13/07/2012
Probablemente, la subida de los tipos del IVA es la medida del paquete anunciado por el presidente del Gobierno el pasado miércoles en la que él mismo tiene menos fe. El desapego de Mariano Rajoy frente a sus propias decisiones, como admitió en el Congreso, tiene que ver con que se las han impuesto Bruselas y con que su Gobierno no tiene libertad para buscar alternativas.
Es cierto que España está por debajo de muchos otros países en este impuesto (a partir de la entrada en vigor de los nuevos tipos, solo está por debajo de Grecia, Portugal e Irlanda, los países intervenidos, con un 23% en el tramo general), y es lógico que los del norte de Europa, que son contribuyentes netos a las cuentas de la Unión, traten de obligar a los del sur a subir sus impuestos si quieren obtener ayudas. De lo contrario, serían países subsidiados, en los que su población se esforzaría menos que la alemana o la finlandesa. Es un discurso insolidario que en España nos resulta familiar cuando los partidos nacionalistas echan leña a la disputa entre las regiones; pero es eminentemente político, no económico.
Todo el mundo sabe que con la economía deprimida y el gasto de las familias por los suelos subir el impuesto que grava precisamente todo el consumo es contraproducente, pero el Gobierno ha terminado acatando porque es una de las condiciones impuestas desde Bruselas para apoyar a la banca española con problemas. Todos los sectores productivos y comerciales del país se han llevado las manos a la cabeza al conocer la noticia --ayer los comerciantes extremeños se comprometieron a no repercutir la subida del IVA a los clientes--, que además genera no poca incertidumbre porque su implementación práctica --la fecha de la entrada en vigor se desconoce-- no es nada sencilla, precisa de reetiquetado y de adaptación de los programas informáticos de facturación. Y eso para casi toda la actividad económica y para ponerse en marcha el mismo día. La experiencia demuestra, además, que el objetivo que se persigue no está asegurado, precisamente porque la subida inhibe más el consumo y anula sus repercusiones a efectos recaudatorios. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya pudo comprobarlo cuando hace dos años aprobó la anterior subida.
Sería precipitado tener en cuenta la desalentadora reacción de ayer de la bolsa y los mercados, que no fue buena, para evaluar las medidas de Rajoy; se necesita más tiempo. Mientras tanto, ojalá que Bruselas, Berlín y Fráncfort hayan tomado nota de la disciplina y celeridad con que Madrid acata sus instrucciones, y el BCE intervenga en los mercados comprando deuda y aleje a los especuladores de los bonos, que es la espada de Damocles que pende sobre la economía nacional.
Probablemente, la subida de los tipos del IVA es la medida del paquete anunciado por el presidente del Gobierno el pasado miércoles en la que él mismo tiene menos fe. El desapego de Mariano Rajoy frente a sus propias decisiones, como admitió en el Congreso, tiene que ver con que se las han impuesto Bruselas y con que su Gobierno no tiene libertad para buscar alternativas.
Es cierto que España está por debajo de muchos otros países en este impuesto (a partir de la entrada en vigor de los nuevos tipos, solo está por debajo de Grecia, Portugal e Irlanda, los países intervenidos, con un 23% en el tramo general), y es lógico que los del norte de Europa, que son contribuyentes netos a las cuentas de la Unión, traten de obligar a los del sur a subir sus impuestos si quieren obtener ayudas. De lo contrario, serían países subsidiados, en los que su población se esforzaría menos que la alemana o la finlandesa. Es un discurso insolidario que en España nos resulta familiar cuando los partidos nacionalistas echan leña a la disputa entre las regiones; pero es eminentemente político, no económico.
Todo el mundo sabe que con la economía deprimida y el gasto de las familias por los suelos subir el impuesto que grava precisamente todo el consumo es contraproducente, pero el Gobierno ha terminado acatando porque es una de las condiciones impuestas desde Bruselas para apoyar a la banca española con problemas. Todos los sectores productivos y comerciales del país se han llevado las manos a la cabeza al conocer la noticia --ayer los comerciantes extremeños se comprometieron a no repercutir la subida del IVA a los clientes--, que además genera no poca incertidumbre porque su implementación práctica --la fecha de la entrada en vigor se desconoce-- no es nada sencilla, precisa de reetiquetado y de adaptación de los programas informáticos de facturación. Y eso para casi toda la actividad económica y para ponerse en marcha el mismo día. La experiencia demuestra, además, que el objetivo que se persigue no está asegurado, precisamente porque la subida inhibe más el consumo y anula sus repercusiones a efectos recaudatorios. El Gobierno de Rodríguez Zapatero ya pudo comprobarlo cuando hace dos años aprobó la anterior subida.
Sería precipitado tener en cuenta la desalentadora reacción de ayer de la bolsa y los mercados, que no fue buena, para evaluar las medidas de Rajoy; se necesita más tiempo. Mientras tanto, ojalá que Bruselas, Berlín y Fráncfort hayan tomado nota de la disciplina y celeridad con que Madrid acata sus instrucciones, y el BCE intervenga en los mercados comprando deuda y aleje a los especuladores de los bonos, que es la espada de Damocles que pende sobre la economía nacional.