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Extremadura, Andalucía y País Vasco calientan motores (1ª parte)
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A. FERNANDEZ 08/07/2012
Cambio. Seguramente es la palabra que más ha repetido José Antonio Monago a lo largo del último año, el que lleva como presidente de la Junta de Extremadura. La pronunció 17 veces en su discurso de investidura y en 13 ocasiones el pasado 26 de junio, en su primer Debate sobre el Estado de la Región al frente del Ejecutivo autonómico. El cambio. Ese mantra, llamado a guiar su gestión política, se ha encontrado sin embargo con un infranqueable obstáculo a la hora de llevar el lenguaje y las ideas a los hechos: la crisis.
El recrudecimiento de la situación económica ha condicionado, eclipsado e incluso frenado el giro que el nuevo gobierno de la región, liderado por primera vez en la historia de la España de las autonomías por el Partido Popular, pretendía dar a esta tierra. Se han dado pasos para cambiar el rumbo, especialmente a nivel administrativo. Tanto en el fondo como en la forma. Sin embargo, una y otra vez, se ha chocado con la crisis. De hecho, si hay dos asignaturas que Monago tiene pendientes, por ser en las que más urgía un cambio, esas son la economía y empleo. Ambas han empeorado bajo su mandato, aunque también es cierto que la tendencia negativa de ambas es parte de la herencia del pasado y se ha visto agudizada por el contexto nacional e internacional.
Desde su primer día como presidente autonómico, Monago adoptó medidas encaminadas a la que llama la "transformación de Extremadura". Redujo de 11 a siete el número de consejerías, adelgazó la estructura administrativa y rebajó el volumen de personal de libre designación en la administración regional. También auditó y estrechó el control sobre las entidades públicas, hasta el punto de que hoy hay gestores de organismos vinculados o participados por la Junta que reconocen una supervisión minimalista de sus cuentas económicas. Y guiado por el principio de austeridad, el nuevo Ejecutivo ha suprimido complementos salariales a altos cargos y ha reducido el gasto en apartados como protocolo, publicidad, propaganda, representación, dietas de viajes, gastos jurídicos externos, publicaciones y suscripciones periódicas.
Muestra de esa austeridad han sido también los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012. Dotados con 4.914 millones de euros (un 5,34% menos que el año pasado), fueron aprobados en enero tras un ardua negociación con Izquierda Unida. Tanto la coalición como el PSOE presentaron enmiendas a la totalidad, e IU solo retiró la suya a última hora tras comprometerse el Ejecutivo a incorporar nuevas partidas de gasto social y educativo si se lograban nuevos ingresos.
El ajuste presupuestario, extendido a la práctica totalidad de las cuentas y de sus partidas, han tenido un efecto incendiario en determinados ámbitos de la sociedad. Las protestas y la movilización social han marcado este primer año de legislatura. Desde el ámbito educativo al agrario, pasando por el sanitario e incluso los funcionarios, las quejas por las medidas de austeridad y los recortes de la Junta han llegado a la calle. Y lo han hecho con un grado de seguimiento y apoyo que no se había visto en toda la legislatura anterior, en la que ya el socialista Guillermo Fernández Vara aplicó la tijera en las cuentas autonómicas. Por tanto, la creciente contestación social es otro cambio.
Ese malestar se ha agudizado en los últimos meses, con las medidas anunciadas para cumplir con las nuevas exigencias de déficit impuestas o bendecidas por Madrid (léase Bruselas). En este año de legislatura, quince municipios se han quedado sin servicios de urgencias, los centros de salud y consultorios han dejado de prestar consulta por las tardes, se han congelado las oposiciones de profesores, se ha aprobado la ampliación del ratio máximo de alumnos por aula y se han subido impuestos (IRPF, céntimo sanitario). De modo que la austeridad y el descenso de ingresos en las arcas públicas ha terminado afectando a la prestación de servicios e incluso a empresas privadas: el cierre de centros de día o la asfixia de algunas productoras de televisión son ejemplo del impacto que la política de la Junta está teniendo en determinados ámbitos.
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Extremadura, Andalucía y País Vasco calientan motores (1ª parte)
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A. FERNANDEZ 08/07/2012
Cambio. Seguramente es la palabra que más ha repetido José Antonio Monago a lo largo del último año, el que lleva como presidente de la Junta de Extremadura. La pronunció 17 veces en su discurso de investidura y en 13 ocasiones el pasado 26 de junio, en su primer Debate sobre el Estado de la Región al frente del Ejecutivo autonómico. El cambio. Ese mantra, llamado a guiar su gestión política, se ha encontrado sin embargo con un infranqueable obstáculo a la hora de llevar el lenguaje y las ideas a los hechos: la crisis.
El recrudecimiento de la situación económica ha condicionado, eclipsado e incluso frenado el giro que el nuevo gobierno de la región, liderado por primera vez en la historia de la España de las autonomías por el Partido Popular, pretendía dar a esta tierra. Se han dado pasos para cambiar el rumbo, especialmente a nivel administrativo. Tanto en el fondo como en la forma. Sin embargo, una y otra vez, se ha chocado con la crisis. De hecho, si hay dos asignaturas que Monago tiene pendientes, por ser en las que más urgía un cambio, esas son la economía y empleo. Ambas han empeorado bajo su mandato, aunque también es cierto que la tendencia negativa de ambas es parte de la herencia del pasado y se ha visto agudizada por el contexto nacional e internacional.
Desde su primer día como presidente autonómico, Monago adoptó medidas encaminadas a la que llama la "transformación de Extremadura". Redujo de 11 a siete el número de consejerías, adelgazó la estructura administrativa y rebajó el volumen de personal de libre designación en la administración regional. También auditó y estrechó el control sobre las entidades públicas, hasta el punto de que hoy hay gestores de organismos vinculados o participados por la Junta que reconocen una supervisión minimalista de sus cuentas económicas. Y guiado por el principio de austeridad, el nuevo Ejecutivo ha suprimido complementos salariales a altos cargos y ha reducido el gasto en apartados como protocolo, publicidad, propaganda, representación, dietas de viajes, gastos jurídicos externos, publicaciones y suscripciones periódicas.
Muestra de esa austeridad han sido también los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2012. Dotados con 4.914 millones de euros (un 5,34% menos que el año pasado), fueron aprobados en enero tras un ardua negociación con Izquierda Unida. Tanto la coalición como el PSOE presentaron enmiendas a la totalidad, e IU solo retiró la suya a última hora tras comprometerse el Ejecutivo a incorporar nuevas partidas de gasto social y educativo si se lograban nuevos ingresos.
El ajuste presupuestario, extendido a la práctica totalidad de las cuentas y de sus partidas, han tenido un efecto incendiario en determinados ámbitos de la sociedad. Las protestas y la movilización social han marcado este primer año de legislatura. Desde el ámbito educativo al agrario, pasando por el sanitario e incluso los funcionarios, las quejas por las medidas de austeridad y los recortes de la Junta han llegado a la calle. Y lo han hecho con un grado de seguimiento y apoyo que no se había visto en toda la legislatura anterior, en la que ya el socialista Guillermo Fernández Vara aplicó la tijera en las cuentas autonómicas. Por tanto, la creciente contestación social es otro cambio.
Ese malestar se ha agudizado en los últimos meses, con las medidas anunciadas para cumplir con las nuevas exigencias de déficit impuestas o bendecidas por Madrid (léase Bruselas). En este año de legislatura, quince municipios se han quedado sin servicios de urgencias, los centros de salud y consultorios han dejado de prestar consulta por las tardes, se han congelado las oposiciones de profesores, se ha aprobado la ampliación del ratio máximo de alumnos por aula y se han subido impuestos (IRPF, céntimo sanitario). De modo que la austeridad y el descenso de ingresos en las arcas públicas ha terminado afectando a la prestación de servicios e incluso a empresas privadas: el cierre de centros de día o la asfixia de algunas productoras de televisión son ejemplo del impacto que la política de la Junta está teniendo en determinados ámbitos.
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