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JESÚS G. ALBALAT / MARISA GOÑI 27/06/2012
El empresario catalán Joaquim Boixareu ha confirmado esta tarde ante el juez José Castro que Iñaki Urdangarin le instó a crear la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS) y le dio los 30.000 euros para su constitución. Según ha expuesto, el pago de esa cantidad, por la que llegó a emitir dos facturas, no obedecía a servicio alguno, ya que él ayudó a Urdangarin "sin ánimo de lucro". La ayuda consistió en facilitarle nombres y contactos para eventos de patrocinio. Según Boixareu, Urdangarin insistió en que cobrara por su colaboración y decidió pagarle 30.000 euros, siendo el propio empresario quien se hizo cargo del IRPF. Frente a los directivos de diversas empresas que han negado ante el juez haber tenido a Boixareu como mediador en sus relaciones con el Instituto Nóos, el propio empresario ha matizado que no realizó gestiones directas, sino que se limitó a sugerir nombres.
Boixareu ha declarado que fue Urdangarin quien le propuso aportar los 30.000 euros a la FCDIS, cuya constitución fue idea del duque de Palma y llegó a recuadar más de 400.000 euros. Boixareu aseguró que el yerno del Rey aparecía en el acta fundacional de esta entidad -la tercera sin ánimo de lucro que montó con su socio Diego Torres- y pasó a formar parte del Consejo Asesor, mientras que él mismo no tuvo ninguna vinculación más allá de participar en su nacimiento. Esta fundación adquirió más tarde la mercantil De Goes Center, que fue empleada para la evasión de capitales, según la investigación.
En su declaración en calidad de imputado, Boixareu, consejero general de la multinacional Irestal Group, se ha ratificado en el testimonio que prestó ante la policía, coincidente con el relato del Duque de Palma en el juzgado de Instrucción 3 de Palma el pasado febrero.
Al término de la declaración, su abogado, Xavier Arraut, ha negado que Boixareu actúe como intermediario del yerno del Rey en las supuestas negociaciones que se llevan a cabo con el entorno de Diego Torres para pactar una posición conjunta ante la investigación judicial abierta por presunta malversación de caudales públicos. La cuestión también se planteó en el interrogatorio. A preguntas de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, el empresario ha afirmado que no ha actuado como intermediario en ningún intento de pacto y ha negado mantener relaciones de proximidad con la familia real y conocer al abogado de Torres, Manuel González Peeters. “Si se demostraran todas las imputaciones se sentiría un poco desanimado”, dijo el letrado de los sentimientos de su cliente.
En la ronda de declaraciones, también ha pasado ante el juez Castro, Manuel Ballcels, exdirector de Estrategia de la Generalitat con el tripartito. En su exposición, en calidad de testigo, tildó de “correcto y legal” el convenio suscrito entre el Ejecutivo catalán y el Instituto Nóos por valor de 34.000 euros para un proyecto de cooperación internacional en materia de salud. En estos momentos, prosiguen los interrogatorios de testigos del 'caso Nóos' en la Ciudad de la Justicia.
Otra versión
Una secretaria personal de Urdangarin ha declarado ante el juez que el duque siguió en el Instituto Nóos más allá de marzo del 2006, en contra de lo sostenido por el yerno del Rey, investigado por presunta malversación de fondos públicos.
María Angeles Almazán, que ha prestado declaración como testigo, entró en la fundación en el 2005 como telefonista y luego pasó a atender al yerno del Rey hasta diciembre del 2006, cuando causó baja por maternidad.
Según ha expuesto esta mañana al magistrado, Urdangarin siguió en el Instituto Nóos al menos hasta septiembre de ese año, lo que supone que no lo abandonó en marzo del 2006, cuando lo ordenó la Casa del Rey al conocerse las primeras críticas por los lucrativos negocios del marido de la infanta Cristina.
Su testimonio se suma al de otros trabajadores y proveedores que sitúan al duque dentro de Nóos en fechas posteriores a su teórico abandono.
Otro empleado y colaborador de Nóos que también ha prestado declaración como testigo, Xavier Agulló, ha descrito a Urdangarin y su socio Diego Torres, como sus “jefes”.
Últimas decisiones
En el reparto de tareas, Agulló ha situado al duque como responsable de las relaciones institucionales, trato con los clientes y cuestiones de índole técnica. Según ha explicado al juez, Diego Torres se encargaba más de las labores económicas y financieras de la fundación, le gustaba que todas las cuestiones pasaran por él y tomaba las últimas decisiones.
Otra de las cuestiones que ha ocupado la jornada matutina de la amplia ronda de declaraciones que se prolongará hasta el viernes ha sido el convenio suscrito entre la Generalitat y el Instituto Nóos por 34.000 euros para un proyecto de cooperación internacional en materia de salud desarrollado en la época de Marina Geli al frente del Departamento de Sanidad de la Generalitat.
Estanislao Alonso Mayo, que fue director de Inmigración y Cooperación de la Generalitat del 2004 al 2006, ha admitido ante el magistrado que “era normal” que se empezara a trabajar en el proyecto antes de tener firmado el convenio.
Un centenar de funcionarios de la administración de Justicia han aprovechado la expectación levantada entre los medios de comunicación por las declaraciones judiciales por el 'caso Urdangaín' para manifestarse contra los recortes gubernamentales en el acceso de la sala de vistas donde el juez José Castro interroga a testigos de la causa, al grito de "ellos roban, nosotros trabajamos" y "chorizo".
