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EL PP INSISTE EN QUE LOS JUECES LES MALTRATAN.
Ni un día sin quejarse del trato discriminatorio que, en comisaria y en los juzgados, se da --supuestamente-- a los cargos populares cuando son sospechosos de haber cometido algún delito. Esa es la tarea que se han puesto los dirigentes del PP para este verano, tarea que ayer le tocó desempeñar a Cristóbal Montoro, responsable de economía del partido, quien reclamó que el peso de la justicia se aplique "por igual" a todos los políticos.
En declaraciones a la COPE, subrayó que los jueces deberían evitar "ciertos procedimientos" capaces de "socavar el honor de personas con responsabilidades públicas", ya que puede verse resentido, dijo, su entorno familiar y personal. Tan sorprendente petición la hizo el dirigente conservador cuando se le pidió un análisis de la puesta en libertad --bajo fianza-- de los cinco detenidos en la operación Espada, ligada a una presunta malversación de fondos públicos en la construcción del velódromo Palma Arena de la capital balear.
A las palabras de Montoro hay que agregar un comunicado que, anoche, envió el PP a las redacciones de medios de comunicación y en el que exige al ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que comparezcan en el Congreso "para dar cuenta de la constante utilización partidista y sectaria de los aparatos del poder público contra militantes y dirigentes del PP".
De hecho, el principal lamento del PP no se refiere tanto a las decisiones que van tomando los tribunales en torno a los casos de corrupción que les atañen, que ya son varios, sino al modo en que la policía les detiene y les retiene en las dependencias judiciales, por indicación de la Fiscalía Anticorrupción, según el análisis elaborado por el propio partido conservador.
En este contexto, los populares de Baleares han convocado hoy una reunión extraordinaria de su comité de dirección para estudiar lo que considera "doble rasero de la Fiscalía". A su juicio, existe toda una lista de casos investigados en Baleares (caso Ibiza Centre, caso Can Domenge, caso La Piñata y caso Son Oms) que fueron abordados de modo muy diferente al que afecta al velódromo, porque los políticos aludidos eran de otras formaciones distintas al PP, un partido que, según aseguran, es "espiado y perseguido" por el propio Gobierno.
Fermín Laina Centeno: Saludos desde Cáceres.
Ni un día sin quejarse del trato discriminatorio que, en comisaria y en los juzgados, se da --supuestamente-- a los cargos populares cuando son sospechosos de haber cometido algún delito. Esa es la tarea que se han puesto los dirigentes del PP para este verano, tarea que ayer le tocó desempeñar a Cristóbal Montoro, responsable de economía del partido, quien reclamó que el peso de la justicia se aplique "por igual" a todos los políticos.
En declaraciones a la COPE, subrayó que los jueces deberían evitar "ciertos procedimientos" capaces de "socavar el honor de personas con responsabilidades públicas", ya que puede verse resentido, dijo, su entorno familiar y personal. Tan sorprendente petición la hizo el dirigente conservador cuando se le pidió un análisis de la puesta en libertad --bajo fianza-- de los cinco detenidos en la operación Espada, ligada a una presunta malversación de fondos públicos en la construcción del velódromo Palma Arena de la capital balear.
A las palabras de Montoro hay que agregar un comunicado que, anoche, envió el PP a las redacciones de medios de comunicación y en el que exige al ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba y al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que comparezcan en el Congreso "para dar cuenta de la constante utilización partidista y sectaria de los aparatos del poder público contra militantes y dirigentes del PP".
De hecho, el principal lamento del PP no se refiere tanto a las decisiones que van tomando los tribunales en torno a los casos de corrupción que les atañen, que ya son varios, sino al modo en que la policía les detiene y les retiene en las dependencias judiciales, por indicación de la Fiscalía Anticorrupción, según el análisis elaborado por el propio partido conservador.
En este contexto, los populares de Baleares han convocado hoy una reunión extraordinaria de su comité de dirección para estudiar lo que considera "doble rasero de la Fiscalía". A su juicio, existe toda una lista de casos investigados en Baleares (caso Ibiza Centre, caso Can Domenge, caso La Piñata y caso Son Oms) que fueron abordados de modo muy diferente al que afecta al velódromo, porque los políticos aludidos eran de otras formaciones distintas al PP, un partido que, según aseguran, es "espiado y perseguido" por el propio Gobierno.
Fermín Laina Centeno: Saludos desde Cáceres.