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La mancha de la sospecha de corrupción vertida sobre el PP por el caso Gürtel se extiende. Tras la imputación por un delito de cohecho impropio del presidente de la comunidad autónoma, Francisco Camps, y de su mano derecha, Ricardo Costa, así como de otros dos altos cargos de la Administración valenciana, ha sido ahora la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, la que se ha visto envuelta en la trama corrupta. La noticia de la posible relación de Barberá con el caso Gürtel provocó ayer una oleada de indignación en las filas del PP, que salió en bloque a defender a la alcaldesa con palabras y un durísimo comunicado de denuncia.
En el origen de este nuevo escándalo está, una vez más, una conversación telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero y de cuya existencia dio ayer noticia el diario El País. En ella, Alvaro Pérez, alias el Bigotes, responsable de la empresa Orange Market y presunto cabecilla de la trama corrupta, asegura que durante años ha estado haciendo regalos a Rita Barberá. De hecho, en el momento de la conversación, el Bigotes dice estar en una tienda de Louis Vuitton "comprándole un bolso a la alcaldesa". En otro momento, refiriéndose a Barberá, Pérez afirma: "No nos da nada, pero tampoco nos hace nada".
QUERELLA Cuando apareció la primera información sobre este caso, el jefe de prensa de la alcaldesa de Valencia se aprestó a responder que esta "jamás en su vida ha recibido ningún regalo del Bigotes ". Ayer, Barberá hizo saber a través de un portavoz que "solo hablará de este asunto ante la justicia" y que "se querellará contra todos los que su abogado crea oportuno".
Durante todo el proceso, la alcaldesa se ha distinguido siempre por su cerrada defensa del presidente autonómico, al que incluso acompañó personalmente el día en que este tuvo que declarar ante el juez. En aquella ocasión, Barberá lucía un llamativo bolso de Louis Vuitton de color rojo. En otro momento, la regidora sugirió que habría que modificar el artículo del Código Penal referente al delito de cohecho impropio (en el que incurre el alto cargo que acepta dádivas, aunque no exista contraprestación por su parte) y comparó los trajes con que la trama corrupta supuestamente obsequió a Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, regala a José Luis Rodríguez Zapatero.
La publicación de la conversación del Bigotes, que no forma parte del sumario judicial, soliviantó a los dirigentes conservadores. En un comunicado de dureza inusitada difundido ayer por la oficina de información del Partido Popular, este calificó la filtración de "gravísima conculcación" y acusó directamente, además, al Ministerio del Interior de estar detrás de "tan flagrante vulneración de los derechos fundamentales".
"ESTADO POLICIAL" En su nota, el PP denunció el uso "ilegítimo" de charlas telefónicas que no constan en las actuaciones sumariales "para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas" y, tras recordar que estas actuaciones pueden constituir un delito grave, añadió: "La actitud del Gobierno y de otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General, con su connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial".
En consonancia con su denuncia, los conservadores exigieron la comparecencia "conjunta y urgente" de los ministros de Interior y de Justicia.
En el origen de este nuevo escándalo está, una vez más, una conversación telefónica interceptada por la policía el pasado 2 de enero y de cuya existencia dio ayer noticia el diario El País. En ella, Alvaro Pérez, alias el Bigotes, responsable de la empresa Orange Market y presunto cabecilla de la trama corrupta, asegura que durante años ha estado haciendo regalos a Rita Barberá. De hecho, en el momento de la conversación, el Bigotes dice estar en una tienda de Louis Vuitton "comprándole un bolso a la alcaldesa". En otro momento, refiriéndose a Barberá, Pérez afirma: "No nos da nada, pero tampoco nos hace nada".
QUERELLA Cuando apareció la primera información sobre este caso, el jefe de prensa de la alcaldesa de Valencia se aprestó a responder que esta "jamás en su vida ha recibido ningún regalo del Bigotes ". Ayer, Barberá hizo saber a través de un portavoz que "solo hablará de este asunto ante la justicia" y que "se querellará contra todos los que su abogado crea oportuno".
Durante todo el proceso, la alcaldesa se ha distinguido siempre por su cerrada defensa del presidente autonómico, al que incluso acompañó personalmente el día en que este tuvo que declarar ante el juez. En aquella ocasión, Barberá lucía un llamativo bolso de Louis Vuitton de color rojo. En otro momento, la regidora sugirió que habría que modificar el artículo del Código Penal referente al delito de cohecho impropio (en el que incurre el alto cargo que acepta dádivas, aunque no exista contraprestación por su parte) y comparó los trajes con que la trama corrupta supuestamente obsequió a Camps con las anchoas que el presidente de Cantabria, Miguel Angel Revilla, regala a José Luis Rodríguez Zapatero.
La publicación de la conversación del Bigotes, que no forma parte del sumario judicial, soliviantó a los dirigentes conservadores. En un comunicado de dureza inusitada difundido ayer por la oficina de información del Partido Popular, este calificó la filtración de "gravísima conculcación" y acusó directamente, además, al Ministerio del Interior de estar detrás de "tan flagrante vulneración de los derechos fundamentales".
"ESTADO POLICIAL" En su nota, el PP denunció el uso "ilegítimo" de charlas telefónicas que no constan en las actuaciones sumariales "para menoscabar el honor de las personas y hacerles daño personal y político con fines claramente partidistas" y, tras recordar que estas actuaciones pueden constituir un delito grave, añadió: "La actitud del Gobierno y de otras instituciones del Estado, como la Fiscalía General, con su connivencia y aprovechamiento político de estas conductas, nos devuelven a épocas pasadas con métodos propios de un Estado policial".
En consonancia con su denuncia, los conservadores exigieron la comparecencia "conjunta y urgente" de los ministros de Interior y de Justicia.