El empresario catalán Joaquim Boixareu ha confirmado esta tarde ante el juez José Castro que Iñaki Urdangarin le instó a crear la Fundación Deporte, Cultura e Integración Social (FCDIS) y le dio los 30.000 euros para su constitución. Según ha expuesto, el pago de esa cantidad, por la que llegó a emitir dos facturas, no obedecía a servicio alguno, ya que él ayudó a Urdangarin "sin ánimo de lucro". La ayuda consistió en facilitarle nombres y contactos para eventos de patrocinio. Según Boixareu, Urdangarin insistió en que cobrara por su colaboración y decidió pagarle 30.000 euros, siendo el propio empresario quien se hizo cargo del IRPF. Frente a los directivos de diversas empresas que han negado ante el juez haber tenido a Boixareu como mediador en sus relaciones con el Instituto Nóos, el propio empresario ha matizado que no realizó gestiones directas, sino que se limitó a sugerir nombres.
Boixareu ha declarado que fue Urdangarin quien le propuso aportar los 30.000 euros a la FCDIS, cuya constitución fue idea del duque de Palma y llegó a recuadar más de 400.000 euros. Boixareu aseguró que el yerno del Rey aparecía en el acta fundacional de esta entidad -la tercera sin ánimo de lucro que montó con su socio Diego Torres- y pasó a formar parte del Consejo Asesor, mientras que él mismo no tuvo ninguna vinculación más allá de participar en su nacimiento. Esta fundación adquirió más tarde la mercantil De Goes Center, que fue empleada para la evasión de capitales, según la investigación.
En su declaración en calidad de imputado, Boixareu, consejero general de la multinacional Irestal Group, se ha ratificado en el testimonio que prestó ante la policía, coincidente con el relato del Duque de Palma en el juzgado de Instrucción 3 de Palma el pasado febrero.
Al término de la declaración, su abogado, Xavier Arraut, ha negado que Boixareu actúe como intermediario del yerno del Rey en las supuestas negociaciones que se llevan a cabo con el entorno de Diego Torres para pactar una posición conjunta ante la investigación judicial abierta por presunta malversación de caudales públicos. La cuestión también se planteó en el interrogatorio. A preguntas de Manos Limpias, que ejerce la acusación popular, el empresario ha afirmado que no ha actuado como intermediario en ningún intento de pacto y ha negado mantener relaciones de proximidad con la familia real y conocer al abogado de Torres, Manuel González Peeters. “Si se demostraran todas las imputaciones se sentiría un poco desanimado”, dijo el letrado de los sentimientos de su cliente.
En la ronda de declaraciones, también ha pasado ante el juez Castro, Manuel Ballcels, exdirector de Estrategia de la Generalitat con el tripartito. En su exposición, en calidad de testigo, tildó de “correcto y legal” el convenio suscrito entre el Ejecutivo catalán y el Instituto Nóos por valor de 34.000 euros para un proyecto de cooperación internacional en materia de salud. En estos momentos, prosiguen los interrogatorios de testigos del 'caso Nóos' en la Ciudad de la Justicia.
Otra versión
Una secretaria personal de Urdangarin ha declarado ante el juez que el duque siguió en el Instituto Nóos más allá de marzo del 2006, en contra de lo sostenido por el yerno del Rey, investigado por presunta malversación de fondos públicos.
María Angeles Almazán, que ha prestado declaración como testigo, entró en la fundación en el 2005 como telefonista y luego pasó a atender al yerno del Rey hasta diciembre del 2006, cuando causó baja por maternidad.
Según ha expuesto esta mañana al magistrado, Urdangarin siguió en el Instituto Nóos al menos hasta septiembre de ese año, lo que supone que no lo abandonó en marzo del 2006, cuando lo ordenó la Casa del Rey al conocerse las primeras críticas por los lucrativos negocios del marido de la infanta Cristina.
Su testimonio se suma al de otros trabajadores y proveedores que sitúan al duque dentro de Nóos en fechas posteriores a su teórico abandono.
Otro empleado y colaborador de Nóos que también ha prestado declaración como testigo, Xavier Agulló, ha descrito a Urdangarin y su socio Diego Torres, como sus “jefes”.
Últimas decisiones
En el reparto de tareas, Agulló ha situado al duque como responsable de las relaciones institucionales, trato con los clientes y cuestiones de índole técnica. Según ha explicado al juez, Diego Torres se encargaba más de las labores económicas y financieras de la fundación, le gustaba que todas las cuestiones pasaran por él y tomaba las últimas decisiones.
Otra de las cuestiones que ha ocupado la jornada matutina de la amplia ronda de declaraciones que se prolongará hasta el viernes ha sido el convenio suscrito entre la Generalitat y el Instituto Nóos por 34.000 euros para un proyecto de cooperación internacional en materia de salud desarrollado en la época de Marina Geli al frente del Departamento de Sanidad de la Generalitat.
Estanislao Alonso Mayo, que fue director de Inmigración y Cooperación de la Generalitat del 2004 al 2006, ha admitido ante el magistrado que “era normal” que se empezara a trabajar en el proyecto antes de tener firmado el convenio.
Un centenar de funcionarios de la administración de Justicia han aprovechado la expectación levantada entre los medios de comunicación por las declaraciones judiciales por el 'caso Urdangaín' para manifestarse contra los recortes gubernamentales en el acceso de la sala de vistas donde el juez José Castro interroga a testigos de la causa, al grito de "ellos roban, nosotros trabajamos" y "chorizo".