JOSÉ MARÍA Vergeles (médico. Secretario de Sanidad del PSOE) 03/07/2012
Desde que en el año 1986 se publicara la Ley General de Sanidad hemos conocido un Sistema Nacional de Salud (SNS) financiado con los impuestos. Eso era lo que le daba los valores de universal, gratuito, público y de justicia social. Un SNS donde cada uno aportábamos en función de nuestra renta y lo utilizábamos en base a nuestras necesidades de salud.
Pues bien, este concepto de SNS toca a su fin, el Gobierno del PP ha decidido acabar con él. La primera de las agresiones a ese SNS es el copago farmacéutico, ya en marcha. Un copago farmacéutico que es una de las formas más injustas socialmente de todos los tipos de copago sanitario.
Es injusto socialmente porque no es progresivo. Así, si un medicamento vale 100, una persona con unos ingresos superiores a 100.000 euros/año pagará 6 y alguien que tenga unos ingresos inferiores a 18.000 euros/año pagará 1. Juzgue el lector la progresividad de la medida en función a la renta y verá que es injusta en si misma.
Pero además esta forma de copago supone un verdadero impuesto a la enfermedad, donde los principales perjudicados son los pensionistas, las personas con enfermedades crónicas y las personas con enfermedades raras. Estas personas tendrán que pagar más y su enfermedad, no solo les afectará a su estado físico, psíquico y social, sino que ahora también verán mermada su economía.
Pero este es el primero de un listado de copagos que se pondrán en marcha en los próximos meses, el medicamentazo en agosto, el copago en productos dietoterápicos, es decir en los batidos que son necesarios para que algunas personas se alimenten, y el copago en el transporte sanitario, en las ambulancias para consultas o tratamientos.
Es, en definitiva, un autentico cambio de modelo del SNS, que no es necesario ya que los datos económicos del SNS los muestran como el Sistema de Salud de los más sostenibles de toda Europa y de todo el mundo. Es un cambio de modelo ideológico, con un auténtico laberinto de aportaciones por parte de los ciudadanos. Aportaciones que van desde el 60% al 10% que tendrán que pagar la mayoría de nuestros pensionistas. No podemos aceptar que desde el Gobierno de Monago se nos diga que de esta forma 50.000 ciudadanos de más de un millón de extremeños no tendrán que pagar sus medicamentos. Esto es acudir al engaño y a la demagogia.
Por si fuese poco, lo que realmente está implantando este decretazo es la financiación por parte de los pensionistas de nuestro SNS. Si la persona es pensionista, solo pagará un 60% del medicamento aquellos que tengan unos ingresos mayores a 100.000 euros. Por debajo de estos ingresos, sean cuales sean, cualquier pensionista que vaya a la farmacia a por medicamentos pagará un 10% por todos y cada uno de los medicamentos que le dispense el farmacéutico. La segunda conclusión, los pensionistas que no pagaban medicamentos, ahora tendrán que pagar el 10%. Y eso se hace en la época de la vida en la que se tienen más posibilidades de estar enfermo.
Ante esta injusticia social, y este verdadero impuesto a la enfermedad, los socialistas vamos a estar al lado de los que más lo necesiten. Proporcionaremos información, e incluso ayudaremos a estar vigilantes para que las devoluciones se hagan como se debe. Extremadura tiene tecnología suficiente como para que no se produzcan esos adelantos de dinero, y el Gobierno de Monago no ha querido utilizarlos. Ha preferido utilizar a las farmacias como oficinas recaudadoras, en lugar de potenciar su papel de consejero y de atención farmacéutica, y a los médicos obligándoles a que en el papel oficial de la receta consignen un código de copago. Código que cuándo un médico vaya a hacer atención al domicilio de los pacientes no puede conocer, ni saber.
Extremadura fue de las primeras comunidades autónomas que contó con el sistema de receta electrónica en todo el territorio, y de las pocas que implantó la tarjeta sanitaria con chip, esa es la verdadera herencia, que no se ha querido utilizar.
Hay comunidades autónomas como el País Vasco que han decidido sacar una norma que hace que sus ciudadanos no tengan que co-pagar los medicamentos, u otras como Andalucía y Galicia que cuando los pensionistas lleguen al tope de 8 ó 18 euros al mes, al farmacéutico le sale una alerta en el sistema informático y no tienen que adelantar dinero.
Extremadura cuenta con tecnología y medios para hacer lo mismo que Andalucía o Galicia y el Gobierno de Monago ha decidido no hacerlo y aumentar así la injusticia social que supone este copago sanitario.
Desde que en el año 1986 se publicara la Ley General de Sanidad hemos conocido un Sistema Nacional de Salud (SNS) financiado con los impuestos. Eso era lo que le daba los valores de universal, gratuito, público y de justicia social. Un SNS donde cada uno aportábamos en función de nuestra renta y lo utilizábamos en base a nuestras necesidades de salud.
Pues bien, este concepto de SNS toca a su fin, el Gobierno del PP ha decidido acabar con él. La primera de las agresiones a ese SNS es el copago farmacéutico, ya en marcha. Un copago farmacéutico que es una de las formas más injustas socialmente de todos los tipos de copago sanitario.
Es injusto socialmente porque no es progresivo. Así, si un medicamento vale 100, una persona con unos ingresos superiores a 100.000 euros/año pagará 6 y alguien que tenga unos ingresos inferiores a 18.000 euros/año pagará 1. Juzgue el lector la progresividad de la medida en función a la renta y verá que es injusta en si misma.
Pero además esta forma de copago supone un verdadero impuesto a la enfermedad, donde los principales perjudicados son los pensionistas, las personas con enfermedades crónicas y las personas con enfermedades raras. Estas personas tendrán que pagar más y su enfermedad, no solo les afectará a su estado físico, psíquico y social, sino que ahora también verán mermada su economía.
Pero este es el primero de un listado de copagos que se pondrán en marcha en los próximos meses, el medicamentazo en agosto, el copago en productos dietoterápicos, es decir en los batidos que son necesarios para que algunas personas se alimenten, y el copago en el transporte sanitario, en las ambulancias para consultas o tratamientos.
Es, en definitiva, un autentico cambio de modelo del SNS, que no es necesario ya que los datos económicos del SNS los muestran como el Sistema de Salud de los más sostenibles de toda Europa y de todo el mundo. Es un cambio de modelo ideológico, con un auténtico laberinto de aportaciones por parte de los ciudadanos. Aportaciones que van desde el 60% al 10% que tendrán que pagar la mayoría de nuestros pensionistas. No podemos aceptar que desde el Gobierno de Monago se nos diga que de esta forma 50.000 ciudadanos de más de un millón de extremeños no tendrán que pagar sus medicamentos. Esto es acudir al engaño y a la demagogia.
Por si fuese poco, lo que realmente está implantando este decretazo es la financiación por parte de los pensionistas de nuestro SNS. Si la persona es pensionista, solo pagará un 60% del medicamento aquellos que tengan unos ingresos mayores a 100.000 euros. Por debajo de estos ingresos, sean cuales sean, cualquier pensionista que vaya a la farmacia a por medicamentos pagará un 10% por todos y cada uno de los medicamentos que le dispense el farmacéutico. La segunda conclusión, los pensionistas que no pagaban medicamentos, ahora tendrán que pagar el 10%. Y eso se hace en la época de la vida en la que se tienen más posibilidades de estar enfermo.
Ante esta injusticia social, y este verdadero impuesto a la enfermedad, los socialistas vamos a estar al lado de los que más lo necesiten. Proporcionaremos información, e incluso ayudaremos a estar vigilantes para que las devoluciones se hagan como se debe. Extremadura tiene tecnología suficiente como para que no se produzcan esos adelantos de dinero, y el Gobierno de Monago no ha querido utilizarlos. Ha preferido utilizar a las farmacias como oficinas recaudadoras, en lugar de potenciar su papel de consejero y de atención farmacéutica, y a los médicos obligándoles a que en el papel oficial de la receta consignen un código de copago. Código que cuándo un médico vaya a hacer atención al domicilio de los pacientes no puede conocer, ni saber.
Extremadura fue de las primeras comunidades autónomas que contó con el sistema de receta electrónica en todo el territorio, y de las pocas que implantó la tarjeta sanitaria con chip, esa es la verdadera herencia, que no se ha querido utilizar.
Hay comunidades autónomas como el País Vasco que han decidido sacar una norma que hace que sus ciudadanos no tengan que co-pagar los medicamentos, u otras como Andalucía y Galicia que cuando los pensionistas lleguen al tope de 8 ó 18 euros al mes, al farmacéutico le sale una alerta en el sistema informático y no tienen que adelantar dinero.
Extremadura cuenta con tecnología y medios para hacer lo mismo que Andalucía o Galicia y el Gobierno de Monago ha decidido no hacerlo y aumentar así la injusticia social que supone este copago sanitario.