LE HACEN PAGAR SU ENRIQUECIMIENTO.
El PP intentó hacer creer el martes a sus bases y a la prensa que, por "lealtad" a la organización, el tesorero Luis Bárcenas abandonaba su cargo antes de que el Tribunal Supremo decidiera si le investigaba o se lavaba las manos en el caso de corrupción por el que estaba imputado. No coló: políticos y periodistas terminaron enterándose de que el gesto de Bárcenas tenía truco y respondía a que, en apenas unas horas, el Supremo reclamaría al Senado el suplicatorio para poder actuar contra él por vía penal. Esa hipótesis se hizo realidad en menos de 24 horas.
Ayer, el alto tribunal dictó un auto en el que solicitaba a las Cortes permiso para dirigir procedimiento penal contra el senador Bárcenas y el diputado Jesús Merino por supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal. Claramente, no considera convincentes las versiones de los afectados para justificar su abultado patrimonio. En cuanto se conoció esta decisión, Merino anunció que abandonaba su puesto como portavoz adjunto del Grupo Popular, aunque no su escaño.
TRAMITE EN LAS CORTES Ahora tendrá que ser el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, quien se encargue de elevar formalmente el suplicatorio al presidente del Senado, Javier Rojo, y al del Congreso, José Bono, para poder proceder "con todas las consecuencias legales" contra Merino y Bárcenas. Mientras, se suspenderán todas las actuaciones abiertas en torno a ambos. No obstante, las vacaciones harán que la tramitación se retrase hasta septiembre, cuando los suplicatorios serán calificados y remitidos a las comisiones pertinentes. Entonces, los dos parlamentarios tendrán que ser escuchados en el pleno antes de que sus compañeros aprueben o rechacen el permiso que pide el Supremo para investigarles. Todo indica que no se salvarán.
La decisión del juez Francisco Monterde llega avalada por la fiscalía, que cree oportuno acceder a los suplicatorios para, en el Supremo, poder, entre otras cosas, "oír la declaración de otros coimputados y solicitar las declaraciones de IRPF de ambos aforados entre el 2002 y el 2007".
Será en otoño, por tanto, cuando la policía judicial pueda investigar, sin trabas, a Bárcenas y Merino. Los tribunales sospechan que el primero se llevó más de un millón de euros de la trama Gürtel y, el segundo, alrededor de 230.000 euros.
El PP intentó hacer creer el martes a sus bases y a la prensa que, por "lealtad" a la organización, el tesorero Luis Bárcenas abandonaba su cargo antes de que el Tribunal Supremo decidiera si le investigaba o se lavaba las manos en el caso de corrupción por el que estaba imputado. No coló: políticos y periodistas terminaron enterándose de que el gesto de Bárcenas tenía truco y respondía a que, en apenas unas horas, el Supremo reclamaría al Senado el suplicatorio para poder actuar contra él por vía penal. Esa hipótesis se hizo realidad en menos de 24 horas.
Ayer, el alto tribunal dictó un auto en el que solicitaba a las Cortes permiso para dirigir procedimiento penal contra el senador Bárcenas y el diputado Jesús Merino por supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal. Claramente, no considera convincentes las versiones de los afectados para justificar su abultado patrimonio. En cuanto se conoció esta decisión, Merino anunció que abandonaba su puesto como portavoz adjunto del Grupo Popular, aunque no su escaño.
TRAMITE EN LAS CORTES Ahora tendrá que ser el presidente del alto tribunal, Carlos Dívar, quien se encargue de elevar formalmente el suplicatorio al presidente del Senado, Javier Rojo, y al del Congreso, José Bono, para poder proceder "con todas las consecuencias legales" contra Merino y Bárcenas. Mientras, se suspenderán todas las actuaciones abiertas en torno a ambos. No obstante, las vacaciones harán que la tramitación se retrase hasta septiembre, cuando los suplicatorios serán calificados y remitidos a las comisiones pertinentes. Entonces, los dos parlamentarios tendrán que ser escuchados en el pleno antes de que sus compañeros aprueben o rechacen el permiso que pide el Supremo para investigarles. Todo indica que no se salvarán.
La decisión del juez Francisco Monterde llega avalada por la fiscalía, que cree oportuno acceder a los suplicatorios para, en el Supremo, poder, entre otras cosas, "oír la declaración de otros coimputados y solicitar las declaraciones de IRPF de ambos aforados entre el 2002 y el 2007".
Será en otoño, por tanto, cuando la policía judicial pueda investigar, sin trabas, a Bárcenas y Merino. Los tribunales sospechan que el primero se llevó más de un millón de euros de la trama Gürtel y, el segundo, alrededor de 230.000 euros.