Con toda seguridad, nueestros amigos de este foro habrán oido hablar de esa super gravedad que se pruduce en un agujero negro cósmico que se lo traga todo. Sin embargo hoy quiero hablarles de "otros" agujeros terrestres; pero que también se tragan mucho. ¿Qué tienen en común los gobiernos autonómicos de Madrid, Valencia y Castilla y León? Al menos cinco cosas: los tres están en manos del PP desde hace más de quince años, los tres eran hasta hace nada ejemplos de buena gestión de la derecha, los tres alimentaron la trama corrupta Gürtel, los tres mangonearon en las principales cajas de ahorro con las que se forjó Bankia –el mayor desastre financiero de la historia de España– y los tres han ocultado un importante agujero en sus cuentas públicas que no hemos conocido hasta hace apenas dos días; un viernes por la tarde, a última hora, a ver si así nos olvidábamos de la gravedad de lo que está pasando en estas tres plazas donde ya no vale la excusa de la “herencia recibida”. ¿Qué herencia? ¿La de Joan Lerma? ¿La de Joaquín Leguina?
Que el déficit español del año 2011 haya pasado de repente del 8,5% al 8,9% no solo son 4.000 millones más –que ya es dinero–, nos saldrá muchísimo más caro. Es un tremendo boquete en la imagen de España que ha aparecido en el peor momento posible, cuando el país se juega una intervención de la troika que supondría la ruina para toda una generación, para los próximos diez años. Se suponía que las cuentas del año pasado estaban ya cerradas; la mayor parte de las autonomías las dieron por buenas en febrero. Presentar en mayo esta nueva e inesperada desviación en el déficit es, en el mejor de los casos, una enorme chapuza que no se puede ventilar como un ejercicio de “transparencia”, como repiten los portavoces populares.
El mismo viernes por la mañana el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presumía desde Twitter de que su Gobierno estaba este trimestre “en déficit cero”. ¿Nadie le avisó del pufo que se iba a hacer público esa misma tarde? Peor aún es el papelón de su predecesor en el cargo, Antonio Beteta, hoy número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Beteta es, precisamente, el responsable de auditar las cuentas públicas de las autonomías. ¿Con qué autoridad podrá exigir al resto de las comunidades que sean rigurosas con el déficit? ¿Sigue siendo el hombre más adecuado para el puesto?
Pero si malo es el agujero, peores son las excusas. Dice Percival Manglano que esto ha pasado “por mantener los gastos sociales”. No solo es injusto cargar el problema (después vendrá el tijeretazo) en la educación o la sanidad. También es falso: el agujero en las cuentas públicas tiene en España mucho más que ver con el desplome en los ingresos, no con el aumento del gasto. Y es aún más falso en Madrid, una de las comunidades con menor porcentaje de gasto social per cápita y donde Esperanza Aguirre mantiene varios regalos fiscales tan caros como insolidarios. Madrid, por ejemplo, bonifica al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones y es la única autonomía donde la enseñanza privada desgrava en el IRPF: este “gasto social” suma 90 millones anuales.
También es Madrid, junto con Baleares, la única autonomía que aún se niega a recuperar el impuesto de Patrimonio, que aprobó a finales de septiembre Zapatero. Este impuesto solo lo pagan aquellas personas con más de 700.000 euros en patrimonio, descontando de esta cuenta la vivienda habitual: solo afecta al 0,3% de los españoles, los que cuentan con mayores recursos. Se calcula que en Madrid, este impuesto supondría 630 millones de euros anuales que Esperanza Aguirre prefiere no ingresar. Por comparar, la última subida del Metro recaudará solo 120 millones de euros anuales. En Madrid no hay dinero para el transporte público, pero sí lo hay para perdonar impuestos a los más ricos. Cuestión de prioridades.
Que el déficit español del año 2011 haya pasado de repente del 8,5% al 8,9% no solo son 4.000 millones más –que ya es dinero–, nos saldrá muchísimo más caro. Es un tremendo boquete en la imagen de España que ha aparecido en el peor momento posible, cuando el país se juega una intervención de la troika que supondría la ruina para toda una generación, para los próximos diez años. Se suponía que las cuentas del año pasado estaban ya cerradas; la mayor parte de las autonomías las dieron por buenas en febrero. Presentar en mayo esta nueva e inesperada desviación en el déficit es, en el mejor de los casos, una enorme chapuza que no se puede ventilar como un ejercicio de “transparencia”, como repiten los portavoces populares.
El mismo viernes por la mañana el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Percival Manglano, presumía desde Twitter de que su Gobierno estaba este trimestre “en déficit cero”. ¿Nadie le avisó del pufo que se iba a hacer público esa misma tarde? Peor aún es el papelón de su predecesor en el cargo, Antonio Beteta, hoy número dos de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Beteta es, precisamente, el responsable de auditar las cuentas públicas de las autonomías. ¿Con qué autoridad podrá exigir al resto de las comunidades que sean rigurosas con el déficit? ¿Sigue siendo el hombre más adecuado para el puesto?
Pero si malo es el agujero, peores son las excusas. Dice Percival Manglano que esto ha pasado “por mantener los gastos sociales”. No solo es injusto cargar el problema (después vendrá el tijeretazo) en la educación o la sanidad. También es falso: el agujero en las cuentas públicas tiene en España mucho más que ver con el desplome en los ingresos, no con el aumento del gasto. Y es aún más falso en Madrid, una de las comunidades con menor porcentaje de gasto social per cápita y donde Esperanza Aguirre mantiene varios regalos fiscales tan caros como insolidarios. Madrid, por ejemplo, bonifica al 99% el impuesto de Sucesiones y Donaciones y es la única autonomía donde la enseñanza privada desgrava en el IRPF: este “gasto social” suma 90 millones anuales.
También es Madrid, junto con Baleares, la única autonomía que aún se niega a recuperar el impuesto de Patrimonio, que aprobó a finales de septiembre Zapatero. Este impuesto solo lo pagan aquellas personas con más de 700.000 euros en patrimonio, descontando de esta cuenta la vivienda habitual: solo afecta al 0,3% de los españoles, los que cuentan con mayores recursos. Se calcula que en Madrid, este impuesto supondría 630 millones de euros anuales que Esperanza Aguirre prefiere no ingresar. Por comparar, la última subida del Metro recaudará solo 120 millones de euros anuales. En Madrid no hay dinero para el transporte público, pero sí lo hay para perdonar impuestos a los más ricos. Cuestión de prioridades.