán los pactos de interés y partidistas. El PP tiene mayoría absoluta. Pero la coyuntura demanda más absoluta confianza y absoluta ejemplaridad.
Saluda la piel de naranja.
El Partido Popular ejerce sin complejos en España la mayoría absoluta conseguida el pasado noviembre en las urnas. Desde entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy ha gobernado con la fórmula del rodillo en el Parlamento y, sin necesidad de él, a través de los decretos leyes. La conveniencia de un respaldo político para dar trascendencia a las medidas polémicas e impopulares y para la requerida imagen de unidad cara a los mercados y la Unión Europea solo se ha traducido en la captación de las adhesiones de algunos partidos afines a su ideología, incluida la CiU que, no obstante, luego acude al Tribunal Constitucional por uno de los decretos ley, el que afecta a la sanidad.
El PSOE también decidió el martes presentar recurso ante el Constitucional por el decretazo que ha cambiado el modelo de radiotelevisión pública estatal (RTVE) y con él la exigencia de un lógico consenso para elegir a su cúpula. En consecuencia, gobernar a golpe de BOE puede inundar el alto tribunal de quejas, algunas de las cuales se hubieran podido resolver con diálogo y negociación. Además, despojar al Parlamento de su función de ágora cuando se trata de modificar estructuras que conforman la médula espinal de los españoles, como la sanidad y la educación, nutre la desconfianza.
Y esa desconfianza deriva en hastío cuando a la vista de todo el mundo se han aireado las presuntas vergüenzas del presidente del Supremo, Carlos Dívar, y la gestión ruinosa de entidades como Bankia, y nadie da explicaciones. La visión política de los partidos como el PP y CiU al impedir que Dívar responda en el Congreso a las preguntas sobre su comportamiento, nada acorde con la situación actual que vive el país, no parece congeniar con el sentir popular ni con el espíritu de la misma ley de transparencia aprobada por el Ejecutivo de Rajoy.
Apelar, asimismo, a las incertidumbres para negar luz y taquígrafos en la trama bancaria que está poniendo en serios apuros al país, aliña una forma de gobernar con secretismo que, además, busca la cobertura de los momentos excepcionales que afronta España. Cuando, en realidad, la excepcionalidad de esta situación reclama una complicidad con los ciudadanos que no entenderán los pactos de interés y partidistas. El PP tiene mayoría absoluta. Pero la coyuntura demanda más absoluta confianza y absoluta ejemplaridad.
Saluda la piel de naranja